El martes indagan a los 16 policías detenidos

Tanto el gobernador José Manuel de la Sota como el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, dieron por superado cualquier conato de nuevos problemas por reclamos en filas de la Policía de Córdoba. De este modo, la presencia del millar de gendarmes que envió la Nación a la provincia a título preventivo el pasado jueves ya casi no tiene razón de ser. Se especula que en las próximas horas los efectivos podrían ser trasladados a otros puntos del país.Capitanich afirmó que la situación en Córdoba "está debidamente resuelta" por la acción "coordinada" del Gobierno nacional y el provincial, que se tradujo en la llegada del secretario de Seguridad, Sergio Berni, para afrontar la situación junto con el gobernador.Ambas administraciones se encargaron de contrastar la "sintonía fina" que exhibieron en esta oportunidad con respecto a los sonoros desencuentros que protagonizaron el 3 y el 4 de diciembre, cuando el gobernador pidió gendarmes bien tarde y vía Twitter, y la Nación se hizo la desentendida y jugó con el fuego del conflicto.Así, toda la expectativa quedó concentrada ahora en cómo evolucionará la situación judicial de los 16 policías que fueron detenidos por orden del fiscal Raúl Garzón, acusados de haber instigado el acuartelamiento de esa fuerza el pasado 3 de diciembre.A ese grupo hay que sumar a dos mujeres: Adriana Rearte, exagente del Servicio Penitenciario y esposa de un policía, acusada de "entorpecimiento funcional" por una manifestación que encabezó frente a la Guardia de Infantería el día del acuartelamiento. Y el pasado jueves a última hora fue puesta en situación pasiva otra mujer, también del Servicio Penitenciario, que convocaba a través de su celular a resistir justamente la detención de Rearte.Además, ayer el gobernador José Manuel de la Sota firmó los decretos de pase a retiro obligatorio para 23 policías, que se suman a cinco bajas de jefes departamentales que se habían dispuesto ya el jueves.Con esta nueva movida, pasan a retiro cinco oficiales superiores, 12 oficiales jefes, tres oficiales subalternos y tres suboficiales. En todos los casos, desde el Gobierno se despegaron estos movimientos de los coletazos generados por el acuartelamiento y se los inscribió en el marco habitual de ascensos y retiros de cada año. Indagatorias El fiscal Garzón precisó ayer que desde el martes próximo indagará a los 16 detenidos, quienes ayer ya empezaron a designar a sus respectivos abogados defensores. Se da por descontado que el fiscal recibirá numerosos planteos en los que se pedirá la libertad de esos policías, situación que deberá resolver puntualmente la próxima semana. Ayer, y por razones obvias –no adelantar opinión–, se excusó de hablar demasiado sobre el particular.Por otra parte, el magistrado no descartó que se puedan disponer nuevas detenciones, aunque dijo que tal posibilidad todavía no está decidida, ya que depende del curso que tome la causa. Otra línea de investigación pendiente para la fiscalía es, por ejemplo, determinar si hubo policías que hayan participado activamente en los saqueos y también determinar eventuales responsabilidades de la superioridad durante el acuartelamiento.Asimismo, otras fuentes consultadas relativizaron a este diario que de la causa judicial en marcha pueda surgir una revisión inmediata del acuerdo salarial y por condiciones de trabajo que la Provincia cerró con los uniformados.Se sabe: hay quienes sugieren (y así se ha avanzado en otras provincias) que las reivindicaciones de los uniformados se concedieron bajo extorsión y que por lo tanto es revisable su validez legal. Al menos hasta ahora, en Córdoba no se han dado indicios de avanzar en esa dirección. "El acuerdo no está cuestionado. Hoy no hay pruebas para ponerlo en duda", deslizó una fuente judicial.Los delitos que se imputan a los 16 policías contemplan penas de dos a seis años, aunque el fiscal insistió en que permanecen detenidos "para preservar la prueba y la investigación".