Municipalidad. La Justicia rechazó la reincorporación del empleado que amenazó a Passerini

La Justicia laboral rechazó el pedido de reincorporación a su antiguo puesto en la Municipalidad de Córdoba de Carlos Eduardo Fioramonti, el empleado que había sido condenado por amenazas contra el actual intendente Daniel Passerini, y avaló la legalidad de su exoneración.

Fioramonti había promovido una acción judicial para recuperar su puesto en la Dirección de Alumbrado Público y ser reconocido como delegado gremial del Suoem. En su planteo, sostuvo que la exoneración fue arbitraria, que constituyó una doble sanción por los mismos hechos y que violó la tutela sindical que, según afirmó, lo protegía como candidato y luego delegado.

El caso tiene como antecedente una condena penal dictada en diciembre de 2023, en la que Fioramonti fue considerado autor de amenazas calificadas contra Passerini —entonces viceintendente— y recibió una pena de dos años de prisión condicional. .

En el plano administrativo, el trabajador ya había sido sancionado en 2022 con una suspensión de 25 días. Sin embargo, tras la sentencia penal, el municipio resolvió agravar la sanción y dispuso su exoneración, amparado en el estatuto del empleado municipal que permite modificar la sanción ante una condena judicial.

El juez consideró válida esa decisión. En el fallo se subraya que las sanciones penales y administrativas son independientes y que la condena judicial habilitó a la Municipalidad a aplicar una medida más severa.

Dijo el juez: “La sanción disciplinaria y la sanción penal son autónomas entre sí (...). La sanción penal no excluye a la disciplinaria, ni ésta a la otra, pudiendo imponerse las dos (...) pues tutelan órdenes jurídicos diferentes y persiguen finalidades distintas”.

Uno de los puntos centrales del litigio fue la supuesta tutela sindical. Fioramonti se postuló como candidato a delegado en octubre de 2024 y resultó electo en diciembre de ese año. Sin embargo, el tribunal determinó que la exoneración ya había sido dictada y notificada en julio, por lo que al momento de la desvinculación no gozaba de protección gremial.

“El acto administrativo era eficaz desde su dictado y no se encontraba suspendido por la interposición de recursos”, señala la resolución. En esa línea, concluye que no era necesario que el municipio promoviera un procedimiento de exclusión de tutela sindical.

El fallo también descartó que se haya probado una persecución gremial. Según el análisis judicial, no se incorporaron elementos suficientes que acrediten que la desvinculación haya sido una represalia por su participación en reclamos laborales.

“En el procedimiento sancionatorio en contra del actor se garantizó su derecho de defensa y no se advierten vicios que acarreen la nulidad de los actos impugnados (...). Se trata pues en principio de actos regulares, válidos y eficaces; tampoco se encuentra acreditado que los mismos estuvieren viciados por desviación de poder o arbitrariedad”, dijo el juez.

Además, el juez rechazó el planteo de inconstitucionalidad contra el artículo del estatuto municipal que permite agravar sanciones tras una condena penal, al considerar que se trata de una facultad válida dentro del régimen disciplinario.

El caso se remite a una serie de amenazas que llegaron vía Whatsapp al teléfono de Daniel Passerini en 2020, cuando era viceintendente, en el marco del conflicto entre la gestión de Martín Llaryora y el Suoem. "Sabemos dónde vivís. Vos te quedás con lo mío, yo me quedo con la vida de tu hijo", fue uno de los mensajes.

Passerini llevó el caso a la Justicia y en 2023, en el marco de un juicio abreviado, Fioramonti fue condenado, mientras que su esposa, también empleada municipal, Marisa Quevedo, resultó absuelta.

Luego, Fioramonti inició el reclamo administrativo para ser reincorporado, planteo que fue rechazado por Justicia la Justicia laboral. Así, Passerini busca cerrar distintos frentes judiciales.