Análisis. La inestable relación entre ingresos y bienes de los funcionarios

Siempre tiene que ocurrir un disparador externo para que se active una puerta que debería ser automática: la del cotejo entre los ingresos y los patrimonios de los funcionarios públicos.

Es como que ni la Justicia ni los organismos de control del Estado tienen resortes que se activen por sí solos para alertar, investigar y, en todo caso, juzgar la no correspondencia entre lo que una persona pública dice percibir y los bienes que posee.

Tiene que ocurrir otro tipo de evento previo para que la lupa se pose sobre el patrimonio de los integrantes de los tres poderes del Estado.

En estos días, hay ejemplos nacionales y cordobeses que certifican algo que parece ser una constante.

Cada uno tiene dimensiones, ribetes e instancias de investigación judicial, pero en el fondo responden a una misma lógica.

El más resonante involucra al jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, cuyo patrimonio está bajo consideración pública e investigación judicial después de dos fotos incómodas: la del viaje oficial a Estados Unidos al que sumó a su esposa en el avión presidencial, y la de las vacaciones familiares en un vuelo privado a Punta del Este.

Más allá de que el origen esté o no relacionado con internas en la gestión libertaria, si no aparecían esas fotos no había investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni y la manera en la que adquirió sus bienes y los de la sociedad conyugal.

En Córdoba, también se están dando situaciones judiciales que derivaron en investigaciones patrimoniales.

El hecho más resonante es el de Oscar González, quien estuvo hasta hace poco detenido con prisión domiciliaria en la causa federal en la que se investiga supuesto enriquecimiento ilícito.

Ese caso, que gambeteó la Justicia provincial, se abrió a partir del siniestro fatal que protagonizó el expresidente de la Legislatura en el camino de las Altas Cumbres.

Era quimera que se diese una investigación relacionada con los ingresos y bienes declarados por el caudillo de Traslasierra si no se producía la colisión en cercanías de Niña Paula en octubre de 2022.

En estos días, el fiscal de la Procuración General de la Nación Nicolás Turano pidió investigar el patrimonio del camarista federal cordobés Abel Sánchez Torres.

En realidad, Sánchez Torres y la también camarista Graciela Montesi habían sido denunciados por una funcionaria judicial por presuntos maltratos a raíz de las objeciones por la manera de integrar la sala que debía investigar una multimillonaria evasión de la cerealera Bunge.

Cuando Turano y el fiscal Maximiliano Hairabedian comenzaron a analizar la conducta de los magistrados federales, recibieron una serie de testimonios respecto de supuestas adquisiciones de propiedades por parte de Sánchez Torres y su colega y pareja.

Por ahora, sólo hay un pedido de investigación, mientras la defensa del camarista asegura que todo está en orden.

Al igual que integrantes del Ejecutivo y los legisladores, los magistrados están obligados a presentar declaraciones de bienes, pero el acceso a estas no es público, ya que es necesario realizar un trámite en el Consejo de la Magistratura para conocer los patrimonios de jueces y fiscales.

Pero este pedido de investigación patrimonial encendió alarmas en Tribunales federales y provinciales. Si bien los magistrados están al tope de los ingresos estatales, más de uno luce propiedades y un ritmo de vida que deberían ser cotejados con esas remuneraciones.

Jueces y fiscales no pueden realizar otra actividad laboral pública o privada, salvo la docente, donde los salarios están lejos de ser abultados.

En el caso del Ejecutivo, un repaso por las declaraciones de bienes del gabinete provincial arroja que la mayoría de los funcionarios de primera línea declaran como ingreso principal la remuneración pública.

De bolsillo, un ministro recibe un salario de alrededor de 4,5 millones de pesos.

Las expensas mensuales en algunos countries de Córdoba, donde vive buena parte de esos funcionarios, rondan el millón de pesos.