El juez designó para mediar a un “superabogado”
Daniel Pollack, un prestigioso litigante de Nueva York, intermediará entre los “holdouts” y el Gobierno argentino. La Federación de Abogados ofreció su asesoramiento al Gobierno.
En la hipercompetitiva industria del juicio de los Estados Unidos hay de todo. Incluso agencias que se encargan de dar un “puntaje” a los abogados que actúan en los tribunales, de modo similar a las agencias que “califican” la credibilidad de los países endeudados. El fin es el mismo: ofrecerle a quienes contratan, en este caso un abogado, un servicio que permita evaluar a quién encargarle un caso.
Una de las agencias más famosas es Superlawyers. En el ranking de los mejores abogados de Nueva York correspondientes a 2013 aparece Daniel Pollack, un especialista en negociaciones laborales y en litigios sobre activos (valores como acciones, bonos, etcétera) que, ayer, fue designado por el juez Thomas Griesa como mediador en la negociación que llevarán adelante los representantes del Gobierno argentino y los de los llamados “fondos buitre” (que ya cuentan con un fallo a su favor avalado por la Corte Suprema de los Estados Unidos).
Formado en las universidades de Harvard (Estados Unidos) y de Oxford (Inglaterra), el currículum de Pollack parece sacado de las series de abogados de la televisión estadounidense.
Ofrecen asesoramiento
Desde el lado argentino, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) advirtió hoy que “si no se llega a una razonable, justa y pronta resolución” en el caso del pago a los holdouts “la situación económica, social y política del país se tornaría muy crítica”.
Además, la Faca dijo que el fallo del juez Thomas Griesa para un sector de los “fondos buitre” no es aplicable al resto de los tenedores de bonos, y ofreció sus servicios para colaborar a la resolución del problema de manera “gratuita”.
La Faca advirtió que “si no se llega a una razonable, justa y pronta resolución para el cumplimiento de la sentencia dictada por Griesa, la situación económica, social y política de nuestro país se tornaría muy crítica, lo que agravaría las condiciones actuales de la ciudadanía y colocaría a la Argentina en una nueva situación de default”.
Y ello, “a pesar que el gobierno argentino se ha manifestado a través de todos sus representantes con la voluntad de cumplir con los fallos judiciales y negociar las formas de pago”.
“Ante esta grave situación consideramos que la cuestión planteada en la Justicia estadounidense es un tema esencialmente jurídico, por cuanto se parte de los efectos que irradia una sentencia dictada por un tribunal extranjero que debe aplicarse única y exclusivamente a las partes intervinientes en ese juicio, que no produce efecto erga omnes, no siendo aplicable al resto de los acreedores que ya acordaron cuando ingresaron al canje de la deuda en los años 2005 y 2010”, dijo la entidad.
Y aclaró que “tampoco al resto de los acreedores (holdouts) que todavía no han insinuado sus acreencias, a los cuales no se conocen sus identidades y que no han iniciado juicio alguno en contra de la Argentina”.
“Estamos frente a una realidad concreta, frente a una situación actual donde se debe resolver el cumplimiento de una sentencia que ordena abonar 1.330 millones de dólares y no de la eventual o de arrastre de 15 mil millones de dólares”, alertó.
Bossio se cubre. El director de la Anses, Diego Bossio, negó que "los fondos buitre puedan embargar recursos" administrados por el organismo, debido a que son de "carácter previsional y no comercial". Así lo estableció en 2010 la Corte Suprema de EE.UU.
