Dos piquetes de ojos a Macri y uno a la CGT

El peronismo kirchnerista o exkirchnerista por ahora liderado por el Movimiento Evita y por otros grupos político-piqueteros similares –algunos no peronistas y casi todos bergoglistas– se jugó mucho en la marcha de ayer para exigir la sanción de una ley de "emergencia social" que obliga al Estado a "crear un millón de puestos de trabajo" financiados con 50 mil millones de pesos que se piensan cargar a un presupuesto público que ya lleva 10 años de rojo creciente y furioso. Parte de la comparsa es la propia Confederación General del Trabajo (CGT), aunque, como se verá, hay muy buenas razones para pensar que, al menos desde cierto punto de vista, la propuesta piquetera atenta contra los propios representados de la central. Pero el cegetismo odia y teme ser corrido por izquierda. Así que respaldó la marcha.La idea está calcada del Plan Argentina Trabaja (el PAT) lanzado en 2009 por el gobierno kirchnerista. Y hay que reconocerle el mérito de haber sido parte del paquete que nadie sabe si redujo o aumentó la pobreza en los siguientes seis años.En los papeles, el PAT era para que personas excluidas se agruparan en cooperativas manejadas por el Inaes a las cuales municipios y provincias, pero sobre todo el Ministerio de Infraestructura de Julio De Vido, les asignaban obras menores. Primer dato: cuando se cuentan los "empleos que se crean", nadie cuenta los empleos que "descrean" en contratistas que realizaban hasta entonces esas obras públicas. Segundo dato: cuando se plantean los costos fiscales, se anotan sólo los sueldos que paga el Estado (3.200 pesos, a hoy, que el proyecto piquetero quiere casi triplicar) y no se anota el gasto en esas obras. El PAT fue usado en forma muy discriminatoria y se orientó, en una porción desconocida, a financiar militantes y fuerzas piqueteras (sobre todo las aliadas) a las que se quería mantener con los pies en el plato y fuera del Estado. Los primeros años, las decenas de miles de beneficiarios eran exclusivamente del Gran Buenos Aires. Según Cippec, en 2010, de 201 mil beneficiarios, 180 mil eran de allí. "Las fuentes consultadas en diversos distritos han dado indicios para señalar que la asignación efectiva tuvo un claro componente político-arbitrario", dice la evaluación Cippec.Los "movimientos sociales", ellos también, vieron pobres sobre todo en los distritos donde se concentra el electorado.Se entiende el interés piquetero en lograr que esta ley pase.Un primer objetivo es privatizar, a favor de sus partidos y por medio de las cooperativas que manejan, una parte muy importante del presupuesto de acción social. Es invaluable a la hora de hacer política. El plan costaría 50 mil millones de pesos, según las estimaciones más conservadoras. La ministra del área, Carolina Stanley, tiene presupuestados, en total, 130 mil millones de pesos para el año que viene. El proyecto no sólo multiplicaría por 9 los actuales 120 mil beneficiarios. Independiza a los gestores piqueteros del ministro, con quien ya no tendrán que negociar. El segundo objetivo es horadar aún más las ya remotas posibilidades de que el macrismo logre dar señales de que va hacia el equilibrio fiscal. No hay nada mejor que obligar a un político a firmar cheques sin fondo poniéndole una pistola en la cabeza para hacerlo saltar por los aires con una crisis fiscal. Y es por eso que las diversas franquicias peronistas van a hacer valer su amplia mayoría en el Congreso para sacar esta ley. Tienen todo para ganar y, en última instancia, forzarán a otro veto desagradable. Lo raro es la CGT. De cada 100 argentinos, sólo 14 son asalariados en blanco del sector privado. Los demás son muy viejitos o muy chiquitos para trabajar; están desempleados; tienen empleos hiperprotegidos en la casta estatal; trabajan en negro por menos plata (pero sin aportar a jubilaciones, obras sociales y sindicatos, y, por ende, contribuyendo al desfinanciamiento actual); o, en menor medida, son autónomos, monotributistas o monotributistas sociales (como los que quieren multiplicar los piqueteros). Si tienen éxito, los piqueteros se quedarían con un millón de desempleados o informales convertidos cooperativistas. Y la CGT mantendría sus seis millones de asalariados en blanco, condenados a pagar los impuestos que financian a todos los demás. Es lo más peligrosamente cerca del empate que habrán quedado jamás los gremialistas y los piqueteros.