Difícil de gobernar (y de volver a gobernar)

Se suceden los intendentes, se reiteran las crisis y avanzan los problemas en la ciudad de Córdoba. Casi podría prescindirse de nombres propios. Si se observan los últimos 15 años, hasta cuesta identificar períodos de excepción a esta realidad dentro del ejido cordobés. El aparato municipal devora presupuestos, limita al extremo las posibilidades de cambiar algo dentro –y, sobre todo, afuera– del Palacio 6 de Julio y aniquila por igual las expectativas políticas de los votantes y los votados. Siempre hay una oposición lista para adjudicarle la totalidad de las culpas al intendente de turno, pero la clase política cordobesa debería ir admitiendo que la crisis que vive la capital provincial a esta altura ya es estructural y de responsabilidad multipartidaria. Los exintendentes en primer lugar. Con una presión impositiva cada vez más difícil de sobrellevar y un municipio con dificultades evidentes para dar respuestas a las demandas ciudadanas básicas desde hace mucho tiempo, la gobernabilidad en Córdoba pende de un hilo bastante frágil.Hay circunstancias que sin dudas la vuelven mucho más vulnerable: un intendente imputado por un supuesto desvío de subsidios nacionales, dudas crecientes sobre la transparencia de las principales licitaciones municipales o la impericia evidente para controlar las obras de la empresa constructora más pródiga en contrataciones del municipio –Pablo Federico–, citando por orden cronológico los sucesos de la semana pasada.La acción penal que cayó sobre Ramón Mestre es un problema mayúsculo, y no sólo por sus consecuencias judiciales: las más de 600 unidades cero kilómetro que incorporó el transporte urbano sin dudas son el mayor logro que puede exhibir la gestión radical y ese proceso quedó bajo sospecha. La paralela imputación al empresario Juan Carlos Romero, dueño de la empresa de colectivos Ersa –que tiene vínculos muy estrechos con otra de las concesionarias, Autobuses Santa Fe– y también propietario de la firma de recolección de residuos Lusa, extiende también el cono de sombras a la licitación de la basura, que debería tener un avance importante esta semana con la apertura de las propuestas económicas. Lusa, al igual que Cotreco, presentó ofertas para las tres zonas de recolección. Ese proceso pone en juego un negocio que en ocho años superará ampliamente los mil millones de pesos, y cuesta imaginar que la actual gestión pueda firmar otro contrato con el empresario imputado. Máxime cuando otra causa judicial de la que poco se sabe por estos días apunta a Mestre, al viceintendente Marcelo Cossar y al propio Romero por dádivas. No serán días fáciles para una gestión que encuentra problemas inesperados en todos los frentes. Menos cuando los políticos están en ebullición porque viven esa primavera en la que brotan los aliados electorales y los adversarios a los que deberán vencer el año próximo. Para peor, el partido del intendente está en la misma situación, pero a nivel interno, y es justamente la figura de Mestre la que divide aguas en lugar de aglutinar voluntades. Todo eso ocurre en el mismo momento en que los intendentes –también los gobernadores, obviamente– afinan los números, tratan de disimular los rojos actuales, les suman el 40 por ciento que todos presienten de índice inflacionario, le agregan las necesidades del calendario político, y obtienen como resultado el imperativo de presupuestos que exigen nuevas subas de impuestos. Los porcentajes preliminares son mucho más elevados de lo que la prudencia política recomienda.La gobernabilidad de Córdoba navega en aguas bravas desde hace años. Era el principal desafío del radicalismo en el municipio, y las aguas vienen cada vez más turbulentas.