Energía. Por el atraso salarial, el 60% quedaría dentro del esquema de subsidios

La guerra en Medio Oriente y el impacto en el precio del petróleo cambia todo y pone al Gobierno nacional frente a la disyuntiva de trasladar los mayores costos a las tarifas –y así, frenar e difícil proceso de desinflación– o absorber los mayores costos y erosionar el superávit fiscal. Tendrá que optar por una de dos, o quizá la realidad se encargue de que pasen las dos cosas juntas: es que se estima que casi el 60% de las familias está en condiciones de pedir el subsidio a las tarifas, con lo cual, podría suceder que el Tesoro deba salir a cubrir la diferencia sin poder evitar de todos modos el impacto en el Índice de Precios al Consumidor.

La balanza energética mantiene su racha positiva: en los últimos 12 meses acumula un superávit de U$S 7.908 millones, lo que coloca a la Argentina en una inédita posición de fortaleza frente al conflicto, a diferencia de años recientes, cuando llegó a importar casi 8.500 millones en 2015 o en 2022.

Para este 2026, el Gobierno cambió el esquema de subsidios: dio de baja el famoso Rase que dividió en tres categorías a los usuarios (N1, N2 y N3) y pasó a un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), es decir, se tiene o no se tiene ayuda estatal. Este nuevo esquema tiene (o tenía) como objetivo central seguir bajando el gasto en subsidios energéticos como parte del objetivo macro de mantener el superávit fiscal. En el 2025, los subsidios energéticos se llevarán el 0,65% del PBI y la meta es, en teoría, llevarlos al 0,55 del PBI.

La línea divisoria para contar o no con el auxilio del fisco está en los ingresos que declaren tener las familias: si está por debajo del equivalente a tres Canastas Básicas Totales (hogar tipo dos) que en febrero, según Indec quedó en 1.397.671,83 pesos. Así, el tope para solicitar el subsidio se elevó a 4.193.015,49 a partir de abril. Hasta el 2025 eran 3,5 CBT.

Aunque no hay información fidedigna y reciente sobre los salarios, las proyecciones indican que la canasta total viene subiendo más que los ingresos.

Los últimos datos oficiales de salarios son de octubre. Desde entonces, las tres CBT que funcionan como el tope de subsidio acumuló una suba del 16% y los salarios estarían entre el 7 y el 11%, según el indicador que se mire y, por supuesto, la realidad de cada familia. El registro está abierto de manera permanente: es probable que cada vez más hogares “caigan” del umbral de las tres canastas y estén en condiciones de ingresar al programa.

Si contamos el tope vigente en enero, que es cuando inicia efectivamente el SEF, la canasta estaba en $ 3,77 millones. Para abril será de $ 4,19 millones, lo que arroja un incremento del 11,1%. Un umbral de 4,19 millones de pesos de por sí se presume alto. ¿Cuántos quedarían alcanzados?

Hace unos días, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina publicó la pirámide de ingresos de los argentinos, calculada a octubre del 2025, último dato disponible. Hay un 3% de la población considerada “rica”, con ingresos que superan los $ 30 millones al mes. El resto, está dividido en tres tercios.

Primer tercio. Medios altos (7% de la población, con ingresos de $ 15 millones a $ 30 millones) y medios integrados (20% de los argentinos, de $ 5 millones a $ 15). Es un segmento con acceso estable a bienes públicos de calidad, capacidad de ahorro, inversión en capital humano y redes de oportunidad. Este tercio, con el 3% de élite, es el que queda fuera del subsidio.

Tercio intermedio. Están los sectores medios aspiraciones, 20% de la población, con ingresos de $ 3,5 millones a $ 5 millones a octubre pasado. Este segmento es el que podría “bajar” del umbral y estar en condiciones de solicitar el auxilio del subsidio, dado que aun aplicando proyecciones de aumento salarial (se irían de $ 3,8 a $ 5,4 millones), el grueso quedaría alcanzado por el tope. El hogar medio-bajo vulnerable (20%) percibía a octubre entre $ 2 millones y $ 3,5 millones, seguiría en condiciones de calificar.

Tercio inferior. Son los segmentos bajos no indigentes (20% del total, ingresos de $ 800 mil a $ 2 millones) y los pobres extremos (20%, con ingresos inferiores a los $ 800 mil). Se trata, según la UCA, de la población empleada en trabajos informales, precarios o de subsistencia.

Traducido: el 50% de la población está con certeza incluida dentro del subsidio y es probable que buena parte de la clase media aspiracional, también, con lo que la proyección arroja que el 60% de las familias está incluida dentro de la ayuda.

