La democracia desmembrada y el suicidio cultural
El Gobierno le respondió con una bofetada: “Nada de eso ocurre en la Argentina”, dijo el titular de la Afsca cuando le preguntaron sobre los excesos ya perpetrados por el poder.
Durante años caminaron juntos en la afirmación de una doctrina antigua y sólida. Esa que en los fallos de la Corte Suprema de Justicia sostuvo, en tantas ocasiones como fuese necesario, que entre las libertades que reconoce la Constitución Nacional, la de expresión es una de las que poseen mayor entidad, a tal extremo que sin ella sólo existiría una democracia desmembrada o puramente nominal.
Pero de cara a un desafío de otra magnitud, el de una ley que puso en controversia como ninguna otra desde 1983 a la fecha el compromiso con aquella afirmación, los dos actuaron distinto.
Carlos Fayt entendió que no era coherente con aquellos principios resignar el control de constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales aprobada en 2009 a instancias del Poder Ejecutivo Nacional.
Enrique Petracchi, en cambio, asumió el esfuerzo de fundamentar el voto favorable a las pretensiones del actual Gobierno.
Voto sobre el cual una ajustada mayoría de cuatro voluntades sobre siete dictó sentencia.
Si algo quedó en claro tras el veredicto de la Corte, es que fue una decisión mayoritaria y no de consenso la que intentó zanjar el conflicto más grave para el ejercicio de los derechos civiles que tenía en espera el despacho del mayor tribunal del país.
Aun las disidencias parciales, por la vía del rechazo a la arbitrariedad prevista para su aplicación, impugnaron el texto de la norma por estar reñido con el mandato de los constituyentes.
Fallo de época
Podrá sostenerse, y con razón, que de una ley a todas luces defectuosa y una controversia pública maltrecha, no podía surgir un fallo ejemplar y armónico. No es lo que hubiese esperado una democracia madura. Pero ha ocurrido así y el pronunciamiento en sí mismo es una expresión que condensa el clima de época, sus logros y sus miserias.
Si alguien presuponía que los avances del debate público no se reflejarían en el pensamiento de sus jueces más destacados, estaba equivocado. Pero también si barruntaba que los peores y para nada escasos retrocesos democráticos no emergerían del mismo modo a la superficie, en cada uno de los párrafos de un fallo trascendental.
Así entonces, esa sentencia tan esperada deberá ser leída en la clave de sus disidencias, de sus contradicciones agónicas, de sus vacilaciones teóricas y de sus errores fácticos, para entender cuánto expresa de las sombras persistentes del país real.
Es posible que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, haya querido ejercer algún magisterio republicano con las recomendaciones que incorporó sobre la ecuanimidad del gasto publicitario del Estado, la apertura y equilibrio de los medios públicos y la idoneidad técnica e independencia política de la autoridad de aplicación de la ley de medios. El Gobierno le respondió con una bofetada: “Nada de eso ocurre en la Argentina”, dijo el titular de la Afsca cuando le preguntaron sobre los excesos ya perpetrados por el poder.
Martín Sabbatella es el país real. No la proclama de Lorenzetti. Si el mismo juez hubiese reparado en el modo en que el poder desaira sus fallos, hubiese encontrado similar respuesta de cualquier jubilado de a pie. De esos mismos a los que la Corte dice haberles garantizado con sentencia firme el cobro de la movilidad previsional: “Nada de eso ocurre en la Argentina”.
La ácida intuición de estas realidades se alcanza a percibir en el voto de la jueza Carmen Argibay. Escéptica con las generosidades de la arbitrariedad estatal, Argibay alcanzó a preguntarse ya no por la adecuación del Grupo Clarín a las amputaciones ordenadas por una ley injusta, sino por la de sus públicos, directa y más ampliamente perjudicados. La misma prevención, aun más anclada en el realismo político, expresó el cordobés Juan Carlos Maqueda.
El voto de Raúl Zaffaroni merece ser leído con especial detenimiento. Trepado a la variación de Petracchi, aprovechó para explayarse sobre el sentido cultural de la ley analizada. En el vértigo de un discurso totalizante y temerario, llega a sostener que el camino contrario al elegido con la ley conduciría a un “suicidio cultural” (sic).
Su reivindicación extática del Estado como supremo organizador de la cultura, en su sentido más amplio, ha venido a ponerle el sello a la época de mejor manera que el mejor de los fárragos de Carta Abierta. Ese texto es en sí mismo –valga la paradoja– la muestra de una Argentina que insiste en los intentos de agredirse a sí misma y dañar al consenso democrático que confió, hace ya 30 años, en la libre y poderosa creatividad de su ciudadanía.
En el solitario voto de Fayt, resuena aquel consenso, desmembrado en la actualidad por quienes se beneficiaron de su amplitud generosa.
No se preguntó ese juez si el control de constitucionalidad de la Corte Suprema sería descortés con los otros dos poderes constituidos.
Se cuestionó, en cambio, si serviría para garantizarle al ciudadano, siempre débil frente al conjunto de los tres poderes del Estado, el umbral mínimo de la libertad.
