Entrevista. Julián López: Trabajamos para mitigar las consecuencias de las decisiones macro de Milei

El ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López, sostuvo que el aumento de las importaciones y la caída del consumo profundizaron la crisis laboral y llevaron a más de 6.000 trabajadores a situaciones de conflictividad.

En Voz y Voto, agregó que en los últimos dos años se perdieron más de 14.000 empleos formales y vinculó el crecimiento de la exclusión social con el avance de determinados delitos, especialmente el narcomenudeo.

—El Procedimiento Preventivo de Crisis es un indicador del empleo. ¿Cómo está en este momento: crece o baja?

—Viene en crecimiento. En 2025 se había estabilizado en alrededor de 3.200 trabajadores afectados. En los cinco meses de este año, creció un 80%, por lo que hoy hay más de 6.000 trabajadores que están en esta situación de conflictividad. Las empresas, hay que reconocerlo, hacen un gran esfuerzo y el Estado Provincial acompaña también para que no cierren y puedan administrar la crisis de la mejor manera, para que puedan sostener el empleo, algo imperioso hoy.

—¿Esas 6.000 personas están suspendidas y no cobran completo el sueldo? ¿Perciben entre el 50% y el 70 según el caso?

—Son distintas situaciones. Por un lado, las empresas también dejan de pagar algunas contribuciones y algunos impuestos. Pero por el otro reciben la posibilidad, en acuerdo con el gremio, de hacer suspensiones, quita de horas, y pagos parciales. Es una forma de no tener que despedir gente.

—Meses atrás, decía que lo que más impacta es la apertura de importaciones y la caída del poder adquisitivo. Hoy, ¿cómo está esa situación?

—Se repite y se agudiza. Cuando uno ve las desvinculaciones laborales que hay en el comercio, eso es claramente por la caída de la actividad económica, que está impactando fuertemente. Situación que se sigue dando en estos primeros meses de 2026. Y después en distintos rubros, como el de los neumáticos, la industria metalmecánica, salud y seguridad... Rubros en los que los procedimientos, e incluso las desvinculaciones laborales, afectan fuerte.

—El Gobierno nacional, en el caso de los neumáticos, habló de sectores que “cazaban en el zoológico”. ¿Comparte mucho, poco o nada la idea de que una parte de la industria nacional se tiene que reconvertir y está pagando los costos?

—Cualquier apertura de importación indiscriminada, como se ha hecho, tiene que venir acompañada de cambios en la matriz productiva. Si bien muchas veces la apertura de importaciones puede ayudar a mejorar la competitividad y la formación del precio que llega al consumidor, si no viene acompañada con cambios en la matriz productiva es difícil que haya posibilidades de competir. Hasta las economías más desarrolladas del mundo, incluida Estados Unidos, tienen aranceles o barreras contra productos importados de países que muchas veces hacen dumping. Es lo que venimos sosteniendo: se tiene que ir acompañado con un estudio serio y con una transformación. También hay que decir que no es un problema de puntual de empleo en Córdoba. Lo que las provincias hacemos es administrar las consecuencias de la toma de decisiones macroeconómicas del Estado nacional. Trabajar sobre cómo impactan esas medidas. Lo que tenemos que hacer es generar herramientas para mitigar las consecuencias en la sociedad, en las empresas y en los trabajadores. Lo hacemos promoviendo el empleo, la producción e incluso con alivio fiscal, como el que se ha hecho en el Presupuesto 2026, que tiene una resignación de recursos por parte de la Provincia de más de $ 900.000 millones por la baja de alícuotas de Ingresos Brutos, con generación de incentivos y la tasa cero a todo lo que sea la inversión en actividad industrial. Y con la proliferación de la inversión en los parques industriales.

— Los procedimientos preventivos son un período que se le da a una empresa para transitar una crisis. Y luego de ese periodo, la empresa tiene que seguir adelante o cesar en su actividad. ¿Qué es está pasando hoy?

