Córdoba. Cooperativas de "naranjitas": se levantó una suspensión y el desafío es regularizar deudas documentales
El mismo día en el que se debate la ordenanza que busca reglamentar el estacionamiento medido, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) actualizó el estado de las cooperativas. Vigentes, pero con obligaciones no cumplidas.
Mientras el Concejo Deliberante de Córdoba debatía la aprobación de la ordenanza que busca ordenar el sistema de estacionamiento medido, se conocieron novedades sobre la situación de las cooperativas que prestan el servio. La más importante es que La Unión (la más numerosa del sistema, con 81 asociados) levantó la suspensión que le había impuesto el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), vía Resolución 3208/2024, y tiene su matrícula activa.
De esta manera, el sistema de estacionamiento medido cordobés llegará a una inminente licitación con sus ocho cooperativas técnicamente "vigentes".
Sin embargo, y según datos provistos por el propio Inaes, la mayoría de esas cooperativas sigue adeudando papeles. Solo dos completaron la presentación de documentación asamblearia en los últimos días. Son los casos de Tosco Vive (73 asociados) y CVA (60 asociados).
Las seis restantes adeudan estados contables y documentación asamblearia en distintos grados de mora. Desde la Municipalidad de Córdoba insistieron con que "acompañarán" a las organizaciones para que regularicen sus trámites.
En el caso de La Unión, El Progreso y Bicentenario deben el ejercicio económico 2025, que corresponde al período en curso. Es una situación menor en términos de antigüedad, aunque no irrelevante porque presentar estados contables es una obligación establecida en la Ley 20.337, y su incumplimiento fue el causal que el Gobierno nacional usó para suspender a casi 8.000 cooperativas en todo el país a comienzos de año.
El caso más grave dentro de ese grupo es Aparcar (20 asociados), ya que adeuda documentación asamblearia correspondiente a los ejercicios económicos 2022, 2023, 2024 y 2025. Cuatro años consecutivos sin presentar estados contables ante la autoridad nacional. No fue alcanzada por la Resolución 3208/2024 (que suspendió entidades con incumplimientos desde 2017 hasta septiembre de 2024), pero acumula una mora que la ubica en zona de riesgo.
Mientras que el Movimiento de Trabajadores Naranjitas (24 asociados) adeuda los ejercicios 2024 y 2025.
El caso La Vitoriosa
La trayectoria de la cooperativa La Vitoriosa condensa las tensiones que atraviesan al sector. Constituida en 2020, nunca presentó documentación asamblearia ante el Inaes desde su fundación. En 2024 fue suspendida por la Resolución 3208/24, junto a miles de entidades en igual situación.
La diferencia es que La Vitoriosa reaccionó y en diciembre de 2024 presentó la totalidad de la documentación correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. En febrero de 2025 interpuso un recurso de reconsideración. En abril de 2025 el Inaes levantó la suspensión.
Hoy figura como "vigente", pero con deudas de los ejercicios 2024 y 2025. Es la cooperativa más pequeña del sistema (14 asociados según el registro) y la que mayor recorrido institucional tuvo en los últimos doce meses.
La nueva ordenanza que el Concejo Deliberante exige, entre sus condiciones de acceso a la licitación, que las cooperativas acrediten personería jurídica mediante documentación autenticada y cumplan con todos los requisitos establecidos para el régimen de concesión. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Gobierno municipal.
Pero la personería jurídica de una cooperativa es nacional (la otorga y fiscaliza el Inaes), y su vigencia depende del cumplimiento de la Ley 20.337.
Que seis de ocho cooperativas del sistema adeudan estados contables al organismo que ya demostró, durante 2024 y 2025, disposición para suspender masivamente a las entidades incumplidoras, es un dato que la Secretaría de Gobierno tendrá que procesar cuando llegue el momento de validar las oferentes.
No se trata de un impedimento automático, ya que la deuda documental no equivale a suspensión, pero sí de una condición de fragilidad que puede convertirse en argumento jurídico durante un proceso licitatorio.
Sumar los datos da una imagen más clara que cualquier generalización: 358 trabajadores organizados en ocho cooperativas, dos completamente regulares ante la autoridad nacional, seis con algún grado de incumplimiento documental, una con un historial de cuatro años sin presentar estados contables. El sistema funciona desde hace décadas, sí; pero con una regularidad institucional que, medida por los parámetros del propio Estado aún se muestra precaria.
