Gasoductos: critican que no se haya investigado la licitación anterior

Con la millonaria licitación de gasoductos troncales a punto de ser adjudicada por la Provincia (ver Hoy adjudican... ), los legisladores opositores Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), reavivaron sus críticas al anterior y fallido proceso licitatorio por este mismo tema, llevado adelante en 2009 (cuando también era gobernador Juan Schiaretti), por supuestas irregularidades que ellos denunciaron ante la Justicia. A lo largo de casi todo 2015, ambos legisladores junto a otros expiares como Rodrigo De Loredo, Roberto Birri, Javier Pretto y Ricardo Fonseca, pi­dieron al fiscal del Fuero Anticorrupción Gustavo Hidalgo que investi­gara la conexión Córdoba del megaescándalo por pago de coimas que estalló en Brasil, y en cuyo proceso estaba expresamente mencionada la obra de los gasoductos cordobeses.Entre marzo pasado y el presente, los legisladores llegaron a contabilizar nueve solicitudes de investigación ante el magistrado, quien además tampoco les dio participación como querellantes.La principal novedad surgió días atrás, cuando, en medio del proceso para la adjudicación de las obras a partir de la nueva licitación iniciada a fines de 2015, los legisladores se dieron con que Hidalgo ya había ar­chivado definitivamente la ­causa, sin que ellos fueron no­tificados.Según los denunciantes, ­nunca lograron que Anticorrupción enviará el exhorto que ­pedían a la Justicia brasileña para ampliar datos y corroborar las menciones puntuales a Córdoba sobre el presunto pago de coimas."Es por demás evidente que la Provincia necesitaba cerrar esa investigación, porque algunas empresas se repiten en el actual proceso y hubiera sido muy desprolijo seguir así. Se ha tendido un manto de impunidad", cuestionó Mon­tero.Asimismo, también se quejó de que ni siquiera han podido como denunciantes tener acceso a la resolución que determinó el archivo de las actuaciones, ni a los fundamentos de tal de­cisión.Por su lado, García Elorrio insistió en que "como nunca" este caso ofrecía la posibilidad de desentrañar un hecho de corrupción, a partir de la existencia de un arrepentido brasileño que había dado ante la Justicia de su país detalle fino de todas las operaciones. "No había que buscar demasiado. Estaba disponible el listado de obras, los nombres de las empresas y el monto de las coimas. En lo que respecta a Córdoba, sólo había que pre­guntarle a la Justicia brasileña si se pagó la coima y quién la cobró acá, pero no lo hicieron", se quejó. De rebote La causa por corrupción en Brasil, que salpicó a Córdoba, estalló en marzo de 2014, cuando la Policía Federal de ese país puso en marcha el operativo "Lava Jato", que se extendió a seis estados y derivó en la detención de 17 personas. Entre los apresados estaba el cambista Alberto Youssef, acusado de ser cabecilla de una trama de corrupción. Poco después cayó también Paulo Ro­berto Costa, exdirector de ­Petrobras. Los testimonios de ambos desde la cárcel propiciaron otras detenciones y el esclarecimiento de cómo funcionaba la red de corrupción y el pago de coimas.El mencionado Youssef ­atenuó su pena a partir de un acuerdo con el juez Moro, de Curitiba, a quien le aportó un listado muy preciso con 750 obras públicas donde él inter­vino de intermediario de coimas. Ese listado es de una prolijidad que asombra.La gran mayoría de las coimas se ofrecían a obras de la empresa Petrobras, pero también había obras públicas en Panamá, Venezuela, Perú, y de Córdoba, en particular los gasoductos troncales.En la nómina aparece que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que iba a financiar los gasoductos de Córdoba, destinó a una inversión (no se sabe en qué concepto) de 28 millones de dólares. Youssef lo atribuyó directamente a coimas.En Córdoba, las obras iban a ser realizadas por la brasileñas Andrade Gutierrez, asociadas a Iecsa y Britos SA, esta última propiedad del exfuncionario delasotista Horacio Miró.

En el caso de Electroinge­niería, una empresa de fuertes y aceitados vínculos con el kirch­nerismo, pero también con José Manuel de la Sota y Schiaretti, en cuyas gestiones ejecutaron obras emblemáticas, como las primeras 100 escuelas y el Centro Cívico, participó de la licitación con la brasileña OAS, pero su oferta perdió ante la competencia.

La firma integra además una de las tres UTE (unión transitoria de empresas) que re­sultaron preadjudicatarios ­ahora, en el segundo intento schiarettista por construir los gasoductos.

Aclaración. En la edición impresa se consignó en forma errónea el nombre del fiscal a cargo del caso, lo que ya fue subsanado en esta página.