50 años del Golpe. Tan cruel y devastador que se transformó en el último

Lo que precedió fue tenebroso. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 aceleró el rumbo del gobierno hacia sanguinarias disputas internas. La presidencia de Isabel Martínez de Perón estuvo signada por el vacío de poder, la violencia de organizaciones armadas, crisis económica y social y la falta de voluntad de una salida institucional.

Lo que vino fue tan terrible al punto de sacudir a la comunidad internacional.

Lo que quedó fue un saldo fue trágico en el sentido que se lo mire. No sólo en términos de la atrocidad del terrorismo de Estado y sus secuelas o de los efectos de una dictadura y su opresión a una sociedad, sino en múltiples aspectos como la destrucción económica, los devastadores efectos sociales y la corrupción nunca juzgada, entre otros.

Hace 50 años, la Argentina tenía su sexto golpe de Estado y se abría la más feroz dictadura de la historia y a la vez la última.

Ya hay dos generaciones de argentinos que vivieron en democracia plena, con todas las deudas abiertas de estos años de vigencia institucional pero con la convicción instalada y un consenso social extendido de que la salida es con el voto y no con la acción militar destituyente.

Esa alternativa violenta y anticonstitucional que una parte importante de la sociedad había avalado en los golpes del siglo 20, lo cual se repitió de manera especial en aquel marzo de 1976, encontró un quiebre con la última dictadura cívico-militar y sus secuelas.

Aquella junta militar que había tomado el poder con explícito aval de muchas entidades y sectores sociales el 24 de marzo se fue desgastando, pese a algunos recambios y generando rechazos externos e internos muy fuertes. Hasta llegar a una aventura bélica alocada y sin planificación en procura de forzar la continuidad del régimen.

La derrota en la guerra de Malvinas, así como el paulatino esclarecimiento de la responsabilidad de las cúpulas militares en la falta de provisión a los soldados que fueron dejados a su suerte, aceleró la caída de la última dictadura argentina. Provocó secuelas en vidas y en un retroceso de las negociaciones diplomáticas que se habían abierto para la recuperación de las Islas.

El gobierno de facto que comenzó el 24 de marzo con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón tuvo una serie de etapas, al son de las disputas internas entre las distintas facciones de las Fuerzas Armadas.

Todas fueron sangrientas, violentas, opresivas, corruptas y destructivas de la economía nacional.

Así, arrancó con la gestión de Jorge Rafael Videla, en aquella junta militar que compartía con Eduardo Massera y Orlando Agosti, fue reemplazado por una breve gestión de Roberto Viola, al que sucedió ya con desgaste importante Leopoldo Galtieri, con el cierre de Reynaldo Bignone después de Malvinas.

El impacto que dejó la dictadura entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 fue en todos los ámbitos trágico y negativo.

Sin duda, el mayor estuvo vinculado con la violación de los Derechos Humanos, con dos atroces figuras que conmovieron a la comunidad internacional: la desaparición forzada de personas y la apropiación ilegal de bebés.

El argumento de desarticular las organizaciones armadas insurgentes, que estaban fuera de la ley y también cometían delitos, les abrió la puerta a una instancia mucho más grave que fue el terrorismo de Estado. Esto es apropiarse en forma ilegal de las estructuras estatales para a través de esos organismos oficiales cometer crímenes aberrantes.

Vejámenes, torturas, asesinatos, desaparición forzada, apropiación ilegal de bebés, más de 500 de los cuales son personas de entre 40 y 50 años que aún hoy no conocen su verdadera identidad.

La Justicia logró probar que se trató de un plan sistemático, que fue mucho más allá del combate a las organizaciones subversivas.

También Argentina sentó precedentes mundiales respecto al juzgamiento de los responsables, más allá de los vaivenes institucionales que siguieron después de la recuperación democrática en cuanto al alcance de esas condenas.

A esto se suma el aporte científico que es valorado en el mundo: la creación del índice de abuelidad, el Banco Nacional de Datos genéticos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, entre otros.

Las instituciones democráticas pudieron establecer que toda esa atrocidad estuvo muy ligada a la instauración de altos niveles de corrupción y un plan económico de efectos muy perniciosos en distintos sentidos.

Así como la Justicia de la democracia pudo avanzar en las responsabilidades penales de las cúpulas militares y subordinados que implantaron el terrorismo de Estado, poco y nada se avanzó respecto a los monumentales hechos de corrupción y sobre los responsables del desastre económico.

La ausencia de organismos de control propios de una dictadura habilitó todo tipo de negociados por parte de los jerarcas militares y de los civiles que formaron parte de los 7 años de dictadura.

