Denuncian a Oyarbide por frenar un allanamiento

Diputados nacionales de la UCR y Unen denunciaron penalmente al juez federal Norberto Oyarbide y al subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, por la suspensión del allanamiento que el magistrado dispuso a una mutual luego de recibir un llamado del funcionario. La denuncia fue presentada por los diputados Manuel Garrido, José Cano y Mario Negri, por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento.Fuentes judiciales informaron que la causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, pero no se descarta que quede acumulada en la que lleva el magistrado Luis Rodríguez por un presunto pedido de coimas de policías que hicieron el allanamiento a nombre de Oyarbide.Oyarbide ordenó el 19 de diciembre pasado una veintena de allanamientos en una causa por lavado de dinero, uno de ellos en la mutual Propyme donde su dueño, Guillermo Greppi, denunció que los oficiales de la división Difoc de la Policía Federal le pidieron tres millones de pesos en nombre del juez para no continuar el allanamiento.El juez reconoció esta semana que suspendió el operativo cuando recibió un llamado de Liuzzi, en el que lo alertaba de presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en el procedimiento."Es llamativo que un magistrado reciba llamados telefónicos de funcionarios del poder Ejecutivo en donde se le hacen sugerencias sobre una causa judicial. La receptividad por parte de Oyarbide presupone un trato previo ya que, de lo contrario, no se explica cómo el juez confió plenamente en la veracidad del autor del llamado y no supuso que podría ser un impostor", sostuvieron los diputados en la denuncia.Liuzzi es el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, segundo del secretario del área, Carlos Zannini, quien hizo la llamada telefónica a Oyarbide, en diciembre último, para que frenada el allanamiento a una mutual en el marco de una causa abierta por lavado de dinero.Garrido explicó que "Oyarbide nos tiene acostumbrados a cerrar causas de enriquecimiento ilícito en tiempo récord" y precisó que con Liuzzi ahora el juez "reconoce que tenía una relación personal, al extremo de atenderle el teléfono y confiar a ciegas".El diputado especuló con que "es probable que haya pasado lo mismo que con la llamada telefónica y por eso pedimos que se revise qué pasó en esa causa".Garrido pidió que se revise el sobreseimiento de Liuzzi para determinar "si la investigación fue exhaustiva a efectos de dar cumplimiento a las finalidades establecidas en el Código Procesal Penal o si, por el contrario, Oyarbide actuó con la misma parcialidad amistosa como la que evidenció en la causa en la que investigaba a empresarios amigos de Liuzzi por lavado de dinero".