—Hay empresas que logran recuperarse, y otras que están subsistiendo. Sobre esto, rescato dos cuestiones que muestran algo distinto en Córdoba. Por un lado, el esfuerzo que hace el empresariado por sostener el empleo, y por el otro, la colaboración del sector sindical, donde en mesas de negociación, muchas veces ante la Secretaría de Trabajo, administran el conflicto y sostienen el empleo y la inversión, entendiendo la dificultad que atraviesan las empresas. No serviría de nada si hay dos posiciones necias en una situación como la de hoy. Si se toman los últimos dos años, desde 2023 a 2025, hay una pérdida de unos 14.600 empleos según el registro del Sipa y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.

—Hablamos de formales, con cobertura médica y aporte jubilatorio.

—Exactamente. En muchos casos es pérdida de empleo altamente calificado con buen nivel de ingresos. En esto, la caída es directa. Gente que se transforma en cuentapropista, autónomo, monotributista, o lo que tiene que ver con las plataformas de distribución de comida, Uber y otras cuestiones que marcan que no es el mismo empleo que perdieron.

—¿No hay rotación entre empleos formales en el mercado? Una persona que pierde un trabajo industrial no recupera algo parecido y termina sobreviviendo.

—En solamente dos años se han cerrado más de 4.000 empresas. De un poco más de 52.000 pasamos a unas 48.500. Esta pérdida, que es algo que se repite en todo el país, en Córdoba marca las dificultades de la generación de empleo sobre determinadas áreas y relaciones laborales que no tienen que ver específicamente con una empresa. Es todo el sector.

—¿Esa comprensión en el arco gremial de la situación, o depende de lo ideológico?

—Hay de todo, no es uniforme, pero mayoritariamente el sector sindical acompaña la discusión y la entiende. Insisto con que las provincias lo que hacemos es administrar las consecuencias de las tomas de decisiones nacionales. Ellos manejan desde el valor del dólar, la apertura de importaciones, la macro vinculada a impuestos y hasta los aranceles. Hoy hay una pérdida del poder adquisitivo que se ve en todos los sectores. Esa pérdida impacta fuerte en el consumo, por eso la caída de la actividad y lo que le pega al comercio. Y ahí se genera una situación que ni las provincias ni los municipios por sí solos pueden resolver. ¿Qué podemos hacer? Defender el empleo, la producción y la inversión privada. Hace pocos días acompañé al gobernador en una actividad por el 1° de Mayo en Río Cuarto. Allí, estuvimos con muchos gremios de la ciudad y luego fuimos a visitar, con gente de UOCRA, la obra pública civil más grande de Argentina: la circunvalación de la ciudad. Ese feriado había muchísimos trabajadores, equipos nuevos, camiones nuevos, grúas nuevas. Ahí te das cuenta cómo la obra pública impacta en el empleo, no solo de manera directa, con casi 1.000 puestos de trabajo de distintas empresas, sino también por todo lo que vuelca hacia afuera. Esa inversión se traslada al sector privado.

—Usted tiene a cargo Trabajo y también Justicia. El deterioro social por la pérdida de ingresos, genera problemáticas grandes en las familias. ¿Se ve algún correlato a nivel de delitos?

—Sí, por supuesto. Siempre somos muy claros en no vincular la pobreza con el delito, porque no es así. Lo que decimos es que cuando hay crecimiento de la exclusión y marginalidad, muchas veces impacta en la inseguridad y el delito. El gobernador ha tomado la decisión firme de acrecentar la lucha contra la droga y por eso se han duplicado las fiscalías de lucha contra el narcotráfico, y se ha incorporado y crecido la planta de agentes de la FPA en un 60%. Estamos dando un combate muy fuerte para que quienes quedan excluidos no se vuelquen, para su subsistencia, al delito. Pero es cierto también que, cuando hay crisis, se da un crecimiento de determinados delitos, sobre todo contra la propiedad y el narcomenudeo. Por eso en Córdoba hay un aumento exponencial de la cantidad de alojados en el Servicio Penitenciario.

—¿Puede dar una cifra de los detenidos asociados a eso?

—Hay más de 2.600 por narcomenudeo. Hay una decisión firme para combatirlos. Debemos ser la provincia que mayor cantidad de detenidos en todo el territorio argentino en la lucha contra la narcocriminalidad de baja escala.

—¿Sobre cuántos detenidos?

—Sobre una población carcelaria de más de 17.000 internos.