Dentro de los múltiples emblemas de la corrupción, se destaca la organización del Mundial de Fútbol de 1978, que el gobierno militar utilizó para sostenerse, generar adhesiones e intentar limpiar su imagen tanto dentro como fuera del país.

De la mano de eso, la dictadura tuvo efectos devastadores en materia económica.

Alta inflación, aumento de la pobreza, crecimiento de la desocupación, cierre masivo de empresas, crecimiento sideral de la deuda externa fueron algunas de las consecuencias.

Ya la economía y la situación social en el país eran muy complicadas en los años previos al golpe.

Pero el plan que instauró José Alfredo Martínez de Hoz lejos de generar mejoras, agravó la situación. Para financiar su programa de apertura y devaluaciones programadas, el Ministro de Economía apeló al endeudamiento externo, que nunca se pudo determinar la legalidad e incluyó la estatización de deuda privada.

Con la dificultad de no contar con datos oficiales, la estimación es que entre 1976 y 1983 la deuda externa pasó de 9.700 millones a 45 mil millones de dólares, es decir más de un 350 por ciento en dólares.

La alta inflación contribuyó a empeorar la situación. Arrancó por encima del 100 por ciento anual y cerró con un 400 por ciento anual, al borde de la hiper. De la mano de la inflación vino una abrupta pérdida del poder adquisitivo del salario y la complejización de la situación social.

La pobreza se quintuplicó. Pasó del 5 por ciento en 1976 a un 25 por ciento en 1983.

La transferencia de recursos fue muy importante. Por citar sólo un número, el 10 por ciento más pobre del país tenía el 4,5 por ciento de los recursos en 1976 y en 1983 ese porcentaje pasó al 2,3 por ciento.

Mientras se agudizaba la situación social, la especulación financiera ganaba terreno con una serie de maniobras. La opresión en los distintos aspectos de la vida civil y los efectos de los programas económicos fueron desgastando el gobierno de facto, transido también por internas castrenses y civiles.

A aquellos embriones de resistencia que habían planteado las Madres de Plaza de Mayo en 1977, se fueron sumando diferentes expresiones desde el extranjero. En 1980, empezaron algunos tenues movimientos desde la política en reclamo de la normalización institucional.

Pero la dictadura comenzó a tambalear con el hartazgo social y algunas manifestaciones entre 1981 y 1982. Por eso, Galtieri decidió montarse sobre un reclamo histórico y legítimo como la recuperación de Malvinas, que ya tenía canales diplomáticos con cierto nivel de avance, para una aventura militar, que terminó siendo costosa en vidas, que se sumaron a la extensa lista de víctimas de esos largos años de dictadura.

La impericia, falta de equipamiento y cobardía de las cúpulas militares fue a mediados de 1982 un símbolo de aquellos años de horror.

La derrota militar aceleró todos los tiempos para los usurpadores del poder, que se ufanaban de tener “bien guardadas” las urnas.

Se fueron resquebrajando esas alianzas que se habían tejido para instaurar la dictadura y sostenerla. Es que allá por marzo de 1976 pocas de las organizaciones políticas, empresarias, sindicales, religiosas e intermedias habían quedado al margen u objetado de manera explícita la nueva interrupción anticonstitucional.

Aquella Carta Magna de 1853, que recién encontró su verdadera dimensión con la ley del sufragio universal, secreto y obligatorio de principio del siglo 20, había sido demasiado pisoteada y manoseada.

De hecho, no fue casual que el radical Raúl Alfonsín, uno de los pocos dirigentes de los partidos tradicionales que había interpuesto recursos judiciales por las víctimas del terrorismo de Estado, eligiese recitar en su campaña el Preámbulo de la Constitución en el cierre de cada discurso de campaña.

Era el cierre para la etapa más oscura de la historia argentina. Que tuvo un contexto previo que generó las condiciones, un respaldo social y dirigencial que la habilitó pero una crueldad y opresión en todos los ámbitos que abrieron las puertas a aquel consenso de los ‘80 de no recurrir nunca más a los golpes de Estado militares como salida institucional.

Después, la sociedad fue cambiando su posición y valoración respecto a la necesaria revisión y juzgamiento del horror.

Los gobiernos también fueron adoptando posturas y visiones diferenciadas. Los militares no volvieron a recomponer su imagen pública. Y la sociedad, con sus múltiples visiones y dos generaciones que vivieron en democracia, sigue de manera mayoritaria parada en el rechazo a lo costoso en todo sentido que es vivir en dictadura.