Entrevista. Juan Pablo Quinteros: Con los naranjitas la gente se siente coaccionada

Tras la aprobación legislativa de cambios en el Código de Convivencia, quedó prohibida la actividad de los naranjitas "ilegales" y de los limpiavidrios. En Voz y Voto, Juan Pablo Quinteros, el Ministerio de Seguridad, asegura que es el resultado del "hartazgo" de la gente, que pide "reglas claras y orden público".

–El juecismo, que se opuso, planteó si los naranjitas son el problema de la inseguridad en Córdoba o si se está demonizando a alguien que sobrevive en la calle. ¿Qué medida justa tiene esta cuestión?

–En primer lugar, hay que ponerle coherencia a todos los debates sobre seguridad porque es muy fácil venir a la Legislatura y plantear una serie de situaciones que rayan con la absoluta ignorancia y la mezquindad. Este tema, alguna importancia debe tener porque el Gobierno nacional, que el Frente Cívico apoya explícitamente, ha mandado un proyecto de modificación del Código Penal en el que hay agravamiento de las penas a los naranjitas. Para el Gobierno nacional evidentemente también es una situación que altera el orden público. De todas maneras, a la gente no le interesa cómo votaron los más de 50 legisladores que aprobaron la ley. Pero además, nadie lo planteó como la solución a todos los problemas de inseguridad. Es atender un reclamo latente y permanente de los vecinos. En 2025 tuvimos más de 380 naranjitas detenidos por llamados al 911. Claramente la gente se siente coaccionada y ha entendido que es una actividad ilegal que no se puede cobrar. Ahora, se eliminó la parte del artículo que dejaba en manos de las partes acordar un precio. Tenemos una legislación que es clara y hemos respetado la autonomía municipal que le permite a cada intendente fijar sus propias normas.

–Va a ser fuerte ver a la Policía deteniendo a una mujer con los hijos en una esquina si está limpiando vidrios.

–Pero pongámonos en el lugar de la mujer y sus hijos que van en un vehículo y viene una persona y, coactivamente, le tira un chorro de agua a su bien privado. Esta persona se siente absolutamente coaccionada a darle algo. Hoy, hay gente que sale a la calle con determinada cantidad de dinero porque sabe que en cada esquina tiene que dar para evitar problemas. Vemos un grado de violencia social muy grave en toda la sociedad. Tenemos un policía baleado porque dos naranjitas, peleando por el espacio público, empezaron una riña. El comisario Rubén Brandán se metió a intentar restablecer el orden público y en el forcejeo uno de estas personas levantó el arma y le metió un tiro en la espalda.

–Son situaciones complejas. Pero el tema es el mapa de necesidad social y la gente que no es delincuente y está tratando de sobrevivir.

–No debe ser así la ecuación. Nosotros no podemos permitir llegar a esa situación porque cuando se llega ya es extremo. Lo tenemos que prevenir antes. Hoy, vamos y notificamos a los naranjitas cuáles son los alcances del artículo 60 y del Código Penal. Los identificamos y les decimos que si hay un llamado del 911 vamos a venir y los vamos a detener. Los 380 detenidos en el año 2025 y más de 170 detenidos en lo que va de estos tres meses marcan que la gente se ha cansado y ha encontrado una vía en el 911 para poder canalizar. Antes pagaban con resignación, pero ahora saben que pueden llamar y nosotros actuamos.

–A partir de la nueva ley, aquel que no esté autorizado en el caso de las naranjitas va a ir preso. Los limpiavidrios también. ¿Las penas son similares?

–Sí, son penas de arresto.

–¿No hace falta que exista extorsión? Si no tienen autorización, la policía va a actuar de hecho.

–Se eliminó la parte del artículo que dice que puede haber acuerdo para el pago voluntario. No puede haber nadie en la vía pública cobrando con el pretexto de la utilización del espacio público, o con el argumento de cuidar el vehículo.

–¿Tienen algún número de cuántas personas hay en los semáforos? ¿Un relevamiento para saber a qué problemas se van a enfrentar?

–La Policía tiene claro cuál es su trabajo y lo hace con absoluto profesionalismo. Tenemos entre 400 y 450 (naranjitas) que están afiliados a cooperativas que andan muy bien y colaboran con la seguridad de los lugares. En la zona del Hospital Privado la gente está muy conforme con cómo se cobra, porque ahí hay gente identificada, da un ticket y se sabe cuánto le va a cobrar la hora. Y dentro de los que no son legales, se habla de unos 1.000 aproximadamente, que pueden ser más.

–Pero, si se le impide esa actividad al limpiavidrios, ¿no podría, tal vez, terminar en el narcomenudeo? Puede ser un problema más grande.

–Detrás de la baja de imputabilidad tiene que haber una política que nos haga preguntar cómo hacemos para que un chico de 13, 14 años llegue a esa edad con un libro en una mochila y no con una pistola en la cintura. Veo con mucha crudeza que entre la sociedad y el caos lo único que está presente de manera permanente es la Policía.Tenemos un gobernador que tiene un criterio claro respecto a lo que es la salud y educación pública, pero desde el Gobierno nacional, el Estado es mala palabra y las reglas de juego son sálvese quien pueda.

–¿Cómo llegan a tomar la decisión de impulsar políticamente la medida, con el gobernador Llaryora al frente? ¿Lo midieron a través de encuestas?

–No necesito manejarme con encuestas porque estoy todo el día en la calle y me doy cuenta de lo que necesita la gente. Estamos poniendo orden donde no lo hay. La gente nos está pidiendo cosas muy simples: que ordenemos una ciudad y una sociedad que es caótica.

–La gente encontró en el 911 una respuesta porque no encontraba solución del municipio, pero usted impulsó que la Policía sea la referencia en el caso de las naranjitas.

–La gente centraliza en la Policía la respuesta absolutamente a todos sus problemas. Es una cuestión de violación de la ley. De todas maneras, sin educación no vamos a tener ninguna respuesta a largo plazo.

–En los eventos deportivos aparece una gran cantidad de naranjitas cobrando tarifas altas. ¿Qué pasa ahí?

–En cancha de Instituto, en el recital de Tan Biónica, los naranjitas fueron absolutamente abusivos al momento de cobrar, y coactivos con la gente. Días después, en el recital de Luis Miguel, nos sentamos con los jefes de Capital y dijimos que esa situación no podía seguir así. Empezamos una campaña fuerte diciéndole a la gente que si no quería pagar, podía no hacerlo porque nadie está obligado el espacio público. Implementamos operativos que consisten en ir muy temprano y dejar a cada uno de los que están cuidando coches una notificación. Los censamos y sabemos quiénes son. Les dejamos claro que si violan el artículo 60 o el Código Penal van a ser detenidos. Ahora, dentro de 30 días, va a estar prohibido, a no ser que la municipalidad diga sobre qué arterias se podrá estacionar y si lo hará una cooperativa. El ordenamiento de tránsito es facultad de la municipalidad. Cuando se rompa ese pacto social de que el espacio no se cobra vamos a actuar con la Policía.

–No habrá discrecionalidad de parte de las cooperativas para la tarifa.

–Lo que la gente nos pide son dos palabritas que son muy simples de entender. Reglas claras. Orden público. Eso es lo que la gente nos está pidiendo que exista orden y poder salir sin miedo a la calle. Tenemos que tener herramientas para prevenir conflictos y no llegar a situaciones donde se peleen por el espacio público. Es una tarea compleja que vamos a trabajar con mucho compromiso por parte de la policía.