Cruces. La Iglesia católica ya no oculta sus diferencias con la gestión libertaria de Milei

El Gobierno nacional está llevando a cabo una batería de proyectos y modificaciones a través de la vía legislativa, anuncios oficiales y decretos. Además del rechazo del peronismo y otros sectores, desde hace un tiempo hay una oposición marcada de la Iglesia católica hacia las medidas que impulsa la gestión del presidente Javier Milei.

Desde 2024 no hay diálogo entre autoridades eclesiásticas y el Presidente. Los obispos solicitaron en más de una ocasión ser recibidos en la Casa Rosada. Para la Navidad de aquel año saludaron a Milei por carta. No hubo respuesta oficial. En 2025 el correo sí tuvo devolución, aunque la charla no se dio.

Mientras tanto, Milei profundizó en gran medida su relación con otra Iglesia: la evangélica. Invitó a un grupo a rezar con él en Casa Rosada y participó de la inauguración de un templo en Chaco.

También se mostró cercano a autoridades del judaísmo locales e internacionales, respaldando públicamente sus creencias personales y su apoyo a Israel en la guerra con Palestina.

A nivel nacional, hay obispos y arzobispos que se pronunciaron públicamente en contra de ciertas políticas. El rechazo es sostenido por quienes integran la dirigencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). También, por la Comisión de Pastoral Social. “Observamos con profunda preocupación realidades que duelen y que interpelan nuestra conciencia colectiva”, comentaron.

Entre los arzobispos que se pronunciaron se encuentran los de Mendoza (Marcelo Colombo), Buenos Aires (Jorge García Cuerva), La Plata (Gustavo Carrara, también titular de Cáritas) y el cardenal cordobés, Ángel Rossi.

Casi todos los referentes eclesiásticos de la Argentina actual fueron nombrados por el papa Francisco. Su figura funcionaba como factor de equilibrio entre la Iglesia y algunos gobiernos. Igualmente, la sintonía jamás fue absoluta (como con el tema del aborto). Tras la muerte de pontífice argentino, el escenario cambió y las jerarquías religiosas marcaron sus diferencias y actuaron con menos cautela hacia la gestión libertaria.

Miembros de la Iglesia remarcaron en repetidas ocasiones que apelan al diálogo con todos los sectores. Sostienen que hablan con políticos, movimientos sociales, empresarios, sindicatos o juventudes.

También dicen que su papel es esencial en el territorio. “Cuando a un vecino le pasa algo, antes de ir a hacer una denuncia, acudir a algún organismo público o privado o llamar a la ambulancia, nos tocan la puerta en la iglesia y nos piden ayuda”, comentaron.

El paquete de reformas impulsado recientemente por el gobierno les cayó mal por eso mismo. Consideran que son temáticas que se debatieron demasiado rápido a pesar de que necesitan un tratamiento profundo, con diálogos, acuerdos y tiempo.

“Queremos que gane la patria y no un sector partidario. Estas modificaciones van a tener un impacto mediático, un rédito para los políticos y un efecto negativo en la sociedad. Necesitan sustentos pedagógicos y presupuestarios que se basen en la realidad, pero no los tienen”, le comentó a La Voz Munir Bracco, vocero y vicario pastoral de Córdoba.

La institución católica pidió, desde Buenos Aires, que se protejan y preserven los derechos laborales, poniendo en el centro de la discusión a la persona y su dignidad. A la postura opositora la sostienen desde que se anunció la reforma. Al último escrito lo compartieron el pasado 25 de febrero.

La referencia a la Doctrina Social de la Iglesia fue tomada como argumento. Pronuncian que el trabajo es un principio histórico, que necesita “condiciones laborales dignas, jornadas razonables y remuneraciones justas” para su correcto funcionamiento. Pidieron prudencia para su tratamiento.

Retomaron los argumentos de Francisco y del papa León XIV, quienes señalaron al trabajo como sagrado. También, que “no hay justicia social sin dignidad para el trabajador”, advirtiendo que las personas y sus familias deben valorarse por encima del mercado.

Además, Cáritas señaló que el ajuste y el recorte afecta en especial medida a los trabajadores más pobres, al disminuirse la cantidad de reglas del trabajo que los benefician. Apostaron por el empleo digno, rechazando la idea de que quienes están empleados “sean material descartable”.

La Iglesia ha sido especialmente dura contra las modificaciones previstas para el Régimen Penal Juvenil. Consideran que el castigo hacia los más jóvenes no los reinserta ni los restituye.

Además, opinan que una visión punitivista enfocada en el cumplimiento de penas de adultos no va a solucionar el problema de la delincuencia en menores. Ángel Rossi, arzobispo y cardenal de Córdoba, le comentó a El Doce que la cárcel indica la incapacidad de cuidar, contener y suavizar antes de que ocurra el delito.

