Desde el lunes, se intensifican los controles de precios en Córdoba
Tras la publicación del decreto presidencial, el Ejecutivo municipal encabezará los operativos.
En la Municipalidad de Córdoba aguardaban la publicación en el Boletín Oficial del decreto por el cual se convocaba a intendentes a que se sumen al control de precios. Eso sucedió este jueves, por lo que desde el lunes se intensificarán los operativos, que ya se habían iniciado de la mano de los concejales.
El decreto presidencial 351/2020 convoca a "los intendentes e intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control" de los precios máximos establecidos a principios de marzo.
En el articulado, se establece que los municipios podrán realizar los procedimientos pero la sanción correrá por cuenta de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Así las cosas, en la Municipalidad de Córdoba intensificarán los controles desde este lunes.
Hasta ahora, los concejales junto a los directores y subdirectores de los Centros de Participación Comunal (CPC) y con el apoyo de inspectores municipales venían realizando "relevamientos" de precios.
Cuando detectaban incumplimientos de los precios máximos, se intimaba a que se rectifiquen. Si eso no sucedía, se procedía a informar a la Dirección de Defensa del Consumidor municipal.
Desde el lunes, los operativos estarán encabezados por esa repartición. Según pudo averiguar La Voz, el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, dispuso que todo el personal de esa área vuelva a trabajar.
Además, se sumarán otros funcionarios municipales, miembros del Tribunal de Cuentas y del personal político de la Justicia Administrativa de Faltas, que ya realizaron los cursos para obtener la chapa de inspector.
El director de Defensa del Consumidor, Juan Franco Carrara, será el encargado de coordinar todos los operativos. En ese sentido, desde el municipio aclararon que los concejales continuarán participando.
La Municipalidad podrá labrar las actas de infracción, pero la sanción la tendrá que aplicar el Gobierno nacional. Esto provoca cierto malestar en el Palacio 6 de Julio, ya que el operativo tiene un costo para el municipio que no es solventado por la Nación.
