Con división K, evalúan el plan de control de piquetes

Buenos Aires. La Cámara Baja comenzó ayer a debatir los diferentes proyectos que se presentaron para regular la protesta social, un pedido que hizo la presidenta Cristina Fernández al Congreso cuando inauguró el actual período legislativo.

La comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce la kirchnerista Diana Conti, escuchó a los ocho autores de las iniciativas que entraron en discusión, tres de ellas presentadas por el propio oficialismo, lo cual evidenció que hay fricciones internas inocultables; dos presentadas por el macrismo; una elevada por la diputada piquetera Ramona Pucheta (Compromiso Federal); otra por el Frente Renovador y otra por varios diputados de izquierda y de centro-izquierda.

El principal consenso alcanzado ayer en esta primera jornada de discusión fue apoyar el avance de los tres proyectos –el de la izquierda, uno de Conti y otro de la también kirchnerista Araceli Ferreyra– que determinan el desprocesamiento inmediato de 5.000 personas que tienen causas judiciales abiertas o condenas, desde 2001 por estas situaciones. Como este tema debe pasar primero por Legislación Penal, que maneja el PRO, se comprometieron a impulsarlo juntos. Aunque ayer el diputado Pablo Tonelli, macrista, se manifestó contra la amnistía.

El proyecto K de regulación de las protestas sociales, presentado por el chaqueño Juan Manuel Pedrini, Conti y Carlos Kunkel, entre otros, divide aguas en el propio oficialismo porque diferencia entre protestas legítimas e ilegítimas, por lo que se los acusa de querer criminalizar el reclamo social e incluso de alentar la actuación policial como último recurso.

La correntina Ferreyra, dirigente social, presentó por eso el lunes otra iniciativa que rechaza la necesidad de exigir una notificación previa de 48 horas a la Policía, pone al Poder Judicial como mediador y no a un funcionario del Ministerio de Seguridad y defiende las competencias de las provincias, todos aspectos que no están en el proyecto original K.

“Acá no estamos criminalizando a nadie sino ordenando la convivencia entre el derecho a peticionar y el derecho a circular”, justificó Pedrini. Elisa Carrió (CC) y el PRO hicieron comentarios de apoyo, pero pidieron cambios que Conti prometió atender para llegar a un acuerdo.

Uno de los proyectos del PRO obliga a los manifestantes a dejar la mitad de los carriles libres para la circulación. El otro establece que para poder peticionar deben darse tres requisitos: que la protesta sea pacífica, que no se interrumpa el tránsito y que haya aviso previo a la Policía.

“El conflicto social es previo al piquete porque eso debe atenderse el reclamo desde el Estado antes y no después”, contraargumentó la piquetera Pucheta, quien pidió expandir los centros de atención de reclamos y un registro digital de los mismos para que quede constancia de por qué la gente sale a cortar calles. “No se puede desalojar una protesta si no hay una solución efectiva”, propuso.

El massista Darío Giustozzi defendió su iniciativa, que establece espacios públicos específicos en cada ciudad para reclamar, darle visibilidad mediática a las protestas y establecer multas y trabajos comunitarios a quienes no se adapten al marco regulatorio. “Ordenar este tema no es cercenar derechos”, dijo.