A 50 años del Golpe. Los cómplices judiciales y empresariales de la dictadura militar
En el Juicio de la Esma y en el de La Perla, las sentencias nunca alcanzaron a los grupos económicos que se beneficiaron con la sangrienta dictadura, y nunca aparecieron los jueces que cumplían la función de hacer simulacros de legalidad a los crímenes de lesa humanidad. Fueron protegidos por la Justicia argentina.
A 50 años del Golpe de Estado de 1976, se hace imprescindible revisar la memoria colectiva. La memoria de los pueblos es un proceso de construcción social pero siempre sobre la base de la Verdad Histórica.
En Argentina han sucedido hechos que justifican las dudas de la sociedad sobre la verdad histórica de la dictadura. Durante 20 años de gobierno kirchnerista, se buscó cambiar la historia. Las víctimas se transformaron en héroes con capacidad para juzgar y condenar a los adversarios políticos del kirchnerismo.
Los jueces de la dictadura militar, cuya tarea era hacer simulacros de legalidad a los crímenes de la dictadura, nunca aparecieron.
Los grupos económicos que se beneficiaron con la tortura y las desapariciones forzadas tampoco aparecieron en ningún juicio.
Alfonsín y el digno Juicio a las Juntas Militares fueron reemplazados por Néstor quitando una foto de Videla del Colegio Militar.
El prólogo de Sábato desapareció del Nunca más. Cristina y Néstor se convirtieron en luchadores contra la dictadura, aunque sólo fueron simples abogados comerciantes en Santa Cruz.
Los derechos humanos fueron de propiedad exclusiva del kirchnerismo.
En ese contexto deben ser analizadas las razones por las que nunca aparecieron en la historia oficial estos dos actores de importancia en la sangrienta dictadura: los jueces y los grupos económicos amigos de los militares.
En el Juicio de la Esma y en el de La Perla, a pesar de pruebas sólidas, las sentencias nunca alcanzaron a los grupos económicos que se beneficiaron con la sangrienta dictadura, y nunca aparecieron los jueces que cumplían la función de hacer simulacros de legalidad a los crímenes de lesa humanidad. Estos dos actores centrales en el terrorismo de Estado son los que aparecen con claridad jurídica en el caso Mackentor..
El caso Mackentor
Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que abre la verdad histórica. El Informe de Fondo 293/21, jurídicamente sólido y políticamente valiente, condena a la República Argentina por los actos judiciales dictados por jueces federales y por jueces provinciales de Córdoba en el período 1986/2017.
Son decisiones judiciales fundadas en ideologías políticas y en defensas corporativas, tal como lo dice la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. La sentencia en la megacausa de La Perla es arbitraria por falta total de imparcialidad. Tan grave es la situación que la Sala IV decide por primera vez apartar a los jueces firmantes de la sentencia en la megacausa para garantizar la imparcialidad a favor de las víctimas de Mackentor.
La CIDH declara la responsabilidad internacional de la República Argentina, pero no por los actos del inmoral juez Adolfo Zamboni Ledesma, empleado jerárquico de Luciano Benjamín Menéndez, sino que condena a nuestro país por los actos dictados por los jueces de la democracia argentina.
Estos son hechos judiciales y no opiniones políticas. El caso Mackentor se transforma así en una verdadera lección de la historia. Pero también es inédito porque se prueba en juicio la corrupción en la obra pública durante el terrorismo de Estado.
La entonces Obras Sanitarias de la Nación le adjudica en forma directa a Supercemento SA la mayor obra pública de la década, que Mackentor había ganado en licitación pública cinco años antes. En mayo de 1977, Supercemento SA acepta esta adjudicación directa en pleno conocimiento de que todo el directorio y los gerentes de Mackentor estaban secuestrados. Así lo reconoce el presidente de aquella empresa en juicio.
Esta recuperación de la verdad histórica que hace la Comisión Interamericana sobre hechos silenciados por la Justicia argentina de la democracia no permite de manera alguna caer en teorías negacionistas, a las que son adictos algunos integrantes del actual Gobierno nacional.
El negacionismo no es la forma de cuestionar el uso inmoral de los derechos humanos por parte del kirchnerismo.
Una verdadera batalla cultural debe estar centrada en la Justicia argentina. Ese es el huevo de la serpiente de la decadencia argentina. El Presidente debe entender que con el déficit cero no alcanza. Una sociedad que en un 82% desconfía de sus jueces no tiene ninguna posibilidad de confiar en su moneda ni de dar seguridad jurídica a los inversores.
Y el análisis de la Justicia debe incluir el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, del Jury de Enjuiciamiento de Córdoba y del fuero Penal Económico provincial. Estos tres organismos actuaron en el caso Mackentor de manera ilegal y ejerciendo abiertas defensas corporativas de los jueces.
Solo así la sociedad recuperará confianza social en la Justicia. Todo conforme a la resolución 1/18 de Bogotá de la CIDH.
Quiero terminar esta columna con John Rawls en Teoría de la justicia: “La justicia es a las sociedades lo que la verdad es a los sistemas de pensamiento”
Exdiputado de la Nación; colaboración de Petersen Douglas
