Reclamo. La CGT pidió que se anule el fallo que repuso la aplicación de la reforma laboral

A la fecha, la reforma laboral está vigente en todos sus artículos, pero se encuentra inmersa en una trama de presentaciones judiciales que no garantiza su continuidad y que atenta contra la pretensión del Gobierno nacional de que se convierta en una herramienta para mejorar las condiciones de empleo.

En este contexto, la CGT solicitó este lunes la nulidad del fallo que había suspendido una parte sustantiva de la nueva ley.

A fines de marzo, el titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 63, Raúl Ojeda, dictó una medida cautelar por la que frenó la aplicación de 82 artículos de la reforma, bajo el argumento de que puede afectar derechos básicos y la generación de daños irreparables.

La semana pasada, la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo integrada por el juez Víctor Arturo Pesino y la jueza María Dora González dejaron sin efecto esa medida cautelar y repuso la plena vigencia de la norma.

Al otro día de la firma de este fallo el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la solicitud al Senado para que Pesino continúe en el cargo tras cumplir los 75 años.

Con este panorama, la central obrera presentó un escrito en el que solicitó se anule el fallo y recusó a ambos jueces por entender que hubo un “prejuzgamiento” por adelantar criterios de la cuestión de fondo.

Pero, sin dudas, la lupa está puesta en Pesino, a quien la CGT acusa de “falta de imparcialidad” y de “favorecer la posición de la demandada”.

La nota señala que obtener “un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley”.

A su vez, consideró a la conducta del Estado como “descalificable” al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años “de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial”.

“Esta inconsecuencia no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral”, enfatizó el documento legal.

Por otro lado, la CGT también dejó planteado el caso federal, con la intención de recurrir a la Corte Suprema y a organismos internacionales, al considerar que están en juego derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y el debido proceso.

En recientes declaraciones a la prensa, Ojeda admitió que “en la justicia del trabajo está todo raro” y se mostró sorprendido por los argumentos que dieron los camaristas: “Dijeron que la situación no es tan grave y que por lo tanto no amerita que (mi fallo) sea con efecto devolutivo (que no se aplique la ley)”.

Ojeda también rechazó la acusaciones de que es un “juez K” y recordó que fue nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri.

El magistrado también reconoció que el Gobierno puja para sacar la causa del fuero Laboral y llevarlo al Contencioso Administrativo donde se sospecha que hay una visión más favorable a la posición del oficialismo nacional.

Lo concreto es que la reforma laboral no termina de hacer pie debido a que estas idas y vueltas judiciales no ofrecen las garantías necesarias para que los empleadores se animen a realizar nuevas contrataciones.

La forma en que había sido sancionada habilitaba a este escenario de confrontación ante el rechazo de las centrales sindicales.

Este será uno de los temas de la marcha que el jueves 30 de abril realizará la CGT en conmemoración del Día del Trabajador.