La conciliación, ¿un recurso inocuo?

La conciliación obligatoria, una facultad de la autoridad laboral destinada a frenar un conflicto que no encuentra solución y forzar la negociación de las 
partes, parece haberse convertido en Córdoba en un recurso inocuo, a la luz de lo 
ocurrido en el último año.

Otra vez un gremio –en este caso, el de choferes interurbanos (Aoita)– ignoró la
semana pasada el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, para poner fin a un paro que dejó varados a miles de usuarios por más de 40 horas, con el agravante de que la provincia estaba en emergencia por los incendios.

Aunque esta vez la cartera laboral dictó la medida con rapidez, Aoita la desoyó y, al contrario de lo que fija la ley, la medida ni siquiera fue declarada ilegal y no hubo ninguna sanción para el sindicato que la desacató.

La ley provincial 7.565, que rige ese instituto, establece en qué casos debe aplicarse 
la conciliación y hasta las sanciones si no se acata la resolución de la cartera laboral. Las penas van desde la declaración de ilegalidad de las medidas de fuerza hasta multas para el gremio que las prolonguen. La falta de acatamiento de la conciliación obligatoria sin que nada suceda no es cosa nueva. En los primeros días de junio, el gremio de los choferes urbanos (UTA) hizo caso omiso de la medida ministerial. En esa oportunidad, se declaró la ilegalidad y hubo amenazas de sanciones que finalmente quedaron en la nada.

“Cuando se aplica bien, 
ha sido eficaz; en caso contrario, se desprestigia ese instituto y la autoridad laboral”, apunta Jorge Sappia, quien es el autor de 
la ley de conciliación, sancionada por la Legislatura en 1987.

¿Cuáles son las causas por las que algunos gremios desoyen olímpicamente la conciliación? Según los especialistas, las respuestas son varias. Por un lado, hay que ver si la aplicación es la correcta. Tanto la ley 
de conciliación nacional como la provincial 
establecen que su dictado está destinado a dirimir conflictos de interés o económicos. Por caso, el típico reclamo salarial o por la aplicación de un convenio. Sappia evaluó que en el paro de Aoita la conciliación no correspondía, ya que la huelga obedecía al rechazo del gremio al otorgamiento de corredores a una empresa y no hubo despidos. En el caso de UTA, en junio pasado, fue dictada de manera correcta, pero resultó inocua.

La clave parece estar en quien dicta la medida. Tanto el actual ministro de Trabajo como su antecesor son gremialistas, rol que tiene beneficios y contras. “Es muy difícil para un sindicalista sancionar a un colega”, señalan en el ámbito laboral. “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”, dice el refrán, que parece ajustarse a lo que pasa con la conciliación.