De todos modos, esa proporción no difiere demasiado de lo que existía con el esquema Rase de Sergio Massa: el 45% de los hogares era N1 y pagaban (casi) el precio pleno de la energía. El “casi” es porque los precios los fija energía de manera trimestral y no reflejaban con exactitud el precio de mercado. El otro 55% tenían algún tipo de subsidios.

Lo que sí cambia ahora es la cantidad de energía barata que se puede consumir y el monto de subsidio que alcanza a esa energía. La estrategia del Gobierno es reducir la demanda, dado que Argentina aún sigue consumiendo muy por encima que la media de países con temperaturas similares.

Originalmente, –en 2022, cuando nace el Rase– los N2 tenían precio subsidiado al 100% sin importar la cantidad consumida y los N3, liberados pero por 400 kwh al mes. En junio del 2024, ya en la gestión de Javier Milei, se acotó la cantidad de energía gratis a los N2, que de libre a bajó a 350 Kwh al mes y a los N3 se los redujo a 250 Kwh mensuales. Tampoco dejó “gratis” ese bloque subsidiado: en los de ingresos bajos (N2) el subsidio cubría 65% de ese bloque de consumo y en los N3, el 50%.

Ahora en el 2026, con los N2 y N3 unificados, volvió a acotar la cantidad subsidiada: será una base de 150 Kwh todos los meses, que se elevó a 300 Kwh en los tres meses de verano y los cinco de frío, de mayo a septiembre. En ese caso, a los N1 son a quienes más les han aplicado el torniquete. Además, el subsidio quedó para todos en el 50%, aunque de manera excepcional el Gobierno dispuso que este año se agregue un 25% adicional en enero, que irá decreciendo dos puntos porcentuales por mes hasta desaparecer en diciembre próximo y quedar en el 50% efectivo.

Para el caso del gas, ya existe una base de m3 liberados según la zona geográfica. Pero antes eso valía para todo el año y ahora será sólo en el invierno, de mayo a septiembre. Estaba previsto que rigiera desde abril, pero el Gobierno lo pasó a mayo para esperar la licitación de los barcos con GNL y resolver cuánto de ese aumento pasará a tarifa. Igual que en el caso de la luz, hay un 25% adicional de subsidio que se aplica todo el año en forma decreciente.

El gasto acumulado en subsidios a la energía fue 1,2 billones de pesos en enero y febrero de este año, un salto real de 140% respecto a 2025. La mitad en transferencias a Cammesa, para atender la brecha entre costos y tarifas (después del ajuste de febrero, ronda 28%) y un cuarto a Enarsa para la compra de gas. “No vemos que el gasto en subsidios se dispare este año, pero será difícil seguir reduciéndolo con los nuevos precios”, sostiene el economista Miguel Kiguel de Econviews.

El año pasado alcanzó con 27 buques para cubrir la demanda, a un costo de U$S 600 millones. Este año se estima que serían necesarios 18-20 buques, pero a casi US$ 700 millones. Si el Gobierno decide absorber la diferencia, equivaldría al 0,07% del PBI. Hay, por otro lado, un efecto positivo sobre las retenciones al petróleo. “El no-convencional (Vaca Muerta) ya pagaba el 8% y un decreto muy oportuno de enero de 2026 estableció que el convencional también pagaría el 8% si el barril superaba 80 dólares”, dice Kiguel. Así, con un aumento de 60% en los precios y cerca de 10% en los volúmenes exportados, el Gobierno podría recaudar casi 300 millones de dólares adicionales sobre las exportaciones petroleras, 0.04% del PBI. “No alcanza para compensar el mayor gasto en subsidios, pero lo morigera”, agrega en su informe semanal.

“Todo va a depender de la política que implemente el Gobierno en el contexto de una guerra no resuelta que afecta al suministro de petróleo en el mundo” considera Jorge Lapeña, especialista en energía. Los consumidores del mundo ya ven afectados los precios de los combustibles, pasajes de avión y transporte en general por los precios de la energía: antes de la guerra el Brent estaba por debajo de los 70 dólares y ahora, por encima de los 110.

¿Qué podría hacer Argentina? “Tiene dos caminos: tomar los precios de pizarra del mundo y con es fijar los de Argentina, lo que traería un grave problema con los consumidores y con los subsidios, lo que le perjudicaría en sus objetivos eh macroeconómicos y metas de inflación o tratar de generar un mercado competitivo y transitorio –quizás poniendo algún tipo de retenciones a las exportaciones– que orienten a la producción petrolera argentina de Vaca Muerta, que en este momento es excedente, a ser volcada al mercado interno y esto generaría quizá una baja de los precios”, sugiere.