Resarcimiento. Quién es el concejal libertario que manoseó a una asesora y deberá pagarle ahora $ 12 millones

El concejal de San Isidro por La Libertad Avanza, Alberto Montes, se encuentra en el centro de un proceso judicial tras la difusión de un video donde se lo ve realizando un acto de acoso contra una empleada municipal.

El funcionario acordó el pago de una indemnización de $12 millones de pesos a la víctima, mientras la justicia penal avanza en una causa caratulada como abuso sexual.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito de la municipalidad. En ese momento, Montes era concejal electo y estaba próximo a asumir su banca, lo que finalmente ocurrió el 10 de diciembre de ese mismo año.

La denuncia contra el legislador comunal se sustenta en una grabación de una cámara de seguridad ubicada en una oficina municipal de la localidad de Boulogne.

En las imágenes, se observa el momento exacto en que el actual concejal ingresa al recinto y le da una palmada en la cola a una compañera que estaba de espaldas.

Ante la agresión, la mujer reaccionó de manera inmediata dándole una cachetada al entonces inspector. Este registro fílmico se convirtió en la prueba central tanto para la demanda en el fuero civil como para el expediente que se tramita en el fuero penal.

En el ámbito civil, Alberto Montes llegó a un acuerdo económico con la denunciante por un monto total de $12 millones. Según lo pactado, la cifra se abonaría en cuotas, aunque recientemente el caso volvió a cobrar relevancia pública debido a irregularidades en el cumplimiento del trato.

Fuentes judiciales indicaron que el concejal registró demoras en algunos de los depósitos acordados, lo que motivó una intimación judicial para que regularice su situación financiera con la víctima. A pesar de este arreglo privado, la resolución económica no extingue la responsabilidad penal del funcionario.

La situación más compleja para el dirigente libertario se desarrolla en la justicia penal, donde enfrenta cargos por abuso sexual. La defensa del edil intentó frenar el proceso mediante un pedido de sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por las autoridades judiciales competentes.

De no mediar nuevos recursos, el caso podría llegar a la instancia de juicio oral en el mes de octubre. La gravedad de la carátula y la contundencia de las pruebas audiovisuales mantienen en alerta al cuerpo legislativo de San Isidro por las posibles implicancias para el cargo de Montes.

En el Concejo Deliberante, la oposición comenzó a ejercer presión para que se tomen medidas institucionales contra el edil. Desde el bloque Fuerza Patria impulsan formalmente su destitución, cuestionando la idoneidad y permanencia de Montes en su banca tras conocerse los detalles del expediente.

Al ser consultado sobre lo ocurrido, Alberto Montes intentó restarle gravedad al episodio que quedó registrado por las cámaras. El funcionario sostuvo ante diversos medios que ya existió un pedido de disculpas y que el conflicto debería considerarse saldado tras el acuerdo económico entre las partes.

> "Se trató de un chiste", afirmó Montes para minimizar el hecho, aunque reconoció la existencia de la investigación judicial que continúa su curso.

Antes de su llegada a la política partidaria y de ser electo por la lista de La Libertad Avanza en 2023, Montes tenía una trayectoria vinculada al servicio público en el municipio.

Se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y era conocido por su labor como bombero voluntario en la zona.

Actualmente, su futuro político y judicial depende de la resolución de la causa penal. Mientras los sectores de la oposición reclaman una definición institucional inmediata, la justicia deberá determinar en los próximos meses la responsabilidad final del concejal en los hechos denunciados.