Presunta corrupción. Buenos Aires: pidieron juicio político para el fiscal que archivó una causa contra funcionarios de Insaurralde
La denuncia contra Carlos Baccini es por presunto incumplimiento de deberes tras el cierre de un expediente sobre un "kit para armar licitaciones".
La Justicia bonaerense atraviesa una fuerte sacudida institucional tras el pedido de juicio político contra el fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini. Se lo investiga por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa de corrupción vinculada a la gestión de Martín Insaurralde.
Según informó La Nación, la acusación principal sostiene que Baccini habría ordenado el archivo de una investigación penal contra funcionarios municipales y un contador que trabajaba en la comuna. El proceso se disparó en el marco del escándalo por enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense.
El fiscal federal Sergio Mola, quien investiga a Insaurralde, solicitó el expediente original tras detectar conductas "reticentes" por parte de la fiscalía de Baccini. Ante la falta de respuestas, la Procuración General bonaerense inició un sumario disciplinario.
El origen del "kit" de licitaciones
La causa que generó el conflicto comenzó en noviembre de 2017, cuando una auditora halló cajas con formularios para licitaciones, facturas y sellos en una oficina municipal. Según la denuncia, se trataba de un presunto “kit para inventar licitaciones” públicas.
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Por este hallazgo fue imputado Héctor Rosin, entonces contador de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quien reclamó la documentación como propia. La investigación determinó que Rosin y otros funcionarios de alto rango tenían vínculos directos con empresas proveedoras de la propia comuna.
Pese a las pruebas recolectadas inicialmente, el fiscal general Baccini reasignó la causa en 2020 y el nuevo fiscal interviniente ordenó su archivo. Esta decisión benefició directamente a los subordinados de Insaurralde y dejó sin efecto las acusaciones penales.
Acusaciones de impunidad
El fiscal general de Pergamino, Fernando D’Elío, quedó a cargo de la instrucción del sumario contra Baccini para garantizar la objetividad del proceso. En su resolución, concluyó que la conducta del funcionario habría ocasionado la impunidad en un caso de alto interés institucional.
"Baccini sería responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público", dictaminó D’Elío en el documento de 60 páginas. La resolución fue enviada a la Secretaría de Control Disciplinario para avanzar con el proceso.
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Actualmente, el pedido de juicio político aguarda el sorteo de los conjueces que deberán determinar si el Jurado tiene competencia para resolver la denuncia. El trámite lleva diez meses sin avances relevantes desde su presentación oficial.
La defensa del fiscal general
Al ser consultado sobre las acusaciones, Carlos Baccini rechazó los fundamentos del pedido de juicio político y negó haber demorado la entrega de información. El funcionario aseguró que aplicó las resoluciones vigentes de la Procuración en su dictamen.
“Para mí, la acusación no tiene fundamentos. Nunca me demoré en entregar el expediente”, afirmó el fiscal general. Además, sostuvo que la causa que se le atribuye haber archivado permanece abierta y que la denunciante original nunca cuestionó el archivo.
