Como si no contar las cosas, las mejorase

Repetido hasta el hartazgo: los dineros públicos no son ni de una gestión ni de un gobernante, son –precisamente– públicos. De ahí, la reprochable utilización con fines personales de esos fondos, en las más diversas variantes. El concepto bien podría ampliarse a la información pública, que no pertenece a una administración o a un funcionario, sino más bien todo lo contrario: es una obligación de los gobiernos suministrarla.Un reciente, y funesto, episodio revela el perverso manejo que implica el ocultamiento de datos que el Estado está obligado a brindarles a los ciudadanos. El sábado pasado, en plena tormenta, falleció una persona al electrocutarse con un semáforo. Ni la Municipalidad de Córdoba ni la Policía provincial informaron del hecho, que se conoció recién el lunes por la comunicación de los familiares de la víctima.Las buenas relaciones de los gobiernos provincial y municipal parecen extenderse al terreno del ocultamiento de sucesos que puedan afectar la imagen de una o ambas administraciones.Es interesante repasar algunos indicadores de la comunicación municipal, tomando como referencia las redes sociales, uno de los canales cada vez más elegido para la difusión, en función de su penetración y consumo por parte de los ciudadanos. La cuenta oficial de Twitter de la Municipalidad de Córdoba registra cinco tuits el viernes pasado, todos ellos referidos a actividades del intendente. El día después, con una ciudad colapsada por el fenómeno meteorológico, no hubo una sola comunicación oficial a través de esa vía. Tal vez el nivel salarial de funcionarios y empleados determine que los sábados no hay posibilidades de brindarles datos a los vecinos sobre una situación extraordinaria que –según nos enteramos dos días después– provocó una víctima fatal. ¿Es más importante contar por dónde anda el intendente que informarles a los vecinos por dónde no transitar en un día de lluvia intensa? Similar interrogante vale para la comunicación provincial, que suele narrar con lujo de detalles los movimientos del gobernador, pero se olvida de poner o sacar un cartel marcando el desvío de una ruta.Es muy usual escuchar a funcionarios, de todos los niveles, ufanarse de decir "te damos la info", con un tono dadivoso, como si estuviesen entregando algo que les es propio, de manera esforzada y altruista.La misma condena que merece cuando un gobernante habla y promociona las cosas que hace como si lo hiciese con plata de él debe extenderse hacia la cada vez más amplia práctica de confundir información pública con datos privados y reservados, publicados sólo si generan beneficio propio. Aparato La notoria, evidente y reiteradas veces denunciada práctica del Gobierno nacional de generar una abierta y abusiva discriminación en el suministro de información pública, de acuerdo con la adhesión de medios y periodistas al proyecto gobernante, parece tener una especie de correlato –con las salvedades de los tamaños de las administraciones– en provincias y municipios. El kirchnerismo le agrega un fenomenal aparato destinado a hostigar y desprestigiar a todo aquel que ose cuestionar las políticas oficiales.Y, además, carga sobre sus espaldas el haber tergiversado en forma tan abusiva datos y estadísticas oficiales, al punto de ser un paradigma del descrédito, en un extremo tal que ni los propios seguidores confían en esa información.En otra escala, Córdoba sigue padeciendo las dificultades para el acceso a la información pública, con funcionarios que privilegian interlocutores y canales de difusión.Y con un concepto de confundir la obligación de comunicar con una prerrogativa de suministrar datos de acuerdo con determinadas conveniencias.El ocultamiento de una muerte es una cara oscura de este fenómeno. La Policía de Córdoba suele hacer culto de esa práctica. Es probable que algunos crean que el mero hecho de no contar las cosas, las mejora de por sí.