Disputa. El Gobierno calificó de “ilegal e ilegítima” la explotación petrolera en Malvinas
Cancillería rechazó la autorización del gobierno isleño a empresas británicas e israelíes para operar el yacimiento Sea Lion. Anticipó acciones administrativas, legales y judiciales.
El Gobierno argentino cuestionó la autorización otorgada por la administración local de las Islas Malvinas a las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum para avanzar en la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
A través de un comunicado, la Cancillería calificó el proyecto como una iniciativa “ilegítima e ilegal”, al considerar que afecta áreas sujetas a disputa de soberanía. También advirtió que tomará “las acciones pertinentes” basadas en el derecho internacional.
Cuestión Malvinas: rechazo argentino a los anuncios presentados por las ilegítimas licenciatarias en las Islas Malvinas
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) December 11, 2025
La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper… pic.twitter.com/1f6kntTMRo
Advertencia de sanciones y medidas judiciales
Cancillería sostuvo que cualquier actor que participe o facilite estas actividades podría quedar expuesto a sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones, además de acciones legales en ámbitos nacionales e internacionales.
“La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, señaló el comunicado.
Inversiones y antecedentes de las empresas
La fase inicial del Programa de Desarrollo del Área Norte prevé una inversión de U$D 2100 millones, con previsión de extracción a partir de 2028.
El proyecto retoma un hallazgo anunciado hace casi una década, considerado por las compañías como un “yacimiento de clase mundial”.
Cancillería recordó que Rockhopper fue declarada “clandestina” en 2012 e inhabilitada en 2013 por operar sin autorización en territorio argentino. Navitas recibió sanciones similares en 2022.
Cuestionamientos legales y disputas de fondo
El Gobierno señaló que toda explotación unilateral de recursos en zonas en disputa contradice las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que instan a ambas partes a evitar cambios unilaterales mientras continúan las negociaciones sobre soberanía.
También rechazó lo que definió como “actos conexos” del proyecto, incluyendo concesiones isleñas, contratación de proveedores y normas locales que habilitan la explotación offshore.
