Investigación administrativa para la secretaria Navarro

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de disponer la instrucción de un sumario administrativo contra Liliana Navarro, secretaria Penal del Juzgado Federal N°1 de Ricardo Bustos Fierro, fue la nota saliente de las últimas horas en el caso de la investigación de policías acusados por vinculación con el narcotráfico. En acuerdo extraordinario, el presidente del máximo tribunal federal en la provincia, Luis Roberto Rueda, los camaristas Ignacio María Vélez Funes, Abel Guillermo Sánchez Torres y los jueces de Cámara subrogantes José María Pérez Villalobo, José Vicente Muscará y Carlos Julio Lascano, resolvieron por unanimidad sumariar a la funcionaria por dos motivos: la denuncia de amenazas del abogado Julio Deheza y las declaraciones emitidas por el programa ADN de Canal 10, de una conversación de Navarro con un amigo, en la que mencionó hasta al gobernador José Manuel de la Sota. Medidas La Cámara consigna que oportunamente se decidió solicitar al canal universitario el video correspondiente al programa difundido el miércoles previo a las elecciones para diputados nacionales; un informe al juez federal Ricardo Bustos Fierro para saber si tomó alguna medida al respecto, y al fiscal de Instrucción provincial Pablo Molina para que informe sobre lo actuado respecto a las denuncias de amenazas contra Navarro. En cuanto a Molina, se menciona que Navarro fue imputada por lesiones leves. Uno de los integrantes de la Cámara, antes del acuerdo, ya había adelantado a este diario que la secretaria Penal sería sumariada y que la decisión se había adoptado el lunes en una reunión informal de los seis magistrados. Antes de ingresar al acuerdo extraordinario que se inició a las 11 de la mañana, la fuente consultada dijo que como "no confiaban" en los instructores locales se solicitaría el concurso de auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cosa que se vio reflejada en el documento difundido oficialmente tres horas más tarde.El juez, que pidió reserva de su identidad, minimizó la imputación de amenazas y señaló que lo grave eran las "infidencias" que hizo Navarro en las declaraciones al programa ADN.Los dichos de la funcionaria motivaron el pedido de apartamiento de la causa por parte de los defensores de los policías detenidos. En su descargo, Navarro sostuvo que esa conversación "era ilegal" porque se trataba de una charla privada, de contenido político, con un amigo que la grabó y se la remitió a Tomás Méndez, conductor del programa. Lo puntualizado por Navarro fue admitido por Méndez al abrir el programa del miércoles 23 de octubre; sin embargo, el miembro de la Cámara Federal consultado precisó que en la reunión del lunes "todos manifestaron su convencimiento de que la doctora Navarro sabía que la habían grabado y estuvo de acuerdo con su difusión". La otra campana Mientras los camaristas habrían "descreído" de la explicación de la secretaria Penal, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y la secretaria gremial Mónica Lucía Pauluk comparecieron ante la Cámara Federal y denunciaron una "persecución sindical" en contra de Liliana Navarro, integrante de la mesa directiva de la agrupación sindical. La conducción de la UEJN se constituyó en parte para defender a la funcionaria y criticó a la Cámara Federal de Apelaciones: "Se ha mostrado silenciosa, sin brindar ningún apoyo institucional al juez, funcionarios y empleados judiciales que intervienen en la investigación de una causa de tanta envergadura y trascendencia pública, en la que se ventilan relaciones del narcotráfico con la Policía de la Provincia, con la política y con la Justicia. Y, rápidamente, sí actúa ante el pedido de un abogado defensor de los policías involucrados en la causa, remitiendo actuaciones para la formación de causa penal contra la doctora Navarro y, al mismo tiempo, pretendiendo llevar adelante un sumario administrativo en su contra, por denuncias sin fundamento", dijeron.La nota dedica extensos párrafos a las manifestaciones de la integrante de la comisión directiva gremial en el programa televisivo, sobre el cual afirman que dio a conocer "el audio de una conversación mantenida por la doctora Navarro, en el ámbito de su intimidad y con un amigo personal, circunstancia que, por otro lado, fue reconocida por los propios conductores del programa antes de su emisión".Para concluir, y teniendo en cuenta la condición de representante gremial de la sumariada, la UEJN sostiene que no se pueden iniciar actuaciones sumariales porque antes corresponde una acción de desafuero.

Actuación. Desde allí, ocupó un rol clave en la causa en la que se investigan vinculaciones de policías antinarcóticos con el tráfico ilegal de drogas.

Amenazas. Fue denunciada por amenazas por Julio Deheza, uno de los abogados defensores de los policías acusados.

Grabación. En el programa ADN difundieron una conversación telefónica en la que Navarro opinaba sobre la causa bajo su responsabilidad.

Dudas. Como esa grabación disparó pedidos de apartamiento en el proceso, Navarro dijo que era una conversación privada difundida ilegalmente por el programa de TV.