“Holdouts”: qué puede pasar el día después

Mucho se ha escrito sobre si Argentina está o no está en este momento en una situación de default, y si el mismo es "técnico" o "real". La opinión que se pueda tener al respecto está más teñida de posición ideológica o política que de realismo. Por eso, carece de sentido discutir si la Argentina cumplió o no con su obligación por haber transferido 539 millones de dólares para hacer frente a un vencimiento ya operado, cuando el agente de pago designado por nuestro país reconoció, en carta dirigida a los bonistas, que los fondos depositados "están sujetos a una orden judicial de la Corte" y, por tanto, el banco no puede pagar.En los hechos, los bonistas no recibieron el dinero que Argentina estaba obligada a entregarle y, por tanto, el deudor no se ha liberado de la obligación, más aún cuando no ha habido un pronunciamiento judicial que le diese la razón.

Frente  a este hecho, el incumplimiento, la situación que se enfrenta es concreta y distinta de la que existía hasta el 30 de julio. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí en más?

Es difícil realizar pronósticos certeros de cuáles serán las consecuencias mediatas e inmediatas de la posición en la que se encuentra Argentina. Las noticias se suceden y las novedades sorprenden, incluso a los actores protagónicos de esta historia.

Aun así, a riesgo de incurrir en involuntarios errores, es lógico pensar, con una visión estrictamente técnica, que la República Argentina se enfrentará, en el exterior y en el interior, con las siguientes situaciones:

Si se llegase

a pagar directamente por el Estado Argentino a algunos de los bonistas accionantes, es posible que se dispare la conocida cláusula Rufo, y el país se vea ante una serie de nuevos reclamos de acreedores.

Si no se pagase

a los bonistas reclamantes, la situación de Argentina, como deudor incumplidor, implicará un empeoramiento en la calificación del riesgo del país, y de los particulares locales que quisieran tomar crédito en el exterior.

Sin crédito

o con créditos caros, el Gobierno nacional y especialmente los gobiernos provinciales, deberían recurrir a otras fuentes de financiación alternativas para sus erogaciones corrientes; la más simple es el aumento en los ingresos tributarios; esto es, se podría producir un incremento en la presión tributaria.

Con mayor presión fiscal,

habrá menor actividad económica.

Con menor actividad económica

, sin acceso al crédito externo, se produciría un deterioro en el tipo de cambio.

En la era de las economías integradas, una mayor dificultad de Argentina para comerciar no sería un escenario en el que abunden las facilidades.

La economía es una ciencia social, y la política es el arte de lo posible. 
El proceso en el que nos encontramos no tiene un único final posible, sea este épico o trágico. Y faltan sólo cinco meses hasta el 1° de enero de 2015, momento en el que la posibilidad de maniobra del Gobierno nacional frente a los bonistas se ampliaría.

Los actores privados, que se han sumado a esta historia, continúan por estas horas imaginando soluciones posibles, y los actores públicos pueden reservarnos aún sorpresas.

Ojalá, cuando estas líneas se publiquen sean ya desactualizadas, y la situación general de incumplimiento de las obligaciones en la que se encuentra la República Argentina haya sido superada con inteligencia y grandeza de todas las partes, sin estridencias ni descalificaciones.

Los argentinos y la Nación lo merecemos.

*Profesor de Economía Política, Universidad Austral