Aumentos programados que la política deberá confirmar
El cronograma de quita de subsidios se planteó de manera gradual, con revisiones –en teoría– cada seis meses, pero el pulso de la inflación y las presiones políticas pueden alterar los planes.
La Revisión Tarifaria Integral que planteó el Ministerio de Energía de la Nación estableció un horizonte de reducción gradual de los subsidios públicos al componente puro de la energía, esto es, la electricidad mayorista que producen los generadores y el gas en boca de pozo que extraen las petroleras.
El cronograma de quita de subsidios se planteó de manera gradual, con revisiones –en teoría– cada seis meses, pero el pulso de la inflación y las presiones políticas pueden alterar los planes.
Para la electricidad, el esquema arrancó el 1° de febrero de 2016, cuando se dispuso una baja del 90 al 70 por ciento de los subsidios sobre el precio pleno del kilovatio, que pasó de 70 a 320 pesos.
La política frenó los planes del ministro Juan José Aranguren y no hubo ajustes el resto del año, en el marco de una inflación indomable, de casi el 40 por ciento cerrando el 2016. En febrero de este año, volvió a actualizarse el precio del megavatio (a 640 pesos) y, además, se bajó el subsidio del 70 al 53 por ciento. No está claro si hará una nueva revisión en los meses que quedan o si el retoque llegará en febrero de 2018.
Para entonces, además de fijar el nuevo precio del megavatio (determinado por el valor del dólar y por la oferta propia del sistema eléctrico), la planilla de Aranguren indica que los subsidios deben bajar del 53 al 37 por ciento del precio que se determine. Todo eso corresponde al valor puro de la energía, fijado por la Nación.
Pero, en Córdoba, el transporte y la distribución de esa energía tienen un precio también determinado por Epec, que este año ha estado duramente cuestionada por ser la principal responsable del “costo Córdoba”. Epec tiene varios aumentos pendientes por su tarea de repartir la energía, también congelados por el ritmo electoral.
Por un lado, suspendió la suba del 6,15 por ciento que debía aplicarse desde abril, ya autorizada por el Ersep a fines de 2016. Ese ajuste pendiente formó parte de un combo de tres tramos (14 por ciento se aplicó en diciembre de 2016 y siete por ciento en febrero) que correspondía a la suba de costos que la compañía registró entre enero y septiembre de 2016. Para los meses de octubre-diciembre, se aplicó una suba del 2,68 por ciento. Pero quedan pendientes todos los ajustes de 2017, que debieran ser trimestrales y con una fórmula automática ya autorizada por el Ersep.
El gas también tiene en agenda subas de peso. Después de que la Corte anuló el tarifazo de 2016, Energía dispuso aumentos semestrales del gas en boca de pozo que hasta ahora se han cumplido: octubre de 2016 y abril de este año.
En este último mes, además, hubo un aumento para transporte y distribución. Se supone que el próximo será en octubre, aunque con las elecciones del 22 no está claro si Energía efectivamente lo aplicará.
La previsión es que el gas en el punto de ingreso al sistema, que representa el 60 por ciento del valor de una factura, pase de los 3,77 dólares fijados en la última suba a 4,19 dólares en octubre. Al alza del 11,1 por ciento en dólares hay que agregarle la devaluación del peso.
En tanto, desde el 1° de diciembre está previsto el segundo tramo del aumento concedido en tres etapas (el siguiente será en abril de 2018) a Ecogas, en el caso de Córdoba. Se supone que no corre riesgo, pero los números de inflación al cierre del año seguramente le darán (o no) el aval final.
