Comienzo de una breve tregua esperada

Hace un milenio, cuando las guerras entre señores feudales eran la peor de las epidemias del medioevo, un par de concilios eclesiásticos establecieron la Tregua de Dios. Durante las fiestas religiosas, los contendientes, bajo pena de excomunión, estaban obligados a deponer sus armas y asegurar un breve arco iris de paz pública. Luego continuaban con sus rutinas desoladoras. Para atravesar las celebraciones de fin de año con un mínimo de tranquilidad, los gobernantes han invertido en la Argentina dosis acentuadas de control policíaco, derroches de imprevisión presupuestaria y una sobredosis de desgaste político. Todos esperaban que los efectos corrosivos de la inflación detonaran después de las elecciones. Ninguno imaginó que el estallido se iniciaría en fuerzas cuya insubordinación lesiona como ninguna otra la autoridad del poder político. Una sorda preocupación agita sus despachos. Viejos o nuevos en la administración, todos saben que diciembre ha echado a correr una certeza hacia adelante. Con los nuevos estándares de recomposición salarial, el Estado enfrenta la cesación de pagos interna como un horizonte posible en el corto plazo. En el estante paralelo de los precios, la primera medida puesta en práctica por el equipo del ministro Axel Kicillof –luego de días de cavilación en la China– sorprendió por su escasa innovación.Reunió a los empresarios del sector alimentario en la Casa Rosada, les instaló en las espaldas una guardia pretoriana, y los instó a que firmen un acuerdo voluntario. Una repetición, con coreografía, del antiguo mecanismo de Guillermo Moreno. Para mayor confusión, al mismo tiempo criticó el procedimiento de control de precios por considerarlo absolutamente ineficaz.Y eso es todo. Todo lo que tenía en carpeta, a un mes de su ascenso de viceministro a ministro, el buque insignia de la doctrina económica oficial. Incluyendo, por cierto, la devaluación del peso, que se incrementó desde la llegada de Kicillof hasta alcanzar un 30 por ciento interanual. La primera incógnita que acechaba al equipo económico ya se extinguió del peor modo: no hay devaluación sin crujido social. La segunda incerteza es peor. Son tantos los desajustes acumulados que lo ocurrido en diciembre puede ser un asomo del desafío que hay enfrente. Tal vez no sea la obcecación por negar ese escenario, sino el temor resultante de admitirlo, lo que impulsó a la Presidenta a encaramar en la jefatura del Ejército a un militar que aún transita tribunales en juicios por delitos de lesa humanidad. Pero que, a despecho de lo alcanzado en 30 años de democracia, subordina el rol de las Fuerzas Armadas a la conducción de una facción política. Las interpretaciones más frecuentes aluden a un ejercicio personalísimo del poder presidencial, del cual es ahora deudor el teniente general César Milani. También puede observarse como una riesgosa delegación de ese poder. Una transfusión de capital simbólico. La Presidenta le ha otorgado a Milani un rol político. Por ahora, elmilitar la elogia. Dice que Cristina mide bien en las encuestas. El pensamiento dominante en el país, tan intensamente palaciego, ¿será capaz todavía de recordar las enseñanzas del joven Keynes tras la firma del tratado de Versalles? Hay una línea de prudencia, decía, un límite de quiebre tras el cual un deudor, sin capital propio y habiendo fagocitado el ajeno, puede pasar a dominar la situación del acreedor. Si esta evocación resultara insuficiente, será de igual modo educativo observar la investigación judicial por presunta evasión impositiva y lavado de dinero del empresario Lázaro Baez. Ya no mediante la radicación de empresas en paraísos fiscales, sino a través del pago directo a la jefa del Estado, propietaria de hoteles en El Calafate.Una investigación periodística reveló el aporte de al menos 14,5 millones de pesos de Báez, uno de los principales contratistas del sector público, al patrimonio personal de Néstor y Cristina Kirchner. Cuando ocurrió, en los años 2010 y 2011, el matrimonio ya llevaba siete años administrando el Estado nacional.Al pedir presuroso a una jueza de Santa Cruz que prohíba la publicación de los documentos de sus empresas, que acreditaban ese negocio, Báez hizo una pública admisión de la verosimilitud de esos datos, publicados por el diario La Nación .Por los involucrados, lacausa parece más grave aún que el Caso Ciccone. El juez Javier López Biscayart dispuso un allanamiento de las oficinas de Báez y secuestró sus registros contables. La Presidencia sólo atinó a decir que se trata de negocios privados. En los mismos días, la Iglesia del papa Francisco salió a denunciar el vandalismo de los corruptos. La evidencia de que saqueadores de alto vuelo están saliendo a saludar en el atrio. Todo fue antes de la Tregua de Dios.