Allá fiscales presionados, acá fiscales distraídos

El caso del fiscal Alberto Nisman es tan extremo como la muerte misma. Pero está a la vista que no son pocos los miembros del Poder Judicial que sienten la presión creciente del kirchnerismo: la inédita decisión de convocar a la sociedad a manifestarse por la independencia de la Justicia habla de un conflicto de proporciones entre dos poderes que -si funcionan como deben funcionar- naturalmente tienen tensiones. El controvertido desempeño de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General; el ascenso de Justicia Legítima como nuevo paradigma oficialista del pensamiento jurídico argentino; el polémico avance hacia la modificación del Código Penal; el fallido intento de designar fiscales a dedo y hasta disputas presupuestarias con la Corte Suprema de Justicia sentaron las bases de un conflicto profundo que finalmente estalló. Los fiscales federales porteños -los cordobeses en algunos casos no parecen enterados y en otros, militan en contra de la convocatoria- buscan respaldo popular ante las presiones del Gobierno. Y también está claro que el kirchnerismo siente en carne propia la presión de la Justicia. La Presidenta tiene pedido de indagatoria en la denuncia presentada por Nisman cuatro días antes de morir, pero además tiene sobre sí y su familia la causa Hotesur, que lleva adelante Claudio Bonadío, quien resistió el intento oficial de apartarlo y días atrás denunció amenazas de muerte. El vicepresidente Amado Boudou tiene dos procesamientos, está por afrontar un juicio público y carga con decenas de causas judiciales en su contra, entre ellas la del intento por apropiarse de Ciccone y transformarse en proveedor de billetes.Lázaro Báez, el empresario que más se enriqueció durante el kirchnerismo, será indagado el 13 de marzo. Está involucrado en una causa de lavado de dinero que apunta a la familia Kirchner, y en cinco juzgados federales crecen expedientes por corrupción contra funcionarios de alto rango. Esas causas no justifican el escenario bélico en que se encuentran el Gobierno nacional y la Justicia federal. Pero permiten entenderlo.Al mismo tiempo, hacen inevitable la comparación con el escenario apacible, casi bucólico, que muestra la Justicia cordobesa en su relación con el poder provincial. En Córdoba no existe tensión alguna. El gobernador José Manuel de la Sota explicó la semana pasada que hay independencia porque "en Córdoba la política está lejos del Poder Judicial". Tan lejos está que casi no hay causas que comprometan a funcionarios –casi siempre se archivan mucho antes de llegar a preocupar al Gobierno– y muchas veces parece que ni siquiera hay fiscales. O que son demasiado distraídos. El caso extremo es el del Fuero en lo Penal Económico y Anticorrupción. Creado durante la gestión de Unión por Córdoba, las dos fiscalías que lo integran parecen ser el camino directo al archivo o el sobreseimiento: todas las denuncias por delitos vinculados a la función pública y la administración del Estado van a esas fiscalías, pero nunca hubo ningún funcionario condenado. Ni siquiera hubo procesados y las imputaciones fueron excepcionales. A tal punto parecen resueltas las tensiones en la Justicia cordobesa que en los últimos años hasta pudo percibirse una velada pulseada entre los fiscales provinciales y los federales -con Enrique Senestrari a la cabeza-, más propensos a dar curso a denuncias que molestan al delasotismo. Es en el fuero federal donde avanzaron causas como las de "narcopolicías" o donde se ventilan las consecuencias judiciales de los comprometedores videos del exdirectivo de la empresa Kolektor Hermann Karsten. En cambio, nada de todo eso alteró, jamás, la imperturbable calma de la Justicia provincial.