La Voz En Vivo. Federico Sturzenegger: Manuel Adorni es un gran jefe de Gabinete, la Justicia debe clarificar las cosas

La desaceleración de la inflación tras 10 meses le dio al Gobierno nacional un respiro político en medio de semanas atravesadas por tensiones internas, cuestionamientos opositores y el creciente ruido alrededor de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a defender con firmeza al funcionario y buscó reforzar la idea de que la administración de Javier Milei atraviesa una etapa de consolidación económica.

Entrevistado en La Voz en Vivo, Sturzenegger celebró especialmente el último dato inflacionario y sostuvo que el Gobierno ya resolvió “el problema estructural” que originaba la suba de precios. Según planteó, el ancla central del programa económico sigue siendo el equilibrio fiscal y el freno absoluto a la emisión monetaria.

Sobre Adorni, Sturzenegger evitó entrar en detalles sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, aunque construyó una defensa política explícita del jefe de Gabinete. Lo definió como “un gran jefe de Gabinete” y remarcó que el Presidente tiene “muchísima confianza” en él.

“Yo también pienso lo mismo y me parece que tenemos que dejar que la Justicia clarifique las cosas”, sostuvo.

La respuesta dejó ver la estrategia oficial frente al caso: evitar confrontaciones públicas internas, cerrar filas alrededor del funcionario y trasladar cualquier definición al terreno judicial. Incluso cuando fue consultado sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, quien pidió la semana pasada acelerar la presentación de documentación para evitar daños a la imagen del Gobierno, Sturzenegger optó por la cautela. “No me gustaría emitir opinión sobre lo que algún colega mío del gabinete deba o no deba hacer”, respondió.

Detrás de esa prudencia aparece una preocupación evidente en la Casa Rosada: evitar que el tema Adorni opaque el principal argumento político del oficialismo, que hoy sigue siendo la estabilización económica. El Gobierno entiende que la baja de la inflación es el dato que puede cambiar el clima social después de meses de fuerte deterioro.

“Este es un gobierno que nos ha sacado un peso del Banco Central; no ha habido transferencia del Banco Central desde el comienzo de la gestión”, afirmó. Y agregó que la desaceleración del último indicador era un fenómeno esperado: “Sabemos que este es un proceso que puede tardar algún mes más, algún mes menos, pero sabemos que lo estructural que hemos hecho para resolver el problema de la inflación está”.

El ministro puso especial énfasis en dos datos que considera políticamente sensibles. Por un lado, la inflación núcleo, que mostró una desaceleración respecto de los meses anteriores. Pero sobre todo destacó el comportamiento de los alimentos, un rubro particularmente sensible para el humor social. “La canasta alimentaria estuvo en 1,5%, bastante por debajo del nivel general”, remarcó.

En la lógica oficial, el Gobierno necesita transformar la baja inflacionaria en un activo político tangible. Después de meses donde el ajuste impactó sobre salarios, consumo y empleo, en la Casa Rosada entienden que la desaceleración de precios es la principal herramienta para sostener el respaldo social.

En ese contexto, el funcionario reconoció que la economía todavía muestra sectores golpeados. Mencionó particularmente a la construcción como una de las actividades con mayores dificultades para recuperarse. Pero insistió en que “la mayoría de los sectores ya están en expansión” y aseguró que el país empezó a ingresar en un nuevo ciclo económico.

Parte central de ese discurso es la apuesta a las inversiones vinculadas a minería y energía. Sturzenegger sostuvo que Argentina atraviesa un cambio de clima radical respecto de 2023, cuando –según describió– “la gente se escapaba del país”. Ahora, dijo, el escenario es completamente distinto.

Puso como ejemplo las proyecciones de exportaciones petroleras y también el potencial minero de la cordillera. “Chile exporta 60.000 millones de dólares en productos mineros solamente. Argentina puede exportar exactamente lo mismo o más”, señaló.

El ministro vinculó directamente esas expectativas con el proceso de desregulación que impulsa el Gobierno. Según explicó, la reducción de trámites, controles y regulaciones estatales no solo apunta a dinamizar la actividad económica sino también a reducir espacios de corrupción.

“Cada trámite es una oportunidad para un acto de corrupción”, afirmó. Y defendió la idea de achicar el Estado como mecanismo para transparentar el funcionamiento económico.

El razonamiento de Sturzenegger es que el Estado debe correrse de los lugares donde “estorba” y concentrarse solamente en facilitar procesos. “El mandato que me dio el Presidente es ayudar a facilitarle a la gente producir, trabajar y emplear gente”, explicó.

También defendió iniciativas legislativas impulsadas por el oficialismo, como la denominada “Ley Hojarasca”, orientada a derogar normativas consideradas obsoletas, y el proyecto sobre “inviolabilidad de la propiedad privada”, que apunta a flexibilizar restricciones para inversiones extranjeras en tierras productivas.

Allí apareció otro de los ejes discursivos del Gobierno: la idea de que Argentina perdió durante décadas oportunidades de desarrollo por exceso de regulaciones y “restricciones ideológicas”. Sturzenegger insistió en que el país necesita abrirse a grandes inversiones para expandir minería, forestación y economías regionales.

“Queremos que venga gente a invertir, a producir y a contratar miles de personas”, resumió.

Cuando Sturzenegger habló sobre el costo social del ajuste, defendió el rumbo elegido por Milei. Aseguró que el Gobierno preservó programas como la Asignación Universal por Hijo y eliminó estructuras estatales que definió como “curros”, “ñoquis” o mecanismos de intermediación política.

En ese punto, el ministro intentó construir un contraste entre la dureza del ajuste y la idea de eficiencia estatal. Según su mirada, el recorte no estuvo dirigido contra los sectores más vulnerables sino contra estructuras burocráticas y políticas que, según sostiene, no aportaban valor.

“La corrección fiscal tenía que hacerse”, insistió.