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El Gobierno busca un acuerdo con “holdouts”

La Presidenta anunció que pedirán al juez “condiciones” para una negociación “justa y equitativa”. Griesa prohíbe pagar los títulos en el país.

21 de junio de 2014 a las 12:01 a. m.
Especial, Agencias DyN y AP
El Gobierno busca un acuerdo con “holdouts”
Festejo patrio. “Acá en Argentina lo que sobra es buena fe”, dijo Cristina ante militantes partidarios, durante la celebración del Día de la Bandera en el monumento del símbolo patrio, en Rosario (Télam).

Buenos Aires. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció haber dado "instrucciones" para que se le solicite al juez estadounidense Thomas Griesa "condiciones de negociación justas para poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el 100 por ciento de los acreedores". "Sólo pedimos condiciones justas" sostuvo durante un discurso en Rosario, con motivo del Día de la Bandera y por cadena nacional, y ratificó en varias oportunidades que la Argentina "siempre está dispuesta a negociar. Tenemos vocación de negociación y aquí, siempre hay buena fe", señaló. Por su lado, el juez Griesa emitió una orden en la que prohíbe a la Argentina pagar sus títulos de deuda dentro del país, tal como lo había anunciado esta semana el ministro de Economía, Axel Kicillof.De sólo dos párrafos, la orden de Griesa es una consecuencia directa de la audiencia de urgencia del miércoles, en la que el magistrado advirtió que no quería otra "burla" de la Argentina. La orden llegó inmediatamente después del discurso conciliador de Cristina, en el que mostró disposición a negociar con los llamados fondos buitres.Eugenio Bruno, uno de los abogados que activamente sigue el expediente, interpretó lo ocurrido como un signo de "incredulidad" en el juzgado sobre los pasos de la Argentina. "Por el momento hay incredulidad en el juzgado de Griesa. Se vio en la audiencia del miércoles y en esta orden. Pero podrían revertirse a partir de ahora", dijo Bruno al diario La Nación.En los círculos económicos, el mensaje presidencial fue interpretado como una señal de que el Gobierno encamina una fórmula para evitar la cesación de pagos (default) y acatar el fallo dado a conocer el lunes por la Corte de los Estados Unidos, que favoreció a los holdouts. En lo inmediato, la Argentina deberá resolver y acordar el pago de 1.330 millones de dólares, que se corresponden con esta sentencia. Fuentes ligadas a los fondos acreedores admitieron la factibilidad de acordar un plan de cancelación que contenga la emisión de bonos.

Mensaje

“Nosotros queremos cumplir con el 100 por ciento de los acreedores, con el 92,4 por ciento que ingresó al canje y también con los que no ingresaron”, enfatizó la Presidenta.

Más adelante y para despejar cualquier duda sobre los próximos pasos del Gobierno, se preguntó: “¿Tan injusto e imprevisible es alguien que pide que se cuide al 92,4 por ciento de la misma manera que se cuida al uno por ciento? Queremos que se cuide al 100 por ciento y que se generen esas condiciones porque la Argentina, como siempre, va a estar dispuesta a dialogar”, precisó.

En cuanto a la apertura del proceso de negociación para abonar el juicio que la Argentina perdió en sede estadounidense, la Presidenta añadió que había dado instrucciones al ministro de Economía para que los abogados soliciten al juez que genere las condiciones para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el 100 por ciento de los acreedores “porque hay leyes que cumplir, normas que respetar”.

Como marco a la voluntad de negociar, remarcó: “Si 19 ministros de economía (de los países miembros del Club de París) negociaron con el ministro Kicillof en Europa y una de las empresas más importantes del mundo negoció con nosotros por YPF (Chevron), por qué no va a poder hacerlo un pequeño grupo si hay buena fe, y acá en la Argentina hay buena fe”, remarcó.

“Creemos que tenemos el derecho y el deber de ser parte de una negociación justa y equitativa y que nos garanticen la posibilidad de hacer esa negociación si la hemos hecho con otros países”, dijo.

Algunos economistas afirman que el país entraría en

default

técnico el 30 de junio, en caso de no poder pagar a los bonistas que aceptaron los canjes. Otros sostienen que el Gobierno cuenta con 30 días de gracia. Según los analistas, la negociación será bajo la mirada de Griesa, quien debe volver a imponer la cautelar para que no haya embargos.