Gremios: la consulta popular de Mestre tendrá cuatro preguntas
Serán sobre políticas municipales y la relación gremial. La Provincia no la quiere en octubre.
El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, envió finalmente anoche al Concejo Deliberante una iniciativa para convocar a una consulta popular a los vecinos de la ciudad, para que se expresen sobre distintos aspectos que tienen que ver con las políticas municipales y su relación con la actividad de diversos gremios.
El planteo mantiene los tres focos de consulta que mencionó días atrás el intendente ante al Consejo Económico y Social (CES), referidos a la reglamentación de las asambleas de empleados municipales; la difusión de información a través del portal de Gobierno Abierto, y la declaración del transporte urbano como servicio esencial.
Si bien este último punto ya quedó cubierto con la aprobación de una ley en la Unicameral, igual el municipio quiere dejar asentada la opinión vecinal, ya sea para “tomar decisiones o para ratificar lo ya hecho”.
A esos tres frentes se agregó un cuarto, referido a la descentralización del municipio, en la faz operativa, para completar la descentralización administrativa que ya se consumó a través de los CPC.
En cuanto a la fecha de concreción, el proyecto sólo menciona que será en “día inhábil no laborable dentro de los 60 días hábiles posteriores a la sanción de la presente” norma y que “será fijada por el Departamento Ejecutivo Municipal” una vez que se haya previsto la logística necesaria.
Si bien resulta complicado, puesto que debería reunir dos tercios de los votos (21 adhesiones sobre 31), en el Palacio 6 de Julio no descartaban anoche la posibilidad de avanzar hoy mismo con el proyecto en el Concejo, mediante su tratamiento sobre tablas, si es que contaban con los votos suficientes para ello.
La idea de la consulta popular Mestre la fue madurando en el fragor de los duros conflictos que atravesó en las últimas semanas con el Suoem (por la difusión pública de nómina de agentes y sus sueldos básicos) y con UTA (por el paro de 10 días de duración, que se mantuvo aun en la ilegalidad).
El intendente pretende capitalizar el hastío ciudadano frente a los desbordes violentos de los gremios, que no sujetan su accionar ante la ley. Por eso, busca legitimar con votos por “sí” o por “no” las políticas de transparencia, la descentralización y la pulseada con las corporaciones.
Las cuatro preguntas que deberán contestar los cordobeses son, textualmente, las siguientes:
Asambleas. "¿Está de acuerdo con que las asambleas de los empleados municipales se realicen fuera del horario y el lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento?".
Publicación de datos. "¿Está de acuerdo con que el municipio continúe difundiendo información pública en el Portal de Gobierno Abierto ?".
Transporte. "¿Está de acuerdo con que el transporte urbano de pasajeros sea considerado servicio esencial?".
Descentralización. "¿Está de acuerdo con que el Municipio avance en la descentralización geográfica de la gestión de los servicios públicos, tomando como base el ejido de los Centros de Participación Comunal?".
Apoyo condicionado. Por economía de costos, el municipio quiere hacer la consulta popular junto con las Paso del 13 de agosto o con la elección del 22 de octubre. Unión por Córdoba solicitó que no sea en esta fecha.

