EE.UU. autorizó difundir datos sobre “la ruta del dinero K”
Se trata de maniobras atribuidas a los kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López. Un juez de Nevada le dio la razón a Jorge Lanata.
Buenos Aires. Un juez del Estado de Nevada autorizó la difusión de datos de un caso vinculado a la denominada "ruta del dinero K", porque incluye "denuncias creíbles de fraude que involucran a cientos de empresas" del distrito y a una "nación soberana". La decisión la adoptó el juez Cam Ferenbach, en el marco de una presentación del periodista Jorge Lanata para que se dé a conocer la declaración de una testigo, Patricia Amunategui, representante en los Estados Unidos de la firma panameña de abogados Mossack & Fonseca. Ferenbach señaló que "sólo los datos personales de la testigo pueden permanecer confidenciales" y calificó al resto del testimonio como "de interés público", en torno a la "salud del mercado global de bonos".
Báez y López
Según el fondo especulativo NML, de Paul Singer, el estudio jurídico de Panamá habría constituido unas 123 sociedades en Las Vegas que son atribuidas en su mayoría a los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López. El juez, amparado en razones de “interés público”, acaba de autorizar la difusión “parcial” del testimonio de Amunategui el 5 de marzo, mientras que dejó fija una audiencia ya prevista para el día 9, para resolver “los desacuerdos” entre las partes.
En un giro que sorprendió a muchos abogados, el juez de Nevada se anticipó a la audiencia de marzo y se pronunció en favor de la liberación del secreto que ahora pesa sobre la investigación de la llamada “ruta del dinero K”. Promovido por los llamados “fondos buitre”, ese expediente sigue la pista de supuestos hechos de corrupción atribuidos a figuras cercanas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como Báez y López.
La razón del periodista
“Esa información sensible debe ser revelada”, sostuvo el juez Ferenbach, al hacer lugar a un pedido de Lanata, quien se presentó como parte con el único propósito de que se liberara esa información. La decisión del juez le da plenamente la razón.
El 26 de noviembre último, cuando regresó de su prolongada ausencia por un cuadro de sigmoiditis, la Presidenta aludió por primera vez a esa pesquisa y desafió al juez a mostrar la información del caso. “Tengo la intuición de que fueron a buscar un nombre que finalmente no encontraron” y, en cambio, encontraron otros. “Díganle a ese juez que ningún carancho financiero va a extorsionarme”, dijo hace dos semanas.
Los fondos buitre, que en su momento se negaron a que los datos salieran a luz, aseguran que hay información de hechos de fraude y lavado de dinero que “involucran a personas investigadas en la Argentina”. Hasta ahora, los litigantes vinieron usando ese expediente secreto para presionar al Gobierno a negociar el pago del fallo en su favor por 1.400 millones de dólares que emitió el juez Thomas Griesa y que fue plenamente ratificado por la Corte de este país.
