Rumbo a 2027. Duro diagnóstico sobre la seguridad en Córdoba de un dirigente libertario

El dirigente Sebastián García Díaz, hoy en La Libertad Avanza, presentó la propuesta denominada "Shock de seguridad", en el que traza u diagnóstico crítico sobre la situación en la ciudad de Córdoba. El trabajo sostiene que existe una crisis institucional que favorece la impunidad y que permite el crecimiento sostenido del delito, el narcotráfico y las economías ilegales.

Se trata de un trabajo que García Díaz lleva adelante de cara a su intención de ser intendente de la Capital en 2027.

El informe describe un sistema penal que pierde capacidad para investigar y sancionar. Según sus datos, durante 2025 ingresaron 167.949 denuncias en las unidades judiciales. De ese total, apenas 14.958 expedientes fueron procesados por las fiscalías de instrucción. El dato más llamativo aparece en la etapa final del proceso, ya que el dirigente afirma que solo se dictaron 87 sentencias mediante el procedimiento tradicional, lo que lleva al autor a concluir que menos del 0,1% de los delitos denunciados termina con una condena efectiva de prisión.

El trabajo agrega otro indicador que García Díaz considera preocupante. Durante el mismo año hubo 470 sobreseimientos por prescripción, una cifra que supera ampliamente la cantidad de sentencias. Para el dirigente, esa diferencia refleja un sistema judicial que deja vencer las causas antes de llegar a juicio.

También analiza la situación de los menores de edad. De los 2.901 adolescentes imputados durante el año, apenas 314 quedaron sometidos a un régimen efectivo de privación de la libertad. El resto transitó procedimientos administrativos que, según el informe, carecen de consecuencias penales relevantes.

El documento plantea que las estadísticas oficiales muestran solo una parte del fenómeno. Señala que el propio Gobierno provincial reconoce que el 42% de los delitos no se denuncia. Cita además informes técnicos que elevan esa cifra hasta dos tercios del total.

Sobre esa base proyecta que en Córdoba Capital se producen más de 400.000 hechos delictivos por año, un promedio de 45 delitos por hora o uno cada 80 segundos. Con esa estimación sostiene que tres de cada cuatro hogares sufren algún hecho de inseguridad cada año.

Respecto del tipo de delitos, el informe afirma que el 66 por ciento ocurre en la vía pública, el 26 por ciento en viviendas y el 6 por ciento en comercios.

Uno de los capítulos centrales cuantifica el volumen económico de las actividades ilegales. El trabajo de García Díaz calcula que la economía criminal mueve unos 153,65 millones de dólares anuales en la ciudad.

El principal componente corresponde al narcotráfico. Según el informe, el consumo anual alcanza unas 30 toneladas de marihuana y 3,5 toneladas de cocaína, con una facturación minorista estimada en 83 millones de dólares. A eso suma la actividad logística.

García Díaz sostiene que unas 250 toneladas de droga atraviesan la provincia cada año y que las organizaciones locales cobran un peaje del 15 por ciento por facilitar ese tránsito, un negocio que estima en otros 34,12 millones de dólares. También calcula que funcionan entre 2.500 y 3.000 puntos de venta de droga en la capital.

El mercado de bienes robados constituye el segundo gran segmento. El informe estima el robo de 23 vehículos por día, unas 1.400 motocicletas por año y más de 60.000 teléfonos celulares anuales. Agrega alrededor de 20.000 robos en viviendas y comercios. En conjunto calcula que esas actividades representan otros 36,53 millones de dólares.

El diagnóstico también alcanza a la Policía de Córdoba. El trabajo sostiene que, sobre un total cercano a 23.000 efectivos, apenas unos 3.000 realizan tareas preventivas en la calle en un momento determinado. Esa disponibilidad equivale, según el informe, a seis policías por barrio.

En materia de formación, cuestiona el equilibrio entre contenidos académicos y entrenamiento operativo. Afirma que un cadete recibe más de 2.600 horas de formación teórica y menos de 80 horas de práctica táctica durante tres años. También asegura que realiza menos de 100 disparos reales durante toda su etapa de formación y que muchos agentes pasan años sin prácticas de tiro una vez incorporados al servicio.

El documento incorpora críticas al diseño curricular. Señala que el material de estudio dedica 51 páginas a contenidos vinculados con perspectiva de género y apenas seis páginas a la Ley Provincial de Seguridad.

En el apartado tecnológico, compara la infraestructura de vigilancia. Córdoba Capital dispone, según el informe, de unas 1.500 cámaras para cubrir 576 kilómetros cuadrados. Rosario cuenta con 6.780 cámaras y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con unas 15.000.

Las observaciones también alcanzan al Ministerio Público Fiscal. El informe indica que ese organismo administra un presupuesto de 153.624 millones de pesos y que el 95% se destina al pago de salarios. Afirma que solo el 3 por ciento se invierte en herramientas de investigación científica.

Añade que el 90% de los delitos contra la propiedad queda archivado con autores ignorados y sostiene que Córdoba ocupa el tercer lugar nacional en un ranking de opacidad elaborado por el INECIP.

El trabajo dedica un apartado a la población penitenciaria para cuestionar la idea de que el delito responde exclusivamente a la falta de oportunidades económicas. Según los datos citados, el 86 por ciento de las personas privadas de libertad tenía trabajo o ingresos al momento de cometer el delito, el 53,7 por ciento había completado la educación obligatoria y el 71,8 por ciento contaba con un oficio o profesión.

El informe también atribuye un cambio en la evolución de los hurtos a la derogación del antiguo Código de Faltas y su reemplazo por el Código de Convivencia en 2015. Sostiene que la eliminación de la figura del merodeo redujo las herramientas preventivas de la Policía y vincula esa modificación con un aumento de los hurtos, que pasaron de unos 25.000 casos anuales a casi 49.000.

Como conclusión, García Díaz afirma que la inseguridad en Córdoba responde a un problema estructural que involucra a la Policía, la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el marco legal vigente. El documento sostiene que el volumen económico del delito ya compite con los recursos destinados por el Estado a combatirlo y plantea la necesidad de una reforma integral del sistema de seguridad.