“Los de 14 van a seguir delinquiendo, además se van a sumar los de 12 y seguiremos bajando las edades. Esta es una solución para el momento, a largo plazo no es viable. Va a llegar un punto en el que sea cárcel o bala”, afirmó Rossi.

Desde la Pastoral Social, el rechazo es difundido desde principios del año pasado. En marzo de 2025 firmaron el documento “Más oportunidades que penas”. En él, se remarcaba que el problema no se puede abordar sin considerar sus causas, y destacaban que las cifras de delincuencia juvenil son las minoritarias. También le enviaron una carta abierta a los legisladores en los últimos días.

Para este sector social, detrás de los jóvenes hay narcotráfico, consumo de drogas y falta de oportunidades que los envuelven. Argumentan que el consumo “es una de las principales causas de la violencia”.

Ayer el Senado aprobó la modificación de la ley destinada a la protección de glaciares y periglaciares en todo el territorio argentino. La legislación disminuye las medidas de prevención, habilita actividades como la minería, los hidrocarburos o el litio y les da potestad a las provincias para disponer de los recursos de sus jurisdicciones.

En este sentido y previo al debate, la Iglesia les dirigió una carta a los legisladores para expresar su preocupación ante la modificación de una ley que demostró, en su momento, el “consenso político, social y científico” en relación a los cuerpos hídricos que proveen agua dulce para el consumo.

El mensaje para los miembros del Congreso les recordaba a los legisladores que actualmente hay un piso de protección para glaciares que “no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo”.

La Iglesia sostiene que el ambiente es materia prioritaria. Retoman el Laudato Si del papa Francisco, que fundamenta que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. La defensa de la naturaleza se vuelve urgente según esta idea.

A nivel nacional, la cúpula de la Conferencia Episcopal se opuso de forma abierta y reiterada a ciertas políticas públicas que, desde su perspectiva, van en contra de los principios de equidad social, amparo a los menos favorecidos o de la dignidad integral de las personas.

La última pronunciación fue en contra del cierre del organismo que se encargaba de gestionar y llevar adelante las obras en los barrios populares. Se trata de la ex Subsecretaría de Integración Sociourbana (Sisu), lo que implicó la paralización de la actividad estatal en villas y asentamientos a nivel nacional.

El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, acostumbra a visitar esos territorios y denunció que la política social no puede limitarse a la transferencia de ingresos. “Es necesario sostener obras de infraestructura en los barrios populares”, dijo.

Otra temática fue el respaldo sostenido de varios obispos y arzobispos a las discusiones sociales que tuvieron lugar en los últimos dos años: presupuestos para salud, discapacidad y educación pública.

Además, varios sacerdotes marcaron las altas cifras de pobreza y desempleo que atañen las políticas económicas actuales.

“Hay muchos hermanos en nuestro país que ya no tienen fuerza para seguir, que no encuentran sentido al camino de sus vidas y han detenido su marcha. Les pesa demasiado la pobreza, las consecuencias del narco, las enfermedades, la soledad", pronunció en una misa Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires.

A lo largo de la gestión libertaria, señalaron también que la situación de los comedores populares es desesperante y que “hacen milagros” para salir adelante. Apuntaron contra el abandono del Estado en territorios donde avanza el narcotráfico.

Al mismo tiempo, se opusieron a los vetos presidenciales que se referían a la movilidad jubilatoria y “perjudicaban a los jubilados”.

El vocero de la Pastoral Social local le dijo a este medio que el vínculo con la gestión de Llaryora se sustenta en el diálogo, extendido al Ejecutivo y a los miembros de la Legislatura.

Sin embargo, han sido dos las temáticas que causaron mayores rispideces entre sectores: la legalización de las plataformas de apuestas online y el debate actual sobre los naranjitas.

En relación al primer tema, en Córdoba se aprobó, hace más de dos años, la habilitación para que los sitios de apuestas virtuales se registren y circulen en la provincia.

La Iglesia lideró una oposición abierta y confrontativa contra esta normativa, haciendo visitas al Concejo Deliberante, escuelas, clubes o centros vecinales. “A los legisladores no le interesó, votaron para beneficiar a la publicidad y financiar sus campañas políticas”, aseguró una fuente religiosa.

Sobre la discusión actual referida a los cuidacoches, la Pastoral Social también se mantiene firme en su rechazo. Argumentan que el oficialismo pretende una solución rápida, sin hablar con todas las partes ni buscar el bien común.

“Queremos la regulación de la situación laboral de los naranjitas, no su eliminación. No se deberían poner a todos en la misma bolsa, porque la vía pública es pública para todos”, sostuvo la institución.