Darían competencia penal tributaria al fuero Anticorrupción
Es un proyecto de ley que envió el Ejecutivo. Los fiscales podrían perseguir las evasiones tributarias. El fuero ya está colapsado.
El Poder Ejecutivo provincial envió a la Unicameral un proyecto de ley que desatará una polémica, porque propone atribuir competencia penal tributaria al ya colapsado y criticado Fuero Anticorrupción.
De aprobarse la iniciativa, que lleva la firma del gobernador José Manuel de la Sota y del ministro de Finanzas, Ángel Elettore, el oficialmente denominado fuero Penal, Económico y Anticorrupción adquirirá facultades para investigar, perseguir (y también para desacreditar) denuncias sobre evasiones de tributos provinciales y de aportes al sistema de seguridad social, entre otros tipos delictivos.
El proyecto tomará estado parlamentario el miércoles próximo y, a pesar de los fundamentos jurídicos que invoca, será motivo de polémica con la oposición por dos motivos: el primero, porque le amplía la competencia a un fuero que todos reconocen colapsado por la cantidad de tipos delictivos que tiene que investigar; y, segundo, porque se presenta en medio del escándalo político-empresarial generado por el caso de la financiera CBI, investigada por presuntas irregularidades de tipo penal tributario.
Argumentos
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo argumenta que hubo modificaciones importantes en la legislación nacional en materia de evasión tributaria. Y subraya que “lo más novedoso es (...) que se ha admitido a los tributos y los aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como objetos de evasión y demás delitos previstos en la ley penal especial”.
Sostienen los firmantes que el fuero en lo Penal Económico y Anticorrupción “es el mejor preparado para afrontar la nueva tarea”, ya que “el Tribunal y las fiscalías que lo integran han adquirido, con los años, experiencias y saberes específicos valiosos”.
De la Sota y Elettore describen, entre estos “saberes” adquiridos por los fiscales Hugo Amayusco y por la jueza de Control Ana María Lucero Offredi, “conocimientos en materias jurídicas no penales, tales como los regímenes de las sociedades comerciales, de los concursos y quiebras, los derechos bancario, bursátil, administrativo y ambiental, el procedimiento civil y comercial”. Y también la acumulación “de experiencia en la producción, clasificación, análisis y valoración de pruebas relacionadas con la delincuencia denominada de ‘cuello blanco’”.
