En 2011, la Corte rechazó involucrarse en contra de la droga
Ese año, el máximo tribunal desestimó un amparo colectivo presentado en 2006 por más de cinco mil vecinos de Córdoba.
El 5 de abril de 2011, la Corte Suprema de la Nación paralizó un proyecto inédito en todo el país. Un manotazo de ahogado que ya llevaba más de cinco años intentando caminar entre los vericuetos judiciales para saltar a la realidad.
Sin embargo, los jueces del máximo tribunal judicial del país terminaron por resolver que se trataba de un “recurso extraordinario inadmisible”, según firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. Sólo Raúl Zaffaroni planteó su disidencia.
Se trataba del amparo masivo presentado en septiembre de 2006 por más de cinco mil vecinos de la ciudad de Córdoba. Patrocinados por el abogado Aurelio García Elorrio (actual legislador provincial), presentaron un recurso de amparo para pedir a la Nación un plan especial de lucha contra el narcotráfico.
En resumen, aseguraban, que “la Policía había abdicado ante los narcotraficantes” y solicitaban, además de fuerzas de seguridad nacionales, planes ocupacionales y de capacitación para los jóvenes.
Entre los amparistas había un nutrido grupo de Villa Cornú, vecinos que habían relevado, por su cuenta, más de 40 puntos de ventas de drogas en sólo 70 manzanas. Armados, salían a “patrullar” para enfrentar a los traficantes.
En noviembre de aquel año, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba acogió el planteo y ordenó a la Nación que asistiera a los vecinos en la faz laboral y educativa. Fue entonces que el amparo tuvo repercusión en los medios de todo el país. En mayo siguiente, en 2007, la entonces jueza federal Nº 3, María Cristina Garzón de Lascano, notificó los amparos a la Nación.
En agosto, la jueza fijó una audiencia entre los amparistas y el Estado. La magistrada postergó la reunión a raíz de un expreso pedido del Ministerio de Trabajo, cuyo jefe de Gabinete de asesores, Norberto Ciaravino, solicitó estar presente.
El derrotero judicial continuó. En septiembre de 2010, se conoció que el Ministerio de Trabajo de la Nación iba a incorporar a más de 400 de los amparistas de la ciudad de Córdoba en planes de empleo concretos.
En diciembre de 2009, en uno de sus últimos dictámenes antes de renunciar, la jueza Garzón de Lascano había ordenado a la Nación que elaborara planes de trabajo para incluir a 535 vecinos de la ciudad de Córdoba.
Mientras se resolvía el amparo masivo, los vecinos habían presentado una medida cautelar. En el fallo sobre este último planteo, Garzón de Lascano asentó que los amparistas “se encontrarían amenazados, y el peligro en la demora resulta de la difícil situación económica que atraviesan sus familias, con lo que quedaría evidenciado que las medidas adoptadas resultarían insuficientes”.
En la misma línea, con el objetivo de apurar los tiempos judiciales, en octubre de 2007, uno de los amparistas también interpuso otra medida cautelar, sobre el plan de contingencia en lo referente a seguridad, a los que la jueza dio lugar.
Sin embargo, la Nación apeló y en agosto de 2009 la Cámara Federal de Córdoba resolvió dejarla sin efecto. El fallo ordenó a la jueza citar al gobernador de la Provincia para explicar a la Justicia qué planes concretos desarrollaba contra el narcotráfico, audiencia que jamás se materializó.
García Elorrio apeló la resolución, pero en abril de 2011, la misma Corte Suprema, que ahora pide medidas urgentes para luchar contra el narcotráfico en el país, rechazó el recurso.
