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La Corte avaló el reclamo de Caja Docente

El alto cuerpo promovió una ejecución contra la Provincia de Córdoba por $ 41 millone.  Es la deuda que reclama la Caja Complementaria Docente por aportes previsionales de docentes estatales. También hay decenas de demandas a colegios privados.

05 de septiembre de 2015 a las 12:01 a. m.
La Corte avaló el reclamo de Caja Docente
Única. Los docentes provinciales tributan a la Caja de Jubilaciones (Pedro Castillo/Archivo).

La Corte Suprema de Justicia avaló el planteo de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente y le pidió al Estado cordobés pagar la deuda que reclama esa entidad por aportes previsionales.

En su fallo, el máximo tri­bunal se declara competente 
en la causa y da curso a la ejecución promovida, por lo que 
le requiere a la Provincia abonar 34 millones de pesos más otros siete millones fijados de manera provisoria “para responder a intereses y costas de la ejecución”. En total, son 41 millones de pesos.

De todos modos, abre una puerta de oposición, ya que 
cita a la Provincia “para oponer ­excepciones”, con un plazo de 
34 días.

El caso llegó al alto cuerpo el año pasado, pero el reclamo tiene más tiempo y tomó fuerza en 2012, cuando la Caja Complementaria Docente llevó su planteo al terreno judicial.

Aportes

El núcleo es la deuda de los aportes previsionales de los educadores de escuelas estatales desde septiembre de 2002 a igual mes de 2007.

La Caja fue a la Justicia para evitar la prescripción de los ­certificados de deuda emitidos años atrás y, en rigor, el caso de Córdoba no es el único.

De hecho, la acción contra la Provincia se inscribe en una saga de presentaciones que involucra a otros distritos que 
no cumplieron con los aportes, después de que las escuelas fueran transferidas de la Nación 
a las jurisdicciones locales, 
en 1995.

La entidad está integrada por representantes del Minis­terio de Educación de la Nación y de los principales gremios ­docentes (Sadop, CTERA, UDA y Amet) y administra un 
plus jubilatorio que reciben los maestros nacionales, aunque 
la situación se empantanó después de la transferencia, en la década de 1990.

En ese momento, hubo una suerte de doble lectura, ya que mientras en Córdoba se interpretó que los docentes podían aportar a la Caja de manera “voluntaria”, para el organismo nacional las escuelas debían continuar reteniendo el 4,5 por ciento del sueldo de manera obligatoria.

Desde la Procuración del Tesoro de la Provincia, aseguraron ayer que no se trata de un fallo de la Corte Suprema, sino de una resolución, en la cual lo más importante es que el máximo tribunal se declaró “competente” en esta causa.

“Esta resolución no significa que la Provincia tenga que pagar ahora los 41 millones de pesos que se reclaman. La Corte nos otorga 30 días, más cuatro por la distancia, para que ejerzamos la defensa. Es lo que haremos, luego de conocer el tenor de la demanda”, explicó uno de los procuradores de la provincia.

Escuelas privadas

La situación se repite, casi idéntica, en los colegios privados. Es más, hay diferencias entre los gremios respecto a la vigencia de los aportes a esta caja previsional. Para la UEPC, los descuentos que se realizan sobre el salario de algunos docentes que ingresaron al sistema después de 1992, en concepto de retención por la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, no deberían realizarse, porque esa contribución quedó sin efecto.

Mientras tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) sostiene que la ley 22.804 (que creó la Caja Com­plementaria) continúa vigente. El sindicato asegura que la ­trasferencia de la Nación a la Provincia no cambió ese es­quema compensatorio.

En los colegios privados de Córdoba, la deuda suma unos 20 millones de pesos. Hay unos 80 juicios iniciados a instituciones católicas y laicas, en distintas instancias judiciales. Y hay 30 sentencias firmes, por cuatro millones de pesos.

El 21 por ciento de los co­legios privados de Córdoba afronta un juicio de este tipo. A algunos colegios se les reclaman aportes por más de 600 
mil pesos.

En su momento, el Consejo de Educación Católica mostró su preocupación por la posibilidad de que algunos de sus colegios se vean obligados a cerrar, acosados por los juicios.