Córdoba, entre la angustia y el espanto

Las jornadas transcurridas este martes y miércoles marcarán, seguramente, un antes y un después. Lo que ocurrió no es algo menor. No se trata de un reclamo salarial, como dijo en desgraciadas declaraciones el jefe de Gabinete de la Nación. No es, tampoco, una sociedad que se rebela por razones políticas o sociales. Ni es una protesta de nivel provincial. ¿Qué es, entonces? Podríamos ensayar una respuesta provisoria, porque estamos muy cerca de los hechos y muy posiblemente nos falte la objetividad necesaria. Las jornadas vividas, que han tenido a Córdoba y a los cordobeses entre la angustia y el espanto, son el resultado de la falta de previsión de un Gobierno provincial, la disputa absurda entre un Gobierno nacional carente de grandeza y el gobierno cordobés que no le es fiel. La primera cosecha de una siembra que vienen haciendo desde largo tiempo los gobernantes y la dirigencia política argentina, mostrando impúdicamente que el ejercicio del poder es el medio de obtener riqueza y que el trabajo honrado es solo una pérdida de tiempo. Es, también, el resultado de una profunda crisis moral donde muchos somos responsables. Los adultos que no hemos sido capaces de brindar ejemplo y guía a los jóvenes; las familias que por razones distintas delegan o incumplen sus funciones; los educadores que hemos olvidado que educar es algo mucho mayor que dar instrucción; los medios de comunicación que han cultivado la irresponsabilidad, el consumismo, la frivolidad y la estupidez colectiva.Tratemos de analizar algunas de estas causas. La primera es la responsabilidad de los gobernantes. Hemos asistido a una suerte de juego de gran bonetón. En aquel juego infantil, se buscaba la prenda que había perdido el gran bonetón y, como recordamos, el bonete azul no la tenía, el bonete rojo tampoco la tenía, y así sucesivamente. Que el gobernador llamó, que el jefe de Gabinete no fue llamado, que el gobernador tuiteó a la Presidenta, que esta no fue tuiteada, que el secretario de Seguridad dijo que no y que después sí y que después no. Mientras tanto, la vida y la seguridad de los cordobeses quedaban a merced de las bandas de los delincuentes y del descontrol total. En momentos difíciles, es necesario más que nunca decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. El Gobierno provincial actuó con imprevisión y falta de cuidado. La llamada huelga policial, denominada con el eufemismo de autoacuartelamiento, se venía gestando desde hace tiempo. No se puede alegar que no se conocían los reclamos y las motivaciones del conflicto, que se iba manifestando de forma encubierta y cada vez más visible.

La responsable primera, la ­ministra de Seguridad, producido ya el conflicto de modo abierto, manifestó que no había fondos para hacer frente a las demandas. En menos de 24 horas, el gobernador dice y hace lo contrario. Me pregunto: ¿no pudo preverse y evitarse lo que ocurrió?

El Gobierno nacional, en su contumaz negación de la realidad, atribuyó el conflicto a una cuestión salarial, mientras una provincia se incendiaba, y aludió a la cuestión de autonomía que nadie discute.

El Gobierno nacional olvida que las fuerzas de seguridad nacionales –Policía Federal, Gendarmería y Prefectura– deben estar a disposición de las provincias cuando por cualquier razón se vea amenazada la seguridad, la propiedad, la vida de los habitantes.

No hace falta demasiado estudio para saber que cuando en una provincia la única fuerza de seguridad que tiene no funciona, nadie puede resguardar la seguridad pública, y la única ley que impera es la de la selva.

Otra de las causas es que existió una huelga policial que dejó indefensos a la ciudad y a los ciudadanos. Más allá de los motivos justos o no, no puede admitirse bajo ningún concepto que las fuerzas de seguridad hagan paro.

Bienvenido el acuerdo y aceptado como mal menor que no haya sanciones, pero digamos como ciudadanos que la medida fue inadmisible. No basta el pedido de disculpas transmitido por algunos huelguistas o sus familias. El daño se produjo y en muchos casos es irreparable.

En la periferia de la ciudad 
y en el centro, hemos visto ­escenas alucinantes, donde gente de distintas edades y presumiblemente de muy distinto origen social, con impunidad, audacia y desparpajo, rompía, robaba y se llevaba todo lo que podía.

Las imágenes que vimos por televisión y a través de las redes sociales –hombres y mujeres que agitando cochecitos de bebé emprendían la huida luego del asalto; la señora ­mayor que con impudicia robaba frente a las cámaras y decía “no estoy robando”, y otra que alegaba tener derecho mientras partía con los productos mal habidos– nos sitúan frente a la otra dimensión de la cuestión.

Son estos los productos de la siembra a la que hacía referencia más arriba; no son hijos de la miseria que por hambre asaltan una casa de comidas, porque plasmas, cochecitos, motos, electrodomésticos y prendas de vestir no satisfacen el hambre de nadie.

Son, a mi juicio, aquellos que dicen con hechos, aunque no siempre con palabras, “si vemos desde hace años que el robo con impudicia se da en los niveles dirigentes, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?”

Una sociedad como la nuestra demostró que está muy enferma, que vastos sectores han perdido el mas mínimo sentido de respeto a la convivencia, que a la menor oportunidad son capaces de destruir, robar saquear e incendiar.

Digo, también, que los adultos, las familias, los educadores, son y somos responsables. Por todo lo que no hemos hecho y por lo que tenemos que hacer.

Inculcar con el ejemplo más que con la palabra, que el trabajo honesto vale, que la decencia es posible, que el respeto por el otro es sagrado... y muchas cosas más.

Entre la angustia y el espanto, es necesario recuperar la cordura en Córdoba, no buscar hacer justicia por mano propia, pero sí pedir con energía a los gobernantes que se hagan cargo de sus responsabilidades. Y asumir, como ciudadanos, las nuestras.

*Abogado, docente en la UNC