Ahora, los procesados podrán ser contratistas de la Provincia
La Unicameral removió una limitante en contrario que había fijado hace sólo 15 días. UPC dijo defender el principio de inocencia. La oposición en conjunto votó en contra y demandó más normas de transparencia.
En un decisión no exenta de polémica, Unión por Córdoba (UPC) dio marcha atrás parcialmente en una modificación que había aprobado hace muy poco a la Ley de Obras Públicas y reabrió la posibilidad de que procesados por la Justicia puedan presentarse sin problemas a licitaciones y ser contratistas de la Provincia.Esa modificación se aprobó en la sesión de ayer de la Unicameral, con el voto del oficialismo, que invocó la necesidad de resguardar el principio de inocencia de todo ciudadano. Fue rechazada por la oposición, que reclamó fijar principios de transparencia para el manejo de los fondos públicos.El proyecto en cuestión fue impulsado por los legisladores Oscar González y Carlos Gutiérrez, pese a que hace tan sólo dos semanas atrás se había aprobado, también a instancias de UPC, un proyecto de contenido contrario.En efecto, el 14 de diciembre la Legislatura convirtió en ley un proyecto que introducía modificaciones a 24 artículos de la ley N° 8.614, de Obras Públicas.Uno de esos artículos establecía expresamente las limitaciones para contratar con el Estado provincial a los procesados y a los condenados por delitos contra la propiedad, la administración pública, por lavado de activos o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra al Corrupción. Se trató de un proyecto consensuado, a partir de iniciativas similares de oficialismo y oposición.Pero ayer todo cambió: la limitante para ser contratista se restringió sólo a los condenados, pero se habilitó a los procesados. Sandra Trigo (UPC) argumentó que la condición de procesado no supone culpabilidad alguna hasta tanto haya una sentencia definitiva, y que en consecuencia debía primar el principio constitucional de inocencia."No existe, aun sobre un procesado, la certeza efectiva de que hubiera cometido un hecho punible, y eso lo distingue de un condenado, contra quien pesa una sentencia que declara su efectiva culpabilidad", insitió.Desde la oposición, Juan Pablo Quinteros (Juntos por Córdoba) descartó que negar la condición de contratistas a procesados sea inconstitucional y defendió la prerrogativa del Estado de fijar estándares de transparencia."Resulta que para ingresar como empleado público a la Provincia o para tener licencia de taxi en la Municipalidad te vetan si tenés antecedentes, pero si sos empresario y estás procesado por corrupción, igual podés contratar por millones con el Estado. Si defienden el principio de inocencia, extiéndanlo a todos, no sólo a los poderosos", le reclamó al oficialismo.Desde UPC intentaron explicar la desprolijidad de corregir el texto de una ley sólo 15 días después de aprobada, en "un error" que fue detectado y asumido tarde.Quinteros replicó que el proyecto estuvo en debate cinco meses, ante lo cual cabrían –a su juicio– dos alternativas: "O no lo leyeron nunca, o se dieron cuenta de que la prohibición que ponían era inconveniente para sus intereses".
Sombra de Odebrecht. Opositores le enrostraron al oficialismo que si la limitante para procesados (derogada ayer) hubiera estado vigente, "Odebrecht nunca podría haber sido contratista para los gasoductos provinciales".
