La Corte Suprema admitió el “per saltum” del Gobierno
El máximo tribunal aceptó los recursos que ayer mismo presentó del Ejecutivo, tras el fallo que declaró inconstitucional la elección de consejeros de la Magistratura.
Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó ayer tratar el per saltum presentado por el Gobierno nacional contra los fallos de la jueza María Servini de Cubría que declararon inconstitucional la nueva ley del Consejo de la Magistratura de la Nación. El máximo tribunal recalcó la "gravedad institucional" que significa la norma cuestionada.
La Corte dispuso abreviar los plazos para resolver el tema por “razones de urgencia” y le pidió a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que dictamine en 48 horas, por lo que entre lunes y martes de la semana que viene estaría en condiciones de resolver el fondo de la cuestión.
“El planteo constitucional ventilado en estas actuaciones concierne de modo directo e inmediato a la composición de una de las autoridades de la Nación creada por la Constitucional Nacional, que cuenta con atribuciones de alta significación en el estado constitucional”, sostuvo el máximo tribunal en un fallo firmado por seis de sus miembros, ya que no lo rubricó el juez Raúl Eugenio Zaffaroni.
Al aceptar el per saltum, la Corte dispuso el “efecto suspensivo” del fallo de Servini, por lo que recobra vigencia la ley del Consejo pero sólo “con respecto a las sentencias recurridas”, es decir los fallos de la magistrada, por lo que siguen en pie las medidas cautelares que frenaron la reforma.
El máximo tribunal explicó que el fallo de Servini de Cubría “trae como efecto la cancelación de un procedimiento electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos, circunstancia de gravedad institucional”.
“Sólo la decisión final por parte de esta Corte de las cuestiones constitucionales planteadas permitirá evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego en estas actuaciones”, agregaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.
En pocas horas. El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado ayer mismo el per saltum contra los fallos de la jueza Servini que aceptó las demandas de Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y de Carlos Traboulsi, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La magistrada declaró la inconstitucionalidad de la nueva integración de 19 miembros y la elección popular de los representantes de los abogados, jueces y académicos, al considerar que viola la Constitución Nacional y que genera una politización del organismo que debe elegir y controlar a los jueces.
