Con apoyos y con muchas dudas, arrancó el debate

Buenos Aires. Apoyos y muchas dudas manifestaron los diputados sobre el proyecto de ley ómnibus que prevé el pago de las deudas del Estado con los jubilados, la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias, el blanqueo de capitales, una moratoria fiscal y modificaciones tributarias. La megainiciativa del Gobierno comenzó a ser debatida ayer en las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social de la Cámara Baja, y para ello una decena de funcionarios de alto rango del Ejecutivo fueron al Congreso para ensayar acuerdos con la oposición. La defensa oficialista fue encabezada por el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a quien desde la Casa Rosada se señala como el autor intelectual de la medida. Junto con Quintana asistieron el titular de la Afip, Mario Abad; el jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso; el número dos del Ministerio de Hacienda, Pedro Lacoste; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y los secretarios de Finanzas, Luis Caputo, y de Previsión Social, Juan Carlos Paolucci, entre otros. Semejante escudería se explica por la enorme complejidad del proyecto de ley que tiene casi 100 artículos y que modifica una gran cantidad de leyes. Si bien la oposición se manifestó de acuerdo con el espíritu primordial de la iniciativa del presidente Mauricio Macri –el pago de los juicios a los jubilados y la recomposición de sus haberes–, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una catarata de objeciones y de interrogantes. Como cuestión de fondo, los bloques del arco no oficialista se preguntaron a coro si el sistema previsional tendrá sustentabilidad de acá a tres años, cuando todos los jubilados beneficiados por esta ley de "reparación histórica" cobren la totalidad de lo que se les adeuda como consecuencia de la mala liquidación de sus haberes en las dos últimas décadas. Las polémicas más fuertes las dieron Diego Bossio y Axel Kicillof. El exdirector de la Anses se cruzó con Quintana porque el funcionario aseguró que el kirchnerismo "se negó a cumplir con las leyes". "Me está acusando de cometer un delito. La Anses apeló los fallos hasta última instancia porque está obligada por la Procuración del Tesoro. Nos hubiera gustado pagarles a todos, pero no podíamos hacerlo", saltó Bossio. Cuestión de cálculo El ahora peronista no K recriminó al Gobierno el hecho de que en el modelo de pago de las sentencias se use para calcular los haberes mal liquidados el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es un 25% inferior que el índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción (Isbic) utilizado por la Corte Suprema en los casos en los que falló a favor de los jubilados. Además, todo el peronismo no K hizo otros dos cuestionamientos: que sólo se tome los últimos cuatro años para pagar el retroactivo y apuntó, también, a la pensión universal a la vejez que crea la ley, ya que eleva a 65 años la edad de las mujeres para poder cobrarla y discontinúa la moratoria previsional que está en vigencia hasta septiembre. El cristinista Kicillof lanzó un rosario de críticas. Pidió que el proyecto se desguace en cuatro normas autónomas: "En términos políticos, se pone una ley simpática y luego se suman medidas regresivas", dijo. El exministro de Economía prefirió disparar sobre el blanqueo, la moratoria fiscal a la que podrán acceder los incumplidores (no evasores) y los cambios a los impuestos a Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta. Cristinistas y peronistas no K coincidieron en oponerse a otro aspecto de la ley: la derogación de la ley de 2015 que le impide a la Anses vender sus acciones en empresas privadas. Sobre este aspecto, los tres diputados del massismo que hablaron –Alejandro Snopek, Adriana Nazario y Marcos Lavagna– no hicieron grandes consideraciones, lo que alentó la sospecha en el resto de la oposición de que Cambiemos podría terminar imponiendo su parecer en el recinto con el guiño del interbloque UNA. A pedido de toda la oposición, quedó abierta la posibilidad de estirar la firma de los dictámenes hasta el jueves.