En 2014, las denuncias judiciales reemplazaron al debate público

Quienes desde la restauración democrática reclaman por la progresiva judicialización del debate político tuvieron en 2014 una muestra acabada de los riesgos de trasladar las diferencias de opinión a los estrados penales. En todos los niveles y jurisdicciones de la gestión pública, el año fue un muestrario de denuncias que en la mayoría de los casos tuvieron amplia repercusión mediática y desplazaron el debate de ideas y propuestas de acción colectiva.En el orden nacional, ese fenómeno estuvo enmarcado en una dura disputa entre el poder político y los jueces, que está lejos de concluir. Tras 12 años de ejercicio de la administración, los puntos oscuros de la gestión kirchnerista empezaron a ser escrutados por los jueces. Previendo esta revisión, la Casa Rosada ubicó a los magistrados en la trinchera de sus enemigos, como si fuesen una corporación ajena al interés común.La respuesta no se hizo esperar y los funcionarios, hasta la cúspide misma del poder, comenzaron a transitar por los tribunales.En Córdoba, la disputa política trasladada a los despachos judiciales se valió de la fisura creciente entre la Justicia provincial y la federal. La relación entre los tribunales provinciales y los otros poderes públicos no llegó nunca a ser tan conflictiva como la que separa a la Casa Rosada de Comodoro Py, pero la influencia del Gobierno nacional en los Tribunales federales con asiento en la provincia sigue en ascenso.En el Centro Cívico, lo experimentaron en la campaña electoral de 2013 cuando estalló el denominado "narcoescándalo", tras la denuncia de un supuesto agente de inteligencia militar, hoy prófugo: Juan "el Francés" Viarnes. En 2014, a los funcionarios municipales les sucedió algo parecido.No obstante, tanto el gobernador De la Sota como el intendente Mestre pudieron cerrar el año con una situación mucho más holgada que los funcionarios nacionales. Aviones La denuncia del senador Luis Juez contra De la Sota, el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y la ahora exministra de Administración y Gestión, Mónica Zornberg, por la contratación y el uso de un avión privado de la firma Baires Fly SA, fue archivada por la jueza de Control en lo Penal Económico, Ana Lucero Offredi, a requerimiento del fiscal de Instrucción en lo Penal Económico Hugo Amayusco. Juez daba por sentado que los servicios aéreos se utilizaban para proselitismo y no para la tarea de gobierno. "Conforme a información que se nos ha hecho llegar, la aeronave que utilizó la empresa para ejecutar el contrato es de propiedad de José Manuel de la Sota o persona física o jurídica interpuesta, manejándose habitualmente en dicho avión el Sr. Horacio Miró, extitular de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento", sostuvo el legislador nacional en su denuncia. Y arriesgó que, si se corroboraban esos datos, también correspondería investigar el enriquecimiento ilícito del gobernador De la Sota y la violación de sus deberes públicos.La presentación tuvo un revés temprano. Al comparecer de manera espontánea, el fiscal de Estado recordó que, en torno del contrato con Baires Fly, "todo lo actuado fue aprobado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, por unanimidad", lo que incluía al miembro de la minoría, integrante del partido del legislador denunciante. Aludía a José Alberto Medina, integrante del Tribunal de Cuentas por el Frente Cívico.La Justicia pudo esclarecer que el contrato en cuestión no era para el alquiler de aeronaves sino para el suministro de horas de vuelo, y que los aviones utilizados no pertenecían al exfuncionario apuntado ni a terceros vinculados con el titular del Ejecutivo provincial."Quedó desvirtuada la idea de que se utilizó el contrato con Baires Fly para favorecer al propio gobernador o a alguno de sus funcionarios o familiares, alquilando un avión de propiedad de alguno de ellos. Tampoco hay el menor motivo para sospechar de un enriquecimiento patrimonial que habilite un pedido de explicaciones al respecto", dice el fallo que incluyó párrafos muy críticos para con Juez. Carnaval También tuvo destino de archivo la denuncia formulada por legisladores del Frente Cívico contra De la Sota y el titular de la Agencia Córdoba Turismo (ACT), Gustavo Santos, por no haber acreditado de modo debido los gastos del Carnaval de los Cuartetos, entre el 16 y el 18 de enero de 2013. Los denunciantes habían señalado que, según De la Sota, se gastaron tres millones de pesos y habría una rendición de cuentas transparente.Santos precisó en el expediente que el total que aportó la provincia fue de $ 3.987.816, que el carnaval costó $ 7.943.673, que los ingresos fueron de $ 3.995.857 y que la proyección financiera era la de lograr el equilibrio financiero en tres años.La jueza Lucero Offredi consideró que "habiendo dineros públicos en juego, las autoridades competentes deben dar a conocer cuánto y cómo se invirtió". Pero al preguntarse sobre el responsable jurídico directo del caso, recordó que la ACT es un organismo autónomo, con personería jurídica propia.El requerimiento fiscal, por su parte, ya había precisado que para la ACT no rige "el viejo sistema de la rendición de cuentas, negocio por negocio, evento por evento, sino el de la consideración global de la gestión por la asamblea de socios" y que los estados contables se confeccionan al cierre del ejercicio social; al finalizar 2013, para el caso en cuestión. De modo que tampoco se habían incumplido los plazos de rendición de cuentas.La Agencia Córdoba Turismo sostuvo que el Carnaval Cuartetero fue una decisión de "afirmación de la identidad cultural cordobesa" y un "evento de inmejorable proyección turística". No obstante, el Carnaval de los Cuartetos no se volvió a realizar. Obra pública 2014 concluyó con otra serie de denuncias en las que el componente político se mezcló con el Código Penal. El caso Kolektor, que incluyó una serie de videos polémicos, puso sobre el tapete las relaciones de una empresa contratista del Estado con negociaciones ajenas a su función. Las causas se multiplicaron entre la Justicia provincial y los Tribunales federales y recién se ejecutaron las primeras medidas instructorias en los expedientes.El nombre de Horacio Miró volvió a ser puesto, en ese caso, en el centro de acusaciones políticas entre oficialismo y oposición. En el Centro Cívico recordaron, con pruebas en la mano, que ninguna de las obras públicas de la actual gestión fue realizada por la empresa Britos SA y que esta sólo tiene en ejecución la pavimentación del camino de las Altas Cumbres en unión transitoria de empresas con la constructora Chediack como contratista.Se trata, recordaron, de una obra contratada en 2010 con proyecto y financiación de la Dirección Nacional de Vialidad.

Uno de los fallos más contundentes sobre denuncias formuladas en 2014 fue en la causa iniciada por el radical Miguel Nicolás luego de que cuestionara por TV la construcción y el uso de un helipuerto privado en el barrio cerrado donde vive De la Sota en Río Cuarto.

Había tres ítems a esclarecer: si se habían comprometido fondos públicos en la construcción, si se lo había operado de manera clandestina y si se usó en forma indebida el helicóptero oficial.

Tras la investigación, la Justicia comprobó que los hechos denunciados no alcanzaban a encuadrar en ninguna figura penal existente y que la mayoría de las pruebas aportadas eran informes periodísticos.