Desregulación. El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca: busca eliminar leyes "obsoletas" y reducir regulaciones
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reducir la “sobreabundancia normativa” que, según el oficialismo, caracteriza al ordenamiento legal y genera dificultades en su aplicación.
El Gobierno nacional presentó este jueves en el Congreso el proyecto denominado "Ley Hojarasca", con el objetivo de derogar unas 70 normas consideradas obsoletas y avanzar en una simplificación del sistema jurídico argentino.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reducir la “sobreabundancia normativa” que, según el oficialismo, caracteriza al ordenamiento legal y genera dificultades en su aplicación.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo derivó en un sistema “complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
Milei quiere modificar las leyes de financiamiento en discapacidad y educación
Menos regulaciones y mayor seguridad jurídica
El proyecto se inscribe dentro de la estrategia de desregulación del Gobierno y busca promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente.
Según el texto, la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. En ese sentido, se propone eliminar aquellas disposiciones que han perdido vigencia práctica o fueron superadas por normativa posterior.
El oficialismo considera que la proliferación de normas afecta la seguridad jurídica, uno de los ejes centrales de su política económica, y que un sistema más simple y coherente resulta clave para el desarrollo de la actividad económica.
Impacto en el Estado y el sector privado
El proyecto también advierte sobre las consecuencias de la acumulación normativa en la gestión pública. Según los fundamentos del oficialismo, la superposición de leyes genera ineficiencias, mayores costos administrativos y dificulta la toma de decisiones dentro del Estado.
A su vez, plantea que el exceso de regulación constituye una barrera para el sector privado, al obligar a empresas y ciudadanos a operar en un entramado legal complejo.
Además, el texto remarca que muchas normas vigentes responden a contextos históricos que ya no existen, lo que genera distorsiones y refuerza la necesidad de una revisión integral.
Un cambio de enfoque hacia el futuro
Más allá de la derogación de leyes, el Gobierno señala que la iniciativa busca establecer un nuevo criterio para evitar la acumulación normativa en el futuro.
El objetivo, según se plantea, es avanzar hacia un sistema jurídico más racional, dinámico y accesible, que facilite la comprensión de las normas por parte de la ciudadanía y mejore la transparencia institucional.
