Indio Cuá. El arquitecto de la casa del country dijo que Adorni pagó por las refacciones U$S 245.000 en efectivo
El contratista Matías Tabar declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita para explicar el financiamiento y el monto de las obras en el country Indio Cuá.
En el marco de la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia avanzó este lunes con una declaración testimonial clave en los Tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó para las 11 a Matías Tabar, responsable de las refacciones realizadas en la vivienda que el funcionario adquirió a fines de 2024.
Tabar, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, respondió sobre los trabajos ejecutados en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Según lo informado por La Nación, el arquitecto dijo que las refacciones costaron U$S 245.000 y las obras consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín.
De acuerdo al testimonio de Tabar, citado por La Nación, Adorni ya pagó todos los arreglos en dos partes: U$S 55 mil en 2024 y los U$S 190 mil restantes en 2025. Todo en efectivo.
A su vez, reveló que mientras se hacía la obra, el funcionario alquiló otra casa en el barrio privado que costó U$S 13 mil.
Las reformas en el country Indio Cuá
La propiedad de fin de semana fue comprada por el jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre de 2024. Según consta en el expediente judicial, la escritura se firmó el día 15 de ese mes ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.
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Sin embargo, la Justicia detectó una presunta irregularidad administrativa que forma parte del foco de las pesquisas. Un informe oficial remitido al fiscal Pollicita indica que el cambio de titularidad de la casa todavía no ha sido registrado ante el municipio de Exaltación de la Cruz.
Actualmente, la propiedad sigue figurando en los registros municipales a nombre de su antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino. Esta información documental se suma a los elementos que el juzgado federal de Ariel Lijo analiza para reconstruir el flujo de fondos del funcionario.
Ingresos declarados y gastos detectados
La investigación judicial apunta a una posible inconsistencia entre los ingresos declarados por Manuel Adorni y su ritmo de gastos y adquisiciones patrimoniales. Según los datos que integran la causa, el funcionario declaró ingresos mensuales de $ 3.500.000 hasta el año pasado, cifra que posteriormente se incrementó a $ 7.000.000.
A pesar de este aumento salarial, los gastos detectados por los investigadores superarían de manera amplia los montos percibidos por Adorni. El propio jefe de Gabinete ha sostenido en sus apariciones públicas que puede justificar su patrimonio y negó cualquier hecho de enriquecimiento ilícito.
“Adorni afirmó que puede justificar los más de 100 mil dólares ya gastados y otros 335 mil dólares que debe abonar antes de noviembre, solo en propiedades”, señalan fuentes vinculadas al expediente sobre las declaraciones previas del funcionario.
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Nuevas testimoniales y peritajes
La actividad en los tribunales de Retiro continuará este miércoles con la declaración de Leandro Miano, quien tiene un vínculo directo con los acreedores de Adorni. Miano es hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que el jefe de Gabinete le adeudaría dinero por operaciones inmobiliarias previas.
Miano es además socio de Pablo Martín Feijoo, gestor de la compraventa del departamento de Adorni en el barrio porteño de Caballito e hijo de otra de las acreedoras. El fiscal Pollicita ha solicitado a este testigo medidas de prueba específicas para contrastar los pagos declarados.
La instrucción judicial ordenó a Miano presentar su teléfono celular, así como facturas, tickets y documentos relacionados al pago de expensas y refacciones en el inmueble de Caballito. Con estas medidas, se busca verificar si los movimientos de dinero coinciden con la documentación oficial presentada por el entorno de Adorni.
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Medidas sobre el patrimonio
La causa judicial, que busca reconstruir de forma integral la evolución patrimonial del vocero presidencial devenido en jefe de Gabinete, incluye pedidos de informes a múltiples organismos. Se han solicitado datos a los registros de la propiedad inmueble, registros automotores y entidades financieras para analizar movimientos de fondos.
El proceso se encuentra en una etapa de recolección de pruebas documentales y testimoniales para determinar si existe un desfasaje injustificado en las cuentas del funcionario. Por el momento, la atención se centra en el testimonio del contratista Tabar para ponerle una cifra concreta a las lujosas refacciones en el country de Exaltación de la Cruz.
