La Voz En Vivo. Andrés Gil Domínguez sobre Manuel Adorni: "No tiene forma de justificar su notable incremento patrimonial"

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez se refirió a la situación patrimonial de Manuel Adorni y sostuvo que el funcionario desconoce sus obligaciones como servidor público. Según el abogado, en diálogo con La Voz En Vivo, Adorni tiene la responsabilidad de dar razones sobre su crecimiento económico ante el Congreso y la ciudadanía.

Para Gil Domínguez, existe un problema central: el vocero no puede justificar el incremento de su patrimonio si se lo compara con su situación previa al acceso a la función pública.

Esta falta de argumentos podría fundamentar incluso un pedido de moción de censura o remoción parlamentaria.

El abogado destacó que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito es un proceso sencillo de desvirtuar si el funcionario presenta las pruebas correspondientes. Sin embargo, aclaró que en este tipo penal se produce una "inversión de la carga de la prueba".

Esto significa que es el propio funcionario quien debe demostrar que su incremento patrimonial es lícito y no producto de una irregularidad. "No se presume la inocencia en este punto, sino que el investigado debe justificar su nueva realidad económica", explicó el especialista.

Respecto a las cifras, el constitucionalista mencionó que existen indicios sobre una evolución patrimonial desmedida. "Una persona que ganaba 3 millones de pesos al año y ha tenido un incremento patrimonial de casi 600.000 dólares" ameritaría ya un llamado a declaración indagatoria.

Gil Domínguez cuestionó por qué el fiscal Gerardo Policita aún no ha citado a Adorni a declarar, considerando las pruebas reunidas hasta el momento. Comparó la situación con el estándar utilizado por la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner.

En aquel caso, se validó una condena basada en "prueba indiciaria indirecta". Según el abogado, si ese mismo estándar se aplicara a Adorni, ya existirían razones fundadas para su indagatoria inmediata.

Es posible que la fiscalía esté buscando sumar un mayor volumen de pruebas para hacer más sustancioso el pedido. No obstante, el abogado insistió en que el retraso es llamativo dada la contundencia de los elementos que trascienden en los medios.

Otro punto crítico en la causa son los chats filtrados con Matías Tabar, el contratista que realizó remodelaciones en la propiedad de Adorni en Exaltación de la Cruz. En esos mensajes, el funcionario habría intentado influir en el testimonio del constructor.

Según la fuente, Adorni le ofreció a Tabar el contacto de su abogado para "darle una mano" antes de su declaración. El testigo, sin embargo, rechazó la propuesta y manifestó su intención de decir toda la verdad ante la justicia.

Gil Domínguez calificó este accionar como un "intento de coacción indirecta sobre un testigo importante". Este comportamiento es interpretado como una maniobra para entorpecer el proceso judicial y evitar que se conozcan detalles de las obras en su vivienda.

Sobre la protección legal del funcionario, el constitucionalista aclaró que Adorni no posee fueros parlamentarios, sino una "inmunidad legal de arresto". Esta protección responde a que su cargo es susceptible de ser removido mediante juicio político.

Esta inmunidad impide que sea detenido mientras dure en sus funciones, a menos que sea destituido o el Presidente decida apartarlo. Por este motivo, el abogado sugiere que su permanencia en el cargo podría ser una estrategia de protección frente a un pedido de prisión preventiva.

"Si se queda a la intemperie, es susceptible de ser retenido frente a una indagatoria", señaló Gil Domínguez. Además, mencionó que el cargo de Jefe de Gabinete fue creado constitucionalmente para ser un "fusible" de crisis, función que no se estaría cumpliendo actualmente.

En cuanto a la posibilidad de que el Congreso intervenga, el abogado explicó que la moción de censura requiere de mayorías agravadas. Se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de una cámara para presentarla.

Para concretar la remoción, se requiere el apoyo de la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Gil Domínguez sostuvo que, de ser removido, el funcionario no debería ser designado nuevamente hasta una nueva composición electoral.

Finalmente, el especialista enfatizó que dar explicaciones no obstruye el debido proceso, sino que, por el contrario, ayudaría a la defensa del propio Adorni si tuviera razones plausibles para su enriquecimiento.