Es oficial. El Gobierno nacional promulgó la nueva Ley de Glaciares: cuáles son los principales cambios

A través del Boletín Oficial, se oficializó la Ley 27.804 que redefine la protección de los cuerpos de hielo y el ambiente periglaciar en todo el país.

24 de abril de 2026 a las 07:42 a. m.
El Gobierno nacional promulgó la nueva Ley de Glaciares: cuáles son los principales cambios
Reforma Ley de Glaciares

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este viernes la entrada en vigencia de la nueva Ley de Glaciares, una normativa central para la gestión de los recursos hídricos en Argentina.

Mediante el Decreto 271/2026, el Gobierno promulgó la Ley 27.804, que introduce modificaciones sustanciales a la norma vigente desde el año 2010.

Esta reforma, que fue aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril, busca redefinir los criterios de protección y el inventario de los cuerpos de hielo.

Contexto y votación en el Congreso

La sanción definitiva se produjo tras una intensa jornada legislativa en la Cámara de Diputados, donde el proyecto recibió 137 votos afirmativos.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, enfrentó la oposición de 111 legisladores y registró 3 abstenciones durante la votación.

La reforma se aprobó en un clima de tensión social, marcado por manifestaciones y rechazos frente al Palacio Legislativo el día previo a su sanción.

Los glaciares como bienes de carácter público

El nuevo texto ratifica que los glaciares son "reservas estratégicas de recursos hídricos" para el consumo humano y el equilibrio del ecosistema.

En su primer artículo, la ley establece que los glaciares constituyen “bienes de carácter público” que deben ser preservados obligatoriamente.

El objetivo primordial es que estos recursos se destinen a la agricultura, la protección de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Impacto en la autonomía de las provincias

La normativa incorpora una interpretación expresa que responde al artículo 124 de la Constitución Nacional sobre el dominio originario de los recursos.

De esta manera, se reconoce la facultad de las provincias sobre sus recursos naturales, buscando un equilibrio con el derecho a un ambiente sano.

El texto dispone que la protección "deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional", según indica el articulado.

El rol del Ianiglay el inventario nacional

La ley mantiene la vigencia del Inventario Nacional de Glaciares bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

No obstante, se incorporó el principio precautorio para todas las geoformas periglaciares que se encuentren actualmente incluidas en dicho inventario.

Bajo este criterio, los cuerpos de hielo serán protegidos hasta que estudios científico-técnicos verifiquen si cumplen o no con una función hídrica relevante.

Criterios de inclusión y exclusión

La norma actualiza el procedimiento para modificar el inventario cuando se detecten nuevos glaciares o geoformas con funciones hídricas en las jurisdicciones.

En caso de nuevos hallazgos, las autoridades locales deberán notificar de inmediato al IANIGLA para su correspondiente incorporación al registro nacional.

Asimismo, se prevé la exclusión de aquellas geoformas que, tras los estudios técnicos, se constate que ya no cumplen funciones de reserva de agua.

Regulación de actividades económicas y minería

El artículo 6 de la nueva ley establece prohibiciones estrictas para actividades que puedan "alterar de modo relevante" la condición natural de los glaciares.

Quedan vedadas las acciones que impliquen la destrucción, traslado o que interfieran en el avance natural de los cuerpos de hielo y ambientes periglaciales.

Entre las actividades restringidas se encuentran la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la instalación de industrias pesadas.

Evaluaciones de impacto ambiental y control

La determinación de qué actividades suponen una "alteración relevante" quedará bajo la responsabilidad de la autoridad ambiental de cada jurisdicción provincial.

Todas las obras o proyectos en estas áreas deberán contar con una evaluación de impacto ambiental previa y garantizar la participación ciudadana.

Para proyectos de mayor envergadura, la ley exige una evaluación ambiental estratégica conforme a lo establecido en la Ley General del Ambiente.

Competencias y áreas protegidas

El esquema de autoridades de aplicación asigna a cada provincia la tarea de identificar y evaluar sus propios glaciares y geoformas.

Como excepción, la Administración de Parques Nacionales conservará esta función exclusivamente dentro de las áreas protegidas bajo su órbita nacional.

La nueva normativa subraya que la protección actual debe realizarse "sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras".