Jueza negó cautelar a Camioneros y Ossurrbac seguirá funcionando

La obra social Ossurrbac, de recolectores de residuos de Córdoba (Surrbac), quedó a salvo de la embestida judicial en su contra que inició el Sindicato de Camioneros (a raíz de una larga pelea entre ambas entidades), con lo cual podrá seguir funcionando y dando servicios a sus afiliados.

Es que la jueza de la Seguridad Social N° 4, Ana María Rojas de Anezin, rechazó una medida cautelar que pedía el fiscal Gabriel de Vedia para que pusiera un freno al desempeño de esa mutual, hasta tanto se aclararan cuestiones penales previas relativas a su habilitación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud.

De Vedia había sugerido suspender a Ossurrbac hasta que se dilucidara en la Justicia si el proceso de su constitución había sido correcto o estaba viciado, como denunciaban los Camioneros que lidera Hugo Moyano.

Ahora la jueza Rojas de Anezin sostuvo el criterio contrario al fiscal, con lo cual esta pulseada se inclinó en favor del Surrbac que conduce Mauricio Saillen.

No es este el único pleito entre Camioneros y Surrbac, aunque sí quizás el más pesado en términos económicos, por estar en juego los recursos de la obra social.

Por la obra social, también se ventila en la Justicia federal de Córdoba una contradenuncia, de Saillen contra Moyano.

La causa, que está en manos de la Cámara de Apelaciones, alude a una supuesta estafa y evasión impositiva que los recolectores le endilgan a Camioneros por retener fondos a afiliados mientras la obra social estuvo en sus manos, aparentemente sin asegurar contraprestaciones en servicios.

Por último, en esta guerra sindical está también la causa que lleva el fiscal local Gustavo Hidalgo, del fuero Anticorrupción, quien imputó al directivo del Surrbac (mano derecha de Saillen) y director obrero de Crese, Pascual Catrambone, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Según el fiscal, Catrambone habría aprovechado su condición de director obrero para facilitar en Crese compras a dos empresas, Higyse y Krates, creadas por su hijo Agustín Catrambone.

El abogado Ricardo Moreno, defensor de Catrambone, consideró que la imputación “no está firme”, debido a una impugnación que él presentó. Aun así, la medida existe y fue decisión del fiscal.

Para Moreno, la imputación “carece de fundamento”, porque, según su defendido, “no es funcionario público”.

Dijo que las sociedades del Estado se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales y no por el régimen de la administración pública.

También opinó que Catrambone es víctima de “una operación” instada por Camioneros.