Denuncia judicial por la caída de contratos

La legisladora provincial Liliana Montero (Córdoba Podemos) denunció que la Provincia despidió a 29 profesionales contratados del Complejo Esperanza que habían sido designados a partir de una orden del juez Penal Juvenil José González del Solar, luego de que en 2014 legisladores del Frente Cívico presentaran un recurso de amparo colectivo por la situación de ese instituto correccional.

Montero dijo que la semana próxima realizará una presentación ante el magistrado por los despidos, que contradicen la orden judicial.

La medida se enmarca en el decreto del Gobierno provincial que deja librada a cada ministro la renovación o no de contratos en distintas áreas del Estado, lo cual ha generado el rechazo gremial.

Montero remarcó que el Ministerio de Justicia –del cual depende ahora el Complejo Esperanza– no renovó los contratos de 25 psicólogos y cinco trabajadores sociales y socio-educadores que fueron incorporados a través de un proceso de selección que se inició en abril del año pasado, en el que intervinieron los colegios de Psicólogos, de Trabajadores Sociales y la Universidad provincial.

Recordó que en abril de 2014, el juez González del Solar ordenó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un plan para refaccionar los institutos socioeducativos del Complejo Esperanza y la incorporación de profesionales, al hacer lugar al habeas corpus colectivo correctivo promovido por legisladores del Frente Cívico, encabezados por Montero.

Sostuvo que el Gobierno provincial argumenta para no renovar esos contratos que las designaciones fueron realizadas en diciembre del año pasado “Lo grave sería que, además, los echen para designar personas vinculadas a la nueva gestión”, cuestionó.

En tanto, en la Dirección de Violencia Familiar provincial se produjeron ayer por la mañana momentos de tensión cuando las autoridades decidieron cerrar por casi 40 minutos las puertas de esa repartición para evitar el ingreso de despedidos de otras áreas y delegados de ATE para hacer una asamblea, tras la notificación oficial de la rescisión de contratos a cinco profesionales mujeres, de entre tres y cinco años de antigüedad.

Esos cinco contratos tenían fecha de vencimiento el 31 de agosto. Trascendió que desde el área de Recursos Humanos de esa Dirección se indicó que no se les renovarán los contratos a 25 personas.

Empleados denunciaron que para evitar la realización de una asamblea se optó por cerrar las puertas de la repartición pública.