Justicia. La exsecretaria de Deportes de San Luis irá a juicio por una presunta malversación de $ 290 millones
La exfuncionaria de la gestión de Alberto Rodríguez Saá está acusada de desviar fondos públicos hacia un club que ella misma presidía y de la compra de un colectivo con sobreprecio. El juicio comenzará el próximo lunes.
Cintia Ramírez, quien se desempeñó como secretaria de Deportes de San Luis entre 2022 y 2023, enfrentará un proceso judicial por presuntos hechos de corrupción, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
La fiscalía, encabezada por Francisco Assat Alí, busca probar que la imputada utilizó su cargo para beneficiar intereses particulares por un monto cercano a los $ 290 millones.
El esquema de desvío de fondos a San Luis FC
Según la investigación, la maniobra comenzó en marzo de 2022 con la creación del Ente Deporte San Luis, el cual recibió un aporte estatal de $ 280 millones. Meses después, Ramírez fundó el club de fútbol femenino San Luis FC, ocupando la presidencia de la institución privada mientras seguía al frente de la Secretaría de Deportes.
La acusación sostiene que se realizaron 188 transferencias desde el ente público hacia el club privado por más de $ 166 millones.
Estos fondos fueron utilizados para cubrir diversos rubros del club, tales como transporte, viandas y electrodomésticos. Para los fiscales, los gastos de la entidad propiedad de Ramírez eran cubiertos sistemáticamente con fondos públicos gestionados por ella misma.
Sobreprecio en la compra de un colectivo
Otro de los pilares de la causa es la adquisición de un colectivo marca Volvo de 60 asientos en diciembre de 2023, apenas nueve días antes de que la funcionaria dejara su cargo. La operación se realizó por un valor de $290 millones.
Sin embargo, tasaciones oficiales determinaron que el vehículo se encontraba en malas condiciones y que su valor real era de $ 114 millones. Esta diferencia representa un sobreprecio estimado en $ 175 millones en perjuicio del erario público.
Pedido de condena y testigos clave
El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Ramírez. A pesar de que la defensa, ejercida por Marcos Juárez y Ramiro Rubio, planteó la nulidad de la acusación alegando vulneraciones procesales, la jueza Luciana Banó rechazó el pedido y habilitó la apertura del debate oral,.
Para el juicio fueron citados numerosos testigos, entre los que destaca el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien firmó el decreto que autorizó el subsidio al club y la compra del vehículo.
No obstante, versiones locales indican que el exmandatario podría ausentarse del país durante los días del proceso, lo que genera incertidumbre sobre su comparecencia en el tribunal. También deberán declarar exministros y peritos que participaron en las tasaciones del colectivo.
