Mapa político. La hipocresía de los sueldos de los funcionarios

Hay números que casi nunca cerraron ni cerrarán. No es una percepción, es una evidencia que se repite con frecuencia en la política argentina y que también incluye a Córdoba. Funcionarios que declaran con desprecio y muchas veces a valores subvaluados los bienes que poseen, pero exhiben estilos de vida que parecen desmentirlos. Vehículos, propiedades, viajes y consumos que no encajan en ninguna ecuación razonable si se la compara con sus recibos de sueldos formales.

El fenómeno volvió al centro de la escena a partir del escándalo que involucra a Manuel Adorni, y que tomó una nueva velocidad luego de que se conoció el lunes último que el jefe de Gabinete refaccionó su casa en el country Indio Cua por U$S 245 mil. Todo lo pagó en efectivo y sin facturas de por medio. Ese gasto es el doble de lo que desembolsó –con dinero prestado– para comprar la propiedad. Todo lo hizo a un año de haber asumido como funcionario libertario.

Más allá de las responsabilidades individuales que la Justicia o los organismos de control puedan determinar, el caso reavivó una sospecha estructural del sistema político argentino: la posible existencia de ingresos no declarados o mecanismos informales para complementar salarios públicos que, en teoría, deberían ser transparentes. Sí, volvemos a hablar de sobresueldos.

El problema no es nuevo. Durante la década menemista, la palabra “sobresueldos” se convirtió en parte del diccionario de la política nacional. Aquella práctica –nunca del todo erradicada ni completamente esclarecida– vuelve como sospecha incómoda de explicar ante los desmanejos patrimoniales del protegido de Javier y Karina Milei.

La idea de que parte de los ingresos de los funcionarios nacionales circula por fuera de los registros oficiales y drena, por ejemplo, de los gastos reservados que maneja sin control externo la Side no sólo es un golpe de KO para la confianza pública, sino que instala una lógica inaceptable: la de naturalizar lo que está prohibido y es ilegal.

Mientras se dilata la explicación oficial bajo el argumento de Adorni de que “en la Justicia probaré mi inocencia”, la mancha venenosa se extiende sobre el altar libertario de la moralidad.

El eje de la discusión que desató el escándalo Adorni no debería limitarse a casos puntuales ni a nombres propios. El problema es sistémico. Por lo tanto, la mirada debe ser más amplia. Esas inconsistencias que persiguen hoy al jefe de los ministros no se restringen al ámbito nacional. En muchas provincias se repiten situaciones similares y Córdoba no es la excepción: determinados funcionarios que acceden a bienes y consumos que exceden ampliamente sus declaraciones juradas. La lógica se replica, con distintos matices, pero con un patrón común: no cierra el blanco.

Esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo se financian esas vidas por encima de los sueldos que perciben? Ninguna de las respuestas posibles resulta tranquilizadora. O existen ingresos paralelos no declarados, o hay beneficios indirectos que no figuran en los recibos de sueldo, o se utilizan estructuras que permiten disimular el verdadero flujo de dinero. En todas las opciones, el resultado es el mismo: corrupción.

Hay un debate de fondo que sigue postergado: ¿cuánto debe ganar un ministro nacional o uno provincial? Es una discusión a la que se escapa porque es tremendamente incómodo darla en un país donde un docente promedio apenas evita ser pobre y un jubilado nacional cobra una mínima de $ 380 mil.

Sin embargo, no es creíble y además es desventajoso en términos de sumar a los mejores a la administración pública que un ministro de la Nación viva con los $ 7 millones que cobran en la actualidad (hasta febrero percibían $ 3,5 millones). En Córdoba, por un cargo similar, perciben $ 6,7 millones antes de los descuentos.

Sin distinción de jurisdicciones, se necesita un sistema de transparencia salarial real, efectivo y verificable para los altos funcionarios. No alcanza con declaraciones juradas formales si no hay mecanismos robustos de control. La transparencia se demuestra en la práctica. El resto es relato hipócrita. El caso Oscar González es paradigmático al respecto: debió pasar un siniestro vial trágico para que salieran a la luz presuntas irregularidades sobre un patrimonio imposible de construir sólo con el salario público.

Blanquear los altos sueldos no es sólo una cuestión administrativa, es una condición básica del contrato entre el funcionario y el que le paga el sueldo, el contribuyente. Un esquema salarial transparente y completamente declarado debería reducir los incentivos para que florezcan la discrecionalidad, los favores, las dádivas y la corrupción.

Permitiría que la sociedad supiera cuánto ganan realmente sus funcionarios. Y les reclamaría en consecuencia.

El caso Adorni, que hoy vuelve a encender la discusión, debería servir como punto de inflexión. Es una excelente oportunidad para debatir en serio sobre el tema.

Mientras a la sociedad se le exigen ajuste, sacrificio y que haga malabares para llegar a fin de mes, la dirigencia sigue escondiendo cómo se financia su propio nivel de vida. Elige esquivar el tema, patearlo y hacerlo desaparecer de la agenda.

Ahí es donde la distancia entre lo que se dice y lo que se hace deja de ser un matiz y sigue siendo, penosamente, un problema moral